El Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero sin duda pasará a la historia por manirroto y derrochador.  Apoyado en la tesis de una ministra socialista  que  afirmaba que “el dinero público no es de nadie”, este Ejecutivo se ha endeudado de manera irresponsable, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago de difícil cumplimiento y olvidando que el rigor en las cuentas públicas no debería ser patrimonio de ninguna opción política, sino un compromiso asumido por todos.

En un momento como el actual, de gran incertidumbre económica, España necesita un plus de credibilidad ante las instituciones europeas,  que han acogido con satisfacción la reforma de nuestra Carta Magna. Sin duda el consenso conseguido entre los grandes partidos políticos contribuye a ello, pues el nuevo texto constitucional establecerá, entre otras cosas, que todas las Administraciones estén obligadas a respetar el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las Comunidades Autónomas no puedan incurrir en déficit estructural superior al establecido por la Unión Europea y que los Ayuntamientos deban presentar un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas.

Hoy más que nunca las administraciones públicas tienen que hacer de la austeridad una obligación política. Ello es especialmente necesario por la errática gestión del Gobierno socialista, que nos ha llevado a una situación donde la credibilidad de la economía española está bajo mínimos. Una coyuntura en la que incluso puede estar en riesgo la prestación de servicios esenciales en nuestro estado del bienestar, pues resulta imposible llevar a cabo políticas sociales sin tener los recursos suficientes para mantenerlas.

Dentro del proceso de rectificación acelerada a que se ha visto obligado el Ejecutivo, el candidato Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse  a regañadientes a una reforma constitucional en la que no cree. Estos días las hemerotecas nos han recordado con gran bochorno cómo se mofaron el entonces vicepresidente y otros miembros del PSOE y del Gobierno socialista, del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando hace más de un año propuso la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria.

En un nuevo ejercicio de malabarismo político ahora dice Rubalcaba que “endeudarse no es de izquierdas” cuando, si por algo se ha caracterizado este Gobierno es precisamente por habernos empeñado hasta las cejas. Si en el mes de mayo de 2010 se hubieran hecho las reformas necesarias probablemente la situación de España hoy sería muy diferente. Pero el Gobierno socialista decidió mirar hacia otro lado y adoptar medidas cosméticas, sin abordar ninguna de las reformas estructurales que la gravedad de nuestra situación requería. Ni se reformó el sistema laboral, ni tampoco el financiero, ni se acometió la necesaria modificación de la Administración Pública. El Gobierno se limitó a congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y acometer el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia.

Con la misma parsimonia con que negó la crisis durante dos años, Zapatero ha estado esperando impasible, confiado en que la recuperación vendría de fuera, hasta que la intervención de facto de la economía española por parte del Banco Central Europeo le ha hecho tocar tierra de manera muy traumática.

La reforma de la Constitución es un primer paso necesario para afianzar la credibilidad de España ante las instituciones europeas y los mercados, muy mermada desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto (la llamada “ley de déficit cero”) establecidos por el Ejecutivo de José María Aznar. Sin duda esta medida tiene que ir seguida de otras en la misma dirección.

Como asignatura pendiente queda la aprobación de una ley orgánica que determine el déficit estructural máximo del Estado y las autonomías, dentro del margen de déficit europeo y en un principio de estabilidad presupuestaria, que ponga coto al gasto de los ayuntamientos,  comunidades autónomas y de la propia Administración del Estado. La exigencia de consenso y responsabilidad política no acaba con la modificación de nuestra Carta Magna, pero sin duda es un buen punto de inicio y  confirma aquello de que algunos sólo aciertan cuando rectifican.

Los sindicatos han perdido buena parte de la confianza que los trabajadores tenían en ellos a base de asistir impasibles al deterioro de las condiciones laborales y a una continua sangría de desempleados que ha convertido a nuestro país en campeón del paro en la Unión Europea. España no está para paros masivos ni movilizaciones convocadas por unas organizaciones discutidas y carentes de verdadero apoyo social. Por ello no es difícil prever el estrepitoso fracaso de la jornada de huelga del próximo día 29 de Septiembre.

