La repetida amenaza de los sindicatos en las últimas semanas para la convocatoria de una huelga general ha tenido como ensayo previo la fracasada huelga de empleados públicos. La bajísima participación ha sido la respuesta dada por los ciudadanos al llamamiento de unas organizaciones que miran cada vez menos por los intereses de los trabajadores y se rigen más por los suyos propios.

Durante los dos últimos años, los sindicatos han dedicado sus esfuerzos a ser cómplices de las políticas de un Gobierno que ha contribuido con su inacción primero, y más tarde con sus continuas improvisaciones y rectificaciones, a situar a España a la cabeza del desempleo de la Unión Europea. Los sindicatos se han ganado a pulso su falta de credibilidad ante los trabajadores, por su inaudito silencio ante la desastrosa gestión del presidente Rodríguez Zapatero, quien ha contribuido de forma decisiva a que España atraviese la peor crisis económica de las últimas décadas.

Desde luego entiendo la lógica indignación de los trabajadores y, sobre todo, la de los casi cinco millones de españoles que se encuentran sin trabajo ni perspectivas de obtenerlo. Pero aunque existen sobrados motivos, una huelga general ni soluciona la crisis, ni contribuye a resolver los actuales problemas del empleo en España. La situación es tan grave que sólo podría paliarse con cambios drásticos en las políticas del Gobierno socialista, condenado ahora a seguir a pies juntillas las instrucciones de otros países y organismos, que ya no toleran las indecisiones de Rodríguez Zapatero, tan peligrosas para la solvencia de la Unión Europea.

Es indiscutible que la huelga es un derecho pero desde luego no es la solución. Me pregunto si los sindicatos habrían tenido el mismo comportamiento con un Gobierno de otro signo, si también habrían sido condescendientes hasta lo inimaginable o, por el contrario, se habrían movilizado ante la más mínima sospecha de amenaza social. Hoy más que nunca los sindicatos parecen haber mutado de organizaciones sociales a políticas, cada vez más alejadas de aquellos a quienes dicen y deberían defender.  

Y es que si algo ha conseguido la Presidencia española de la UE es internacionalizar la publicidad de la política de parches con la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende sortear la crisis que tanto le ha costado admitir. Una crisis que ha maquillado hasta lo imposible, usando todo tipo de trucos mediáticos que han quedado finalmente sobrepasados por la cruda realidad de los casi cuatro millones y medio de parados y el desorbitado déficit público que ya alcanza el 11,4% del PIB.

A pesar de que el Gobierno español llevaba meses atacando a todo aquel que se atreviera a cuestionar el sistema de pensiones, ha bastado una semana para que esos mismos responsables políticos hayan conseguido sembrar el miedo y la desconfianza entre los jubilados y gran parte de la sociedad española. La reforma de las pensiones, aprobada unilateralmente y sin consenso previo por el Consejo de Ministros, propone el retraso de la edad de la jubilación a los 67 años y contradice de plano las palabras de Zapatero apostando por una “respuesta social a la crisis”.  El deterioro de la credibilidad internacional del Gobierno socialista alcanzó su punto álgido con el dantesco episodio protagonizado por la Vicepresidencia Económica, al enviar a la Comisión Europea el documento con la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, que recogía la propuesta de ampliar el cálculo de las pensiones desde los 15 años actuales hasta los 25, con la consiguiente reducción de al menos un 10% en el importe de las pensiones. Tras las enconadas reacciones en contra de los sindicatos y todas las fuerzas políticas, se apresuraron a rectificar con la pueril justificación de que el documento enviado no era el definitivo y se trataba sólo de una “simulación” a modo de “ejemplo que ha podido interpretarse como una propuesta concreta”.

