La intención de esta solicitud es garantizar la ausencia en las instituciones de quienes no creen en la democracia como instrumento para hacer política. Porque ETA y sus ramificaciones utilizan las instituciones con el único afán de conseguir financiación e información, sin renunciar a la violencia que en este país ha causado ya más de 800 muertes. Con su presencia en las instituciones, los terroristas consiguen poder para sumar a la infraestructura terrorista. Tenemos ejemplos no muy alejados en el tiempo. En 2007, Acción Nacionalista Vasca (ANV) consiguió grupos municipales en 125 ayuntamientos que fueron disueltos dos años después tras su ilegalización.

Es un hecho que Bildu es la unión electoral de EA, Alternatiba y  abertzales “independientes” procedentes de Batasuna y nace del “acuerdo estratégico entre fuerzas políticas independentistas”. A nadie engaña la maniobra, pues se trata de la misma ETA de siempre con diferentes caretas, aunque utilizando la cobertura legal de EA para aprovechar cualquier resquicio legal por el cual volver a tener representación en las instituciones.

La ambigüedad con la que Bildu y Sortu se refieren a las acciones de ETA obliga a permanecer alerta para asegurar que los terroristas quedan fuera de los ayuntamientos. Hace falta la desaparición de la banda armada para que la opción política que la sustenta pueda defender sus intereses como cualquier otro partido político. Es necesario que la llamada izquierda abertzale demuestre que las treguas sirven para algo más que ponerse el disfraz de demócratas y dar margen a ETA para su rearme, en lugar de buscar las vueltas al estado de Derecho. Todos los partidos, en el Gobierno y en la oposición, debemos ser firmes en esta exigencia. Se lo debemos a las víctimas, pero sobre todo a quienes todavía viven amenazados, con miedo, en el único país de Europa con un grupo terrorista en activo.

En los últimos días, al inicio de la crisis provocada por los controladores aéreos, Zarrías ha vuelto a hacer gala de su lamentable talante, cuando se atrevió a insinuar que el Partido Popular estaba detrás de lo ocurrido por “haberse reunido con los controladores”. Y con indudable mala fe, puesto que Zarrías sabía perfectamente que tal encuentro público se había producido en el Senado, con la participación de todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE.

En los 20 meses que lleva como secretario de estado del Gobierno de Zapatero, Gaspar Zarrías se ha dedicado a todo excepto a atender las responsabilidades derivadas de su cargo. Asistió al acto celebrado en la Universidad Complutense donde, para apoyar al juez Garzón, se vertieron críticas de gran calado contra el Tribunal Supremo; no ha perdido oportunidad de faltar al respeto a presidentes de comunidades autónomas, alcaldes y diputados, con declaraciones extemporáneas; ha arremetido incluso contra  ex presidentes del Gobierno y  ha llegado a pedir la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del PP.  El lenguaraz Zarrías ha llegado incluso a calificar a Alberto Ruiz-Gallardón de “desvergonzado”, a Javier Arenas como “enfermo psiquiátrico” o a comparar la bancada del PP en el Parlamento de Andalucía con Batasuna.

Zarrías, mano derecha del otrora todopoderoso presidente de la Junta de Andalucía y actual presidente del PSOE, Manuel Chaves,  tiene un pasado inquietante como “fontanero” de la política andaluza durante los últimos veinte años, en los que ha actuado con un poder casi ilimitado. Lo cierto es que, tras la gestión de Zarrías, Andalucía, con una tasa de paro cercana al 30 por ciento, el tejido productivo prácticamente destruido y sin más capacidad de supervivencia que las subvenciones públicas, continúa en el furgón de cola de España y Europa a pesar de haber sido una de las regiones más beneficiadas por los fondos europeos.

Si a cada cual le retratan sus propias palabras, Zarrías se califica por las suyas y sus actos; los actos de un político mediocre que se vale del insulto como única manera de destacar, que suple su incompetencia con permanentes salidas de tono. La presencia de alguien como Zarrías ofende a quienes, con independencia de nuestra ideología, nos dedicamos a “la cosa pública” con verdadera vocación de servicio público.

