Apenas quedan tres semanas para que se celebren elecciones generales en España. En un momento de grave deterioro de la economía española y de alarmante cuestionamiento de la clase política, en las próximas elecciones está en juego la recuperación de la senda de progreso y crecimiento de la que tanto han alejado nuestro país en los últimos años la ineficaz gestión del PSOE.

Los españoles tienen la responsabilidad de decidir el equipo de personas y el programa de gobierno que deberá sacar a España de esta situación de crisis; de elegir entre dos modelos diferentes.

Por una parte, el Partido Socialista que, tras dos legislaturas de calamitosos resultados por todos conocidos, acaba de desvelar su lema de campaña. Y es toda una declaración de intenciones: PELEA. El PSOE de Rubalcaba, el de la crispación como manera de gobernar, el responsable de los cinco millones de parados, de la tasa de paro juvenil más alta de la UE, de la negación de la crisis, de la congelación de las pensiones y la rebaja de los salarios, de la destrucción de las ilusiones de muchos españoles nos ofrece la “pelea” como única solución para los próximos años. Es decir, para crear empleo, disputa; para salir de la crisis, enfrentamiento; o como reconoció su todavía secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, para ganar las elecciones, tensión y dramatismo.

Frente a esto, el Partido Popular ofrece una fórmula de eficacia probada, de ideas y medidas que ya sacaron a nuestro país de la crisis e hicieron que diera un salto cuantitativo y cualitativo entre 1996 y 2004. Nada de experimentos porque se trata de lo que ya funcionó, lo que funciona legislatura tras legislatura en la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, o lo que aplican otros presidentes autonómicos del Partido Popular allá donde gobiernan: confianza, austeridad y eficacia, con el ciudadano en el centro de sus políticas.

Para que España vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en Europa, es necesario un Gobierno formado por personas sensatas, honestas y preparadas. Responsables competentes en las administraciones, como aquellos que hicieron del país la envidia de Europa, y no como quienes nos han colocado en el furgón de cola.

Yo quiero una España próspera donde los ciudadanos trabajen y paguen sus impuestos, donde los emprendedores creen empleo y dinamicen la economía. Quiero un país con gobernantes que gobiernen y no pospongan la toma de decisiones hasta lo irresponsable, en el que las gasolineras se utilicen para repostar y no para celebrar siniestras reuniones.

España merece una oportunidad para demostrar que es capaz de volver a estar a la cabeza del desarrollo económico. Por desgracia, ha sido mucho el tiempo perdido, pero ha llegado la hora de apostar por políticas eficaces. Y la experiencia nos demuestra que sólo el Partido Popular es capaz de impulsar una recuperación de la crisis que, no será fácil, pero terminará en éxito, traducido en progreso y bienestar para los españoles.

El Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero sin duda pasará a la historia por manirroto y derrochador.  Apoyado en la tesis de una ministra socialista  que  afirmaba que “el dinero público no es de nadie”, este Ejecutivo se ha endeudado de manera irresponsable, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago de difícil cumplimiento y olvidando que el rigor en las cuentas públicas no debería ser patrimonio de ninguna opción política, sino un compromiso asumido por todos.

En un momento como el actual, de gran incertidumbre económica, España necesita un plus de credibilidad ante las instituciones europeas,  que han acogido con satisfacción la reforma de nuestra Carta Magna. Sin duda el consenso conseguido entre los grandes partidos políticos contribuye a ello, pues el nuevo texto constitucional establecerá, entre otras cosas, que todas las Administraciones estén obligadas a respetar el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las Comunidades Autónomas no puedan incurrir en déficit estructural superior al establecido por la Unión Europea y que los Ayuntamientos deban presentar un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas.

Hoy más que nunca las administraciones públicas tienen que hacer de la austeridad una obligación política. Ello es especialmente necesario por la errática gestión del Gobierno socialista, que nos ha llevado a una situación donde la credibilidad de la economía española está bajo mínimos. Una coyuntura en la que incluso puede estar en riesgo la prestación de servicios esenciales en nuestro estado del bienestar, pues resulta imposible llevar a cabo políticas sociales sin tener los recursos suficientes para mantenerlas.

Dentro del proceso de rectificación acelerada a que se ha visto obligado el Ejecutivo, el candidato Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse  a regañadientes a una reforma constitucional en la que no cree. Estos días las hemerotecas nos han recordado con gran bochorno cómo se mofaron el entonces vicepresidente y otros miembros del PSOE y del Gobierno socialista, del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando hace más de un año propuso la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria.

En un nuevo ejercicio de malabarismo político ahora dice Rubalcaba que “endeudarse no es de izquierdas” cuando, si por algo se ha caracterizado este Gobierno es precisamente por habernos empeñado hasta las cejas. Si en el mes de mayo de 2010 se hubieran hecho las reformas necesarias probablemente la situación de España hoy sería muy diferente. Pero el Gobierno socialista decidió mirar hacia otro lado y adoptar medidas cosméticas, sin abordar ninguna de las reformas estructurales que la gravedad de nuestra situación requería. Ni se reformó el sistema laboral, ni tampoco el financiero, ni se acometió la necesaria modificación de la Administración Pública. El Gobierno se limitó a congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y acometer el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia.