Decía el filósofo y escritor francés Jean-Francois Revel, en su libro “El Estado Megalómano”, que cuando los gobiernos de izquierdas se encuentran en dificultades apelan al manido recurso de crear enemigos imaginarios para justificar sus deficiencias. De este modo, señalan tres responsables: el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. En el caso de Zapatero, el planteamiento de Revel cobra renovada actualidad. El enemigo anterior  e interior confluirían en el Partido Popular, causante de prácticamente todas las desgracias acaecidas en España desde que el toro Islero corneó mortalmente a Manolete. Por su parte, el enemigo exterior serían los responsables de la conspiración internacional que, en los delirios zapateriles, están provocando ” turbias maniobras” para desestabilizar nuestros mercados financieros. Después de casi seis años aplicando una política económica llena de contradicciones e improvisación que han deteriorado la imagen de España en los mercados financieros, el presidente del Gobierno y sus voceros justifican las críticas a la gestión socialista en un gigantesco complot. Una oscura conjura que explicaría lo que en realidad es mera incompetencia para gestionar la difícil situación que atraviesa nuestro país.  

Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y, lejos de corregir el rumbo y reconocer que nuestros socios comunitarios nos ven como un peligroso lastre para la Unión Europea y una apuesta de altísimo riesgo para los inversores internacionales, la estrategia de Zapatero continúa siendo la negación de la realidad y la convicción de que hay un complot contra su Gobierno. Habrá próxima comparecencia del presidente en el Congreso. Será su oportunidad definitiva para afrontar y resolver de forma responsable la difícil situación por la que atraviesa el país o, por el contrario, seguir navegando a la deriva, intentando convencer a los españoles de que la mayor crisis económica de España en democracia es sólo una desagradable ficción contra la que nada se puede hacer excepto esperar.

Salvando las distancias, la incompetencia de Zapatero me recuerda a uno de los más entrañables personajes de la literatura universal: Ignatius J. Reilly, quién en la inolvidable novela de John Kennedy Toole, se empeñaba en abordar todo tipo de trabajos con una incompetencia verdaderamente memorable. Finalmente parece que, a falta de foto con Obama en España, el esperado “acontecimiento histórico y planetario” se ha quedado tan sólo en una versión patria de “La conjura de los necios”.

Son muchos quienes diariamente se encargan de criticar la supuestamente escasa disposición al diálogo de Esperanza Aguirre y su falta de capacidad para adoptar acuerdos políticos y sociales con otras organizaciones. Sin embargo ha sido precisamente su Gobierno el único que, hasta la fecha, ha conseguido llegar a un gran pacto con todos los agentes sociales en la Comunidad de Madrid.

Hace apenas unas semanas la jefa del Ejecutivo madrileño, el presidente de la patronal CEIM-CEOE y los secretarios generales autonómicos de CC.OO y de UGT, firmaban el denominado “Acuerdo para la Competitividad, la Generación de Empleo y la Concertación Social en la región”, que sin duda va a ser un instrumento decisivo para reactivar la economía madrileña, impulsando la competitividad y la innovación de todos sus sectores.

En la actual situación de crisis, el diálogo social es imprescindible para estimular la actividad económica, generar confianza en la sociedad y posibilitar la creación de empleo. Por ello, creo que el paso dado en Madrid adquiere una especial relevancia, pues supone que empresarios, trabajadores y Gobierno de la Comunidad sumen esfuerzos para llegar a acuerdos, por encima de dogmatismos o discrepancias ideológicas que garanticen un adecuado clima de diálogo y estabilidad social, sin el cual no sería posible avanzar hacia un modelo productivo más eficiente que nos ayude a salir de la recesión.

Este importante acuerdo busca poner en marcha mecanismos que permitan reactivar la economía madrileña, mejorando su competitividad y propiciando la generación de empleo en sectores económicos estratégicos como la industria, que sólo en 2008 fue responsable del 10,39 por ciento de los puestos de trabajo creados, y la investigación. El convenio contempla dos grandes ejes de actuación, que se concretan en el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid y el Plan Regional de I+D+i 2009-2012, dotados con 892 y 3.000 millones de euros respectivamente; 3.892 millones de euros, que irán destinados íntegramente a fomentar la industria y consolidar la I+D+i en nuestra Región.

Concretamente, el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid (FICAM) tiene como objetivos mejorar la competitividad industrial, mantener y potenciar el número de empresas industriales existentes en Madrid y reforzar el entorno competitivo que promueva la permanencia de las industrias ya instaladas. Asimismo, busca atraer a nuestra Región nuevas inversiones industriales en actividades de alto contenido tecnológico e incentivar la demanda de bienes y servicios industriales.