Durante los últimos años UGT y CCOO han sido excesivamente complacientes con el Gobierno de Zapatero. A lo largo de la actual Legislatura las centrales sindicales han compartido incondicionalmente todas las medidas económicas adoptadas por el ejecutivo socialista, sirviendo de soporte a su fracasada política económica. El sindicalismo tradicional ha mutado en una suerte de “sindicalismo político” basado exclusivamente en la afinidad ideológica y en la búsqueda de parcelas de poder ejecutivo, cuestiones que nada tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Ahora ponen todas sus esperanzas en la huelga como quien se agarra a un clavo ardiendo. No es el momento, ellos lo saben, pero no han encontrado mejor forma de justificar la razón de su existencia, una vez despejados del letargo de buenas palabras y sonrisas del presidente Zapatero que, mientras les daba una mano y casi los metía en su Gobierno, con la otra arrastraba a España a una debacle económica.

Han despertado, por fin, con la única certeza de haber faltado a su deber. Se han encontrado con unos trabajadores y parados que ya no creen en ellos. Si han estado ausentes desde el inicio de la crisis, ¿por qué habrían de confiar ahora en ellos? La huelga general del 29 de septiembre se ha convertido en una reválida para los liderazgos de Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo y sin duda va a suponer un antes y un después en la credibilidad y el papel de los sindicatos a quienes, estoy convencida, les costará años recuperar la confianza perdida.

Llama poderosamente la atención que esta importantísima Ley se haya aprobado únicamente con los votos del cada vez más sólo Partido socialista. El moribundo Gobierno de Rodríguez Zapatero ha obtenido una victoria pírrica, al ser incapaz de conseguir que ningún grupo político de todo el arco parlamentario apoyara su propuesta.

Doble fracaso de Zapatero, que siempre dijo que cualquier reforma del mercado laboral se pactaría previamente con los agentes sociales. Ni acuerdo social ni consenso parlamentario. De las cerca de 600 enmiendas presentadas, el PSOE apenas ha admitido 70, rechazando incluso todas las modificaciones aprobadas por el Senado. Se ve que lo del talante quedó olvidado en la noche de los tiempos.

Sin ninguna duda el principal problema de España es el desempleo, con más de cuatro millones y medio de parados y un millón y medio de familias que tienen a todos sus miembros en paro. Por ello es imprescindible abordar una reforma del mercado del trabajo que estimule la contratación y genere confianza. La reforma de Zapatero, lejos de ofrecer mejores condiciones para la contratación y estabilidad en el empleo, se limita a abaratar los despidos.

La reforma del paradójicamente denominado Partido Socialista Obrero Español es inaceptable básicamente porque deja tres aspectos clave sin atender: en primer lugar no se facilita la contratación, en un momento en que en España hay cinco millones de parados. En segundo lugar esta reforma hace que el despido sea más fácil que modificar las condiciones de trabajo, dejando de lado la necesaria reforma de la negociación colectiva. En tercer lugar se olvida de la eterna asignatura pendiente: la formación y promoción profesional adecuada a las necesidades de las empresas, que nos permita competir en condiciones de igualdad.

Claro que ahora Zapatero quiere convencer a Europa de que los parados que reciben formación no son desempleados, porque “trabajan para España”. Cruel desatino de un Presidente que parece haber perdido definitivamente el rumbo.  

El PSOE ha perdido la oportunidad de hacer frente de manera rigurosa a los problemas de un mercado de trabajo excesivamente rígido, adoptando medidas ambiciosas que ayuden a lograr el objetivo fundamental de crear empleo y que nos sitúen en condiciones para competir.

Esta reforma laboral ha sido rechazada por todos: sindicatos, empresarios, expertos y todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. La única virtud de la reforma laboral es que ha sido capaz de aunar voluntades, tiene la rara cualidad de no contentar a nadie. Una vez más asistimos a una nueva improvisación de Zapatero, incapaz de sacar a España de la crisis.

Nuestro “líder planetario” inició la Presidencia de turno lanzando algunas propuestas que rápidamente se vio obligado a rectificar. Pura improvisación. Así, por ejemplo, Rodríguez Zapatero propuso sanciones para aquellos países que no trabajaran lo suficiente en favor del crecimiento económico y la competitividad. La protesta de Alemania fue inmediata e hizo que muchos españoles pasáramos auténtico bochorno al ver a Angela Merkel abroncando a Zapatero y recordando que España, con su profunda recesión y uno de los niveles de desempleo más altos de la UE (casi el 20 por ciento), no era precisamente el país más adecuado para plantear la cuestión. El objetivo de la Presidencia española era liderar la salida de la crisis, aunque si algo ha liderado nuestro país en estos últimos meses ha sido precisamente la destrucción de empleo y la mala gestión económica.