Amparado por la inmunidad que le concede la tribuna de la Asamblea de Madrid, Juan Ramón Sanz,  Secretario General del Partido Comunista de Madrid, nos acusó a los representantes del Partido Popular, entre otras “lindezas” de no creer en el Estado de Derecho, de despreciar la democracia, de añorar la dictadura y de representar exclusivamente los intereses de una minoría, olvidando deliberadamente que representamos expresamente a más de 10 millones de españoles.

La confrontación política no puede ser nunca el pretexto para el insulto y la difamación que surgen cuando no quedan argumentos; mucho menos para querer imponer lo que no ha sido posible conseguir en las urnas. Lo que el diputado de IU en la Asamblea de Madrid hizo en el último Pleno fue tratar de resucitar los peores fantasmas del pasado, escenificando el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, el viejo cuento de los buenos y los malos. Para ello utilizó una retórica guerracivilista, insultante, plagada de descalificaciones. Obviamente el diputado Sanz estaba dando otra vuelta de tuerca a la estrategia utilizada por algunos sectores de la izquierda de este país, para avivar la llama del frentismo y ahondar en la idea de las dos Españas.

El espectáculo de ver a un diputado de IU erigiéndose en expedidor de carnets de demócrata resulta esperpéntico e intolerable, por no hablar de la falta de respeto que supone para los ciudadanos, que son quienes democráticamente deciden que partidos políticos quieren que les representen y cuál debe ser el  peso parlamentario de cada cual, en este caso en la Comunidad de Madrid, donde precisamente el partido Popular obtuvo en las últimas elecciones de 2007 el apoyo mayoritario de más del 53% de los madrileños y 67 escaños, frente a los 11 obtenidos por la formación a la que pertenece el lenguaraz diputado.

Aunque la  grotesca pataleta del diputado apenas tuvo repercusión mediática, reconozco que personalmente me ha producido cierta amargura. No me saco de la cabeza todo el odio y resentimiento que destilaba su intervención. Un afán de revancha por nuestro infortunado pasado político, del cual responsabilizaba directamente al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, de manera tan indigna como sectaria. Sin duda la guerra civil y dictadura franquista fueron periodos muy dolorosos, de atraso para España y tremendas injusticias que afortunadamente, después de 35 años,  han quedado superadas por nuestro actual sistema democrático.

Lo verdaderamente importante de la Ley de Amnistía del año 1977 es que supuso un contrato para la reconciliación y el progreso, que pretendía acabar con las dos Españas enfrentadas. Tuvimos dos décadas en las que predominó el espíritu de la Transición. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, hay formaciones que, erigiéndose en únicas garantes de la democracia, usan la confrontación para intentar conseguir rédito político. Todo ello sin calibrar las consecuencias que este enfrentamiento tan polarizado puede tener para la convivencia normal de la sociedad española.

Las movilizaciones y declaraciones en contra del procesamiento de juez Garzón no sólo han puesto en cuestión la separación de poderes. Se han hecho desde la perspectiva de que hay una España que impide la investigación de los crímenes franquistas y que es el partido Popular el responsable directo de que el juez Varela haya sentado a Baltasar Garzón en el banquillo. La teoría conspiratoria de la persecución de la derecha contra el juez, tan falsa como peligrosa, cae por su propio peso a la vista de la biografía del propio Varela, izquierdista confeso  y fundador de Jueces para la Democracia. Lo cierto es que a Garzón nadie le persigue por investigar el franquismo: sin tener en cuenta las otras causas por las cuales se encuentra imputado, el juez Garzón será juzgado por irregularidades y negligencia en su tarea de magistrado. Por tomar decisiones aún a sabiendas de que no le correspondía hacerlo y por asumir la instrucción de un sumario que no le concernía.

Quienes desde la izquierda alientan la versión conspiratoria no sólo están atacando al Partido Popular sino que, cuestionando la independencia judicial del tribunal Supremo y atacando de lleno el espíritu de la Transición, hacen un flaco favor al Estado de Derecho y a nuestra Democracia.