Con la misma parsimonia con que negó la crisis durante dos años, Zapatero ha estado esperando impasible, confiado en que la recuperación vendría de fuera, hasta que la intervención de facto de la economía española por parte del Banco Central Europeo le ha hecho tocar tierra de manera muy traumática.

La reforma de la Constitución es un primer paso necesario para afianzar la credibilidad de España ante las instituciones europeas y los mercados, muy mermada desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto (la llamada “ley de déficit cero”) establecidos por el Ejecutivo de José María Aznar. Sin duda esta medida tiene que ir seguida de otras en la misma dirección.

Como asignatura pendiente queda la aprobación de una ley orgánica que determine el déficit estructural máximo del Estado y las autonomías, dentro del margen de déficit europeo y en un principio de estabilidad presupuestaria, que ponga coto al gasto de los ayuntamientos,  comunidades autónomas y de la propia Administración del Estado. La exigencia de consenso y responsabilidad política no acaba con la modificación de nuestra Carta Magna, pero sin duda es un buen punto de inicio y  confirma aquello de que algunos sólo aciertan cuando rectifican.

Aunque no debería ser así, que en campaña electoral vale casi todo no es ninguna novedad. Lo que sí resulta una desagradable primicia es que se utilice la muerte para tratar de conseguir ventaja electoral, tal como ha hecho Amparo Valcarce, número dos en la candidatura socialista a la Asamblea de Madrid.

Valcarce critica al Gobierno de Esperanza Aguirre diciendo que en Madrid ha habido “79  personas que han muerto esperando los recursos de la Ley de Dependencia”. Olvida la dirigente socialista que el 60% de las personas dependientes que todavía no reciben asistencia viven precisamente en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

Madrid lidera la atención a dependientes, con 9 puntos por encima de la media nacional. La Comunidad atiende diariamente a 70.000 personas dependientes y otros 16.000 reciben prestaciones económicas. Además, nuestra región es la que cuenta con más plazas residenciales y centros de día.

El Gobierno de Zapatero presume de Ley de Dependencia, pero no aporta fondos para aplicarla. Y es la Comunidad de Madrid quién asume el 76% del coste de atención de cada persona dependiente. Valcarce lo sabe porque fue impulsora de la Ley desde la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.

Resulta lamentable la macabra utilización que los socialistas madrileños hacen de las desgracias ajenas. A eso se le llama “ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”.

Dice Zapatero que se marcha para que el PP no le culpe a él de todos los problemas. Insensata reflexión del todavía presidente del Gobierno que, hasta el final del mandato, está obligado a asumir íntegramente la responsabilidad de su desastrosa gestión.

Sin duda alguna, José Luis Rodríguez Zapatero piensa que su renuncia lo exime de someterse a ninguna clase de juicio político. Pretende huir de las complicaciones, sin dar cuentas de nada, y dejarle a otro el “marron” de su pésimo mandato. Quiere seguir en el Gobierno, pero sin ninguna responsabilidad.

Lo cierto es que para la mayoría de los ciudadanos nada ha cambiado porque la situación sigue siendo la misma: cada vez hay más desempleados, padecemos una grave crisis económica, los sueldos son menores y los precios se han disparado. Esta es la realidad, por mucho que los dirigentes socialistas se empeñen en negarla.

En medio de todo esto, el anuncio de Zapatero supone un año de interinidad en la Presidencia del Gobierno, justo en el peor momento, cuando la crisis nos ataca con toda su virulencia. Como herencia envenenada deja un país al borde de la quiebra, desestructurado, con casi cinco millones de parados y muy negras perspectivas de recuperación.

Y es que el presidente Zapatero ha conseguido, como decía el príncipe de Salina en el Gatopardo de Lampedusa, “que todo cambie para que todo siga igual”

El presidente Zapatero ha decidido dar la espalda a los parados y confraternizar con los poderosos: un selecto grupo de 40 banqueros y empresarios, con quienes volvió a reunirse el pasado sábado en La Moncloa.
Sin duda, Rodríguez Zapatero ha intentado lavar su deteriorada imagen pública vendiendo a Europa un supuesto respaldo empresarial. Una mera operación cosmética de un presidente incapaz de sacarnos de una crisis económica que no quiso reconocer ni supo prever y responsable de la más elevada tasa de desempleo y de los mayores recortes sociales de la historia de nuestra democracia.

Más allá de la foto, la realidad es que, mientras Europa sale de la crisis, España tiene casi cinco millones de parados, un déficit de 99.000 millones de euros, 637.000 millones de deuda y una tasa de paro del 20% que, en el caso de los jóvenes, alcanza el 43%. Desde que comenzó la crisis, 176.000 PYMES han cerrado y 300.000 autónomos se han dado de baja en la Seguridad Social.

Y mientras Zapatero posa sonriente, Rajoy se reúne con autónomos y PYMES, responsables de crear el 80% del empleo y grandes olvidados por este Gobierno. Y es que sólo aplicando medidas como demorar el pago del IVA hasta el cobro de las facturas, adaptar la tributación por módulos a la actual crisis o permitir la compensación de las deudas tributarias, comenzará la necesaria recuperación económica