Los sindicatos han perdido buena parte de la confianza que los trabajadores tenían en ellos a base de asistir impasibles al deterioro de las condiciones laborales y a una continua sangría de desempleados que ha convertido a nuestro país en campeón del paro en la Unión Europea. España no está para paros masivos ni movilizaciones convocadas por unas organizaciones discutidas y carentes de verdadero apoyo social. Por ello no es difícil prever el estrepitoso fracaso de la jornada de huelga del próximo día 29 de Septiembre.

Durante los últimos años UGT y CCOO han sido excesivamente complacientes con el Gobierno de Zapatero. A lo largo de la actual Legislatura las centrales sindicales han compartido incondicionalmente todas las medidas económicas adoptadas por el ejecutivo socialista, sirviendo de soporte a su fracasada política económica. El sindicalismo tradicional ha mutado en una suerte de “sindicalismo político” basado exclusivamente en la afinidad ideológica y en la búsqueda de parcelas de poder ejecutivo, cuestiones que nada tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Ahora ponen todas sus esperanzas en la huelga como quien se agarra a un clavo ardiendo. No es el momento, ellos lo saben, pero no han encontrado mejor forma de justificar la razón de su existencia, una vez despejados del letargo de buenas palabras y sonrisas del presidente Zapatero que, mientras les daba una mano y casi los metía en su Gobierno, con la otra arrastraba a España a una debacle económica.

Han despertado, por fin, con la única certeza de haber faltado a su deber. Se han encontrado con unos trabajadores y parados que ya no creen en ellos. Si han estado ausentes desde el inicio de la crisis, ¿por qué habrían de confiar ahora en ellos? La huelga general del 29 de septiembre se ha convertido en una reválida para los liderazgos de Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo y sin duda va a suponer un antes y un después en la credibilidad y el papel de los sindicatos a quienes, estoy convencida, les costará años recuperar la confianza perdida.

Son muchos quienes diariamente se encargan de criticar la supuestamente escasa disposición al diálogo de Esperanza Aguirre y su falta de capacidad para adoptar acuerdos políticos y sociales con otras organizaciones. Sin embargo ha sido precisamente su Gobierno el único que, hasta la fecha, ha conseguido llegar a un gran pacto con todos los agentes sociales en la Comunidad de Madrid.

Hace apenas unas semanas la jefa del Ejecutivo madrileño, el presidente de la patronal CEIM-CEOE y los secretarios generales autonómicos de CC.OO y de UGT, firmaban el denominado “Acuerdo para la Competitividad, la Generación de Empleo y la Concertación Social en la región”, que sin duda va a ser un instrumento decisivo para reactivar la economía madrileña, impulsando la competitividad y la innovación de todos sus sectores.

En la actual situación de crisis, el diálogo social es imprescindible para estimular la actividad económica, generar confianza en la sociedad y posibilitar la creación de empleo. Por ello, creo que el paso dado en Madrid adquiere una especial relevancia, pues supone que empresarios, trabajadores y Gobierno de la Comunidad sumen esfuerzos para llegar a acuerdos, por encima de dogmatismos o discrepancias ideológicas que garanticen un adecuado clima de diálogo y estabilidad social, sin el cual no sería posible avanzar hacia un modelo productivo más eficiente que nos ayude a salir de la recesión.

Este importante acuerdo busca poner en marcha mecanismos que permitan reactivar la economía madrileña, mejorando su competitividad y propiciando la generación de empleo en sectores económicos estratégicos como la industria, que sólo en 2008 fue responsable del 10,39 por ciento de los puestos de trabajo creados, y la investigación. El convenio contempla dos grandes ejes de actuación, que se concretan en el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid y el Plan Regional de I+D+i 2009-2012, dotados con 892 y 3.000 millones de euros respectivamente; 3.892 millones de euros, que irán destinados íntegramente a fomentar la industria y consolidar la I+D+i en nuestra Región.

Concretamente, el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid (FICAM) tiene como objetivos mejorar la competitividad industrial, mantener y potenciar el número de empresas industriales existentes en Madrid y reforzar el entorno competitivo que promueva la permanencia de las industrias ya instaladas. Asimismo, busca atraer a nuestra Región nuevas inversiones industriales en actividades de alto contenido tecnológico e incentivar la demanda de bienes y servicios industriales.