Para un Zapatero que sin duda pretendía rentabilizar los seis meses en términos de imagen, el golpe más duro debió ser el plantón de Obama. La cumbre UE-Estados Unidos prometía ser una oportunidad de oro para impulsar la popularidad en declive del jefe del Ejecutivo español. El tan esperado “acontecimiento histórico planetario” vaticinado por la impagable aunque muy bien retribuida Leire Pajín se convirtió en la “decepción estelar” de un presidente que, desde entonces, ya no levanta cabeza. Descompuesto y sin “novia” se quedó Zapatero.

Y es que, si por algo se ha caracterizado el semestre de Zapatero, es por la mediocridad de un mandato gris, deslucido, marcado por la situación crítica de la economía española, donde el incontrolable déficit público y el creciente desempleo han dañado seriamente la credibilidad del presidente de turno. Rodríguez Zapatero ha sido un presidente anodino, ausente en las decisiones importantes que, durante este semestre, se han tomado en Europa.

Pero si Zapatero comenzó con mal pie, ha terminado sin pena ni gloria. Seis meses después, el supuesto salvavidas se ha convertido en un pesado lastre que nos ha costado a los españoles medio millón de euros diarios. Menos mal que el fiasco europeo sólo ha durado 180 días. Lo dicho: muy caro, pero sin pena ni gloria.

Hace algunas semanas, la abogada general del tribunal de justicia de la Unión Europea emitió un dictamen en el cual se determinaba que el “canon digital” que se aplica en España desde Junio de 2008 es ilegal. A pesar de que la opinión de la abogada general no es vinculante, lo normal es que los magistrados del Tribunal de Justicia de Luxemburgo la tengan muy en cuenta, puesto que su misión es precisamente proponer soluciones jurídicas a los litigios planteados.

El informe de Verica Trstenjak surge por la petición de la Audiencia Provincial de Barcelona al tribunal europeo, como consecuencia de un pleito surgido entre la empresa de aparatos audiovisuales PADAWAN y la Sociedad General de Autores (SGAE), en aplicación de la actual legislación española, que grava todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital con un canon por copia privada, abonado a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

La abogada general europea ha dictaminado que el sistema de recaudación de los derechos de autor utilizado en España es indiscriminado y vulnera la normativa europea. Considera que es desproporcionado gravar todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital indiscriminadamente con un canon por copia privada, sin tener la certeza de si éstos se van a utilizar para copiar obras protegidas por derechos de autor. Aunque la abogada general no cree ilegal la existencia de un gravamen para la copia privada, establece que “un sistema como el español, que prevé la aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital no es compatible con la normativa de la Unión Europea”.

No pretendo cuestionar en modo alguno el legítimo derecho de los autores a cobrar los derechos que generan la copia de sus obras protegidas, pero el canon digital actual es injusto, arbitrario e indiscriminado. La legislación vigente hace que en España los ciudadanos seamos tratados como si fueramos a utilizar cualquier soporte digital para copiar obras protegidas por derechos de autor, cuando lo lógico sería que este tipo de tasa sólo se aplicara a los equipos y materiales de reproducción digital que se destinen fehacientemente a la realización de copias privadas. Resulta absolutamente injusto que se esté cobrando indiscriminadamente a empresas y particulares,  que utilizan los aparatos y soportes en su actividad profesional diaria, destinándolos a finalidades diferentes a la copia privada.

A expensas de la sentencia del tribunal de Luxemburgo, lo cierto es que el informe de la abogada general supone un serio contratiempo para el Gobierno y específicamente para la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, indiscutible protectora de la SGAE y defensora de la insólita teoría de que “si el canon sube los precios, es por culpa de los fabricantes”.

Aunque el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible ya recomendaba al Gobierno optar por un sistema de canon que no presuponga que cada soporte grabable va a ser usado para copiar material protegido, si finalmente la justicia europea determinara que el canon digital español no se ajusta a la legislación comunitaria, el Gobierno de Rodríguez Zapatero debería tomar buena nota y suprimir este injusto gravamen.

Confío en que estemos asistiendo al principio del fin del abuso sistemático con que la SGAE, amparándose en la legislación vigente,  castiga a los ciudadanos españoles.