Por su parte, el Plan Regional de I+D+i (PRIDI) pretende avanzar en la competitividad de la Comunidad de Madrid, impulsando la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica madrileña. El PRIDI va a ser sin duda un instrumento esencial para consolidar nuestra posición internacional en I+D+i y permitirá la creación de 80.000 nuevos empleos (30.000 directos y 50.000 indirectos) hasta 2012. El Plan, además de impulsar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como elemento clave para una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos, supone también el apoyo a la investigación realizada por las universidades y los centros de investigación a través de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, en áreas estratégicas como la salud, la energía, las comunicaciones o el agua. De esta manera, Madrid se situará a la cabeza en el desarrollo de ciencia y tecnologías punteras e internacionalmente competitivas.

Con la firma de este pacto, la Comunidad de Madrid  ha vuelto a ser pionera en el diálogo y la concertación social. Espero sinceramente que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero tome buena nota de las dotes negociadoras de la presidenta del Partido Popular de Madrid y, en las próximas semanas, tire de talante para intentar llegar a acuerdos parecidos con las fuerzas sociales, en un momento en que la economía española se encuentra dramáticamente estancada en la recesión.

Son los mismos sindicatos que hace algunas semanas mandaron a “su puta casa” a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y destacado dirigente socialista, por haber cometido el imperdonable error de pedir en sede parlamentaria una reforma estructural del mercado laboral necesaria para la recuperación económica en España.

En una situación en la que España lidera  la destrucción de empleo en la Unión Europea, no hay mayor violación de los derechos de los trabajadores que no tener trabajo. Por ello resulta sorprendente que los sindicatos, en vez de manifestarse contra el Gobierno para protestar contra su incapacidad para paliar la crisis, crear las condiciones para favorecer el empleo y frenar el paro, lo hagan contra los empresarios, que son quienes crean puestos de trabajo. Es incomprensible que con cuatro millones de parados ni UGT ni CCOO hayan abierto la boca y, sin embargo, ahora salgan a la calle para manifestarse en contra de los empresarios. Si un Gobierno del Partido Popular ofreciera a los ciudadanos una tasa de paro que dobla la media de la Unión Europea y va camino de los cinco millones de personas, no me cabe ninguna duda de que los dirigentes sindicales organizarían protestas diarias en su contra frente a La Moncloa y ante la sede del PP.

Lamentablemente, los sindicatos españoles son una clase privilegiada que defiende con encono a sus liberados y a sus afiliados, pero que se caracteriza por su pobre defensa de aquellos que tienen la desgracia de formar parte de las listas del paro.

El pasado mes de septiembre, durante el inicio del curso político en Rodiezmo, Zapatero dijo a los sindicatos que “necesitaba su cariño”.  Resulta evidente que le han dado cariño a raudales, y también es obvio que ellos han recibido el amor presidencial… y algo más. En una situación de fuerte crisis económica las centrales sindicales disfrutan paradójicamente de una situación holgada. Como muestra de ello, tan sólo entre abril y junio, CCOO y UGT recibieron 125 millones de euros, además de los  15,8 millones que el Ministerio de Trabajo destina este año exclusivamente para el desarrollo de indeterminadas “actividades sindicales”.

Hace pocas semanas, durante la celebración en Navarra del 25 Congreso de la Federación del Metal de UGT, asistimos a un nuevo capítulo del romance protagonizado entre Rodríguez Zapatero y las centrales sindicales. Da vergüenza ajena ver las carantoñas mutuas que se dispensaron el presidente del país con mayor tasa de paro de Europa y los dirigentes sindicales. En esta ocasión ZP agradeció a CCOO y UGT su contribución a la paz social y les dijo que “nunca iba a olvidarlo”. Les prometió “mejorar su representación y fortalecer su institucionalidad”, lo que significa lisa y llanamente más prebendas para los sindicatos, a cambio de su silencio. Habrá quién piense que éste es un matrimonio por amor, pero a mi me parece mas un matrimonio de conveniencia. Y el próximo sábado asistiremos a otra de sus capitulaciones.