Por su parte, el Plan Regional de I+D+i (PRIDI) pretende avanzar en la competitividad de la Comunidad de Madrid, impulsando la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica madrileña. El PRIDI va a ser sin duda un instrumento esencial para consolidar nuestra posición internacional en I+D+i y permitirá la creación de 80.000 nuevos empleos (30.000 directos y 50.000 indirectos) hasta 2012. El Plan, además de impulsar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como elemento clave para una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos, supone también el apoyo a la investigación realizada por las universidades y los centros de investigación a través de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, en áreas estratégicas como la salud, la energía, las comunicaciones o el agua. De esta manera, Madrid se situará a la cabeza en el desarrollo de ciencia y tecnologías punteras e internacionalmente competitivas.

Con la firma de este pacto, la Comunidad de Madrid  ha vuelto a ser pionera en el diálogo y la concertación social. Espero sinceramente que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero tome buena nota de las dotes negociadoras de la presidenta del Partido Popular de Madrid y, en las próximas semanas, tire de talante para intentar llegar a acuerdos parecidos con las fuerzas sociales, en un momento en que la economía española se encuentra dramáticamente estancada en la recesión.

Son los mismos sindicatos que hace algunas semanas mandaron a “su puta casa” a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y destacado dirigente socialista, por haber cometido el imperdonable error de pedir en sede parlamentaria una reforma estructural del mercado laboral necesaria para la recuperación económica en España.

En una situación en la que España lidera  la destrucción de empleo en la Unión Europea, no hay mayor violación de los derechos de los trabajadores que no tener trabajo. Por ello resulta sorprendente que los sindicatos, en vez de manifestarse contra el Gobierno para protestar contra su incapacidad para paliar la crisis, crear las condiciones para favorecer el empleo y frenar el paro, lo hagan contra los empresarios, que son quienes crean puestos de trabajo. Es incomprensible que con cuatro millones de parados ni UGT ni CCOO hayan abierto la boca y, sin embargo, ahora salgan a la calle para manifestarse en contra de los empresarios. Si un Gobierno del Partido Popular ofreciera a los ciudadanos una tasa de paro que dobla la media de la Unión Europea y va camino de los cinco millones de personas, no me cabe ninguna duda de que los dirigentes sindicales organizarían protestas diarias en su contra frente a La Moncloa y ante la sede del PP.

Lamentablemente, los sindicatos españoles son una clase privilegiada que defiende con encono a sus liberados y a sus afiliados, pero que se caracteriza por su pobre defensa de aquellos que tienen la desgracia de formar parte de las listas del paro.

El pasado mes de septiembre, durante el inicio del curso político en Rodiezmo, Zapatero dijo a los sindicatos que “necesitaba su cariño”.  Resulta evidente que le han dado cariño a raudales, y también es obvio que ellos han recibido el amor presidencial… y algo más. En una situación de fuerte crisis económica las centrales sindicales disfrutan paradójicamente de una situación holgada. Como muestra de ello, tan sólo entre abril y junio, CCOO y UGT recibieron 125 millones de euros, además de los  15,8 millones que el Ministerio de Trabajo destina este año exclusivamente para el desarrollo de indeterminadas “actividades sindicales”.

Hace pocas semanas, durante la celebración en Navarra del 25 Congreso de la Federación del Metal de UGT, asistimos a un nuevo capítulo del romance protagonizado entre Rodríguez Zapatero y las centrales sindicales. Da vergüenza ajena ver las carantoñas mutuas que se dispensaron el presidente del país con mayor tasa de paro de Europa y los dirigentes sindicales. En esta ocasión ZP agradeció a CCOO y UGT su contribución a la paz social y les dijo que “nunca iba a olvidarlo”. Les prometió “mejorar su representación y fortalecer su institucionalidad”, lo que significa lisa y llanamente más prebendas para los sindicatos, a cambio de su silencio. Habrá quién piense que éste es un matrimonio por amor, pero a mi me parece mas un matrimonio de conveniencia. Y el próximo sábado asistiremos a otra de sus capitulaciones.