Los sindicatos han perdido buena parte de la confianza que los trabajadores tenían en ellos a base de asistir impasibles al deterioro de las condiciones laborales y a una continua sangría de desempleados que ha convertido a nuestro país en campeón del paro en la Unión Europea. España no está para paros masivos ni movilizaciones convocadas por unas organizaciones discutidas y carentes de verdadero apoyo social. Por ello no es difícil prever el estrepitoso fracaso de la jornada de huelga del próximo día 29 de Septiembre.

Durante los últimos años UGT y CCOO han sido excesivamente complacientes con el Gobierno de Zapatero. A lo largo de la actual Legislatura las centrales sindicales han compartido incondicionalmente todas las medidas económicas adoptadas por el ejecutivo socialista, sirviendo de soporte a su fracasada política económica. El sindicalismo tradicional ha mutado en una suerte de “sindicalismo político” basado exclusivamente en la afinidad ideológica y en la búsqueda de parcelas de poder ejecutivo, cuestiones que nada tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Ahora ponen todas sus esperanzas en la huelga como quien se agarra a un clavo ardiendo. No es el momento, ellos lo saben, pero no han encontrado mejor forma de justificar la razón de su existencia, una vez despejados del letargo de buenas palabras y sonrisas del presidente Zapatero que, mientras les daba una mano y casi los metía en su Gobierno, con la otra arrastraba a España a una debacle económica.

Han despertado, por fin, con la única certeza de haber faltado a su deber. Se han encontrado con unos trabajadores y parados que ya no creen en ellos. Si han estado ausentes desde el inicio de la crisis, ¿por qué habrían de confiar ahora en ellos? La huelga general del 29 de septiembre se ha convertido en una reválida para los liderazgos de Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo y sin duda va a suponer un antes y un después en la credibilidad y el papel de los sindicatos a quienes, estoy convencida, les costará años recuperar la confianza perdida.

Llama poderosamente la atención que esta importantísima Ley se haya aprobado únicamente con los votos del cada vez más sólo Partido socialista. El moribundo Gobierno de Rodríguez Zapatero ha obtenido una victoria pírrica, al ser incapaz de conseguir que ningún grupo político de todo el arco parlamentario apoyara su propuesta.

Doble fracaso de Zapatero, que siempre dijo que cualquier reforma del mercado laboral se pactaría previamente con los agentes sociales. Ni acuerdo social ni consenso parlamentario. De las cerca de 600 enmiendas presentadas, el PSOE apenas ha admitido 70, rechazando incluso todas las modificaciones aprobadas por el Senado. Se ve que lo del talante quedó olvidado en la noche de los tiempos.

Sin ninguna duda el principal problema de España es el desempleo, con más de cuatro millones y medio de parados y un millón y medio de familias que tienen a todos sus miembros en paro. Por ello es imprescindible abordar una reforma del mercado del trabajo que estimule la contratación y genere confianza. La reforma de Zapatero, lejos de ofrecer mejores condiciones para la contratación y estabilidad en el empleo, se limita a abaratar los despidos.

La reforma del paradójicamente denominado Partido Socialista Obrero Español es inaceptable básicamente porque deja tres aspectos clave sin atender: en primer lugar no se facilita la contratación, en un momento en que en España hay cinco millones de parados. En segundo lugar esta reforma hace que el despido sea más fácil que modificar las condiciones de trabajo, dejando de lado la necesaria reforma de la negociación colectiva. En tercer lugar se olvida de la eterna asignatura pendiente: la formación y promoción profesional adecuada a las necesidades de las empresas, que nos permita competir en condiciones de igualdad.

Claro que ahora Zapatero quiere convencer a Europa de que los parados que reciben formación no son desempleados, porque “trabajan para España”. Cruel desatino de un Presidente que parece haber perdido definitivamente el rumbo.  

El PSOE ha perdido la oportunidad de hacer frente de manera rigurosa a los problemas de un mercado de trabajo excesivamente rígido, adoptando medidas ambiciosas que ayuden a lograr el objetivo fundamental de crear empleo y que nos sitúen en condiciones para competir.

Esta reforma laboral ha sido rechazada por todos: sindicatos, empresarios, expertos y todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. La única virtud de la reforma laboral es que ha sido capaz de aunar voluntades, tiene la rara cualidad de no contentar a nadie. Una vez más asistimos a una nueva improvisación de Zapatero, incapaz de sacar a España de la crisis.

La repetida amenaza de los sindicatos en las últimas semanas para la convocatoria de una huelga general ha tenido como ensayo previo la fracasada huelga de empleados públicos. La bajísima participación ha sido la respuesta dada por los ciudadanos al llamamiento de unas organizaciones que miran cada vez menos por los intereses de los trabajadores y se rigen más por los suyos propios.

Durante los dos últimos años, los sindicatos han dedicado sus esfuerzos a ser cómplices de las políticas de un Gobierno que ha contribuido con su inacción primero, y más tarde con sus continuas improvisaciones y rectificaciones, a situar a España a la cabeza del desempleo de la Unión Europea. Los sindicatos se han ganado a pulso su falta de credibilidad ante los trabajadores, por su inaudito silencio ante la desastrosa gestión del presidente Rodríguez Zapatero, quien ha contribuido de forma decisiva a que España atraviese la peor crisis económica de las últimas décadas.

Desde luego entiendo la lógica indignación de los trabajadores y, sobre todo, la de los casi cinco millones de españoles que se encuentran sin trabajo ni perspectivas de obtenerlo. Pero aunque existen sobrados motivos, una huelga general ni soluciona la crisis, ni contribuye a resolver los actuales problemas del empleo en España. La situación es tan grave que sólo podría paliarse con cambios drásticos en las políticas del Gobierno socialista, condenado ahora a seguir a pies juntillas las instrucciones de otros países y organismos, que ya no toleran las indecisiones de Rodríguez Zapatero, tan peligrosas para la solvencia de la Unión Europea.

Es indiscutible que la huelga es un derecho pero desde luego no es la solución. Me pregunto si los sindicatos habrían tenido el mismo comportamiento con un Gobierno de otro signo, si también habrían sido condescendientes hasta lo inimaginable o, por el contrario, se habrían movilizado ante la más mínima sospecha de amenaza social. Hoy más que nunca los sindicatos parecen haber mutado de organizaciones sociales a políticas, cada vez más alejadas de aquellos a quienes dicen y deberían defender.  

Y es que si algo ha conseguido la Presidencia española de la UE es internacionalizar la publicidad de la política de parches con la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende sortear la crisis que tanto le ha costado admitir. Una crisis que ha maquillado hasta lo imposible, usando todo tipo de trucos mediáticos que han quedado finalmente sobrepasados por la cruda realidad de los casi cuatro millones y medio de parados y el desorbitado déficit público que ya alcanza el 11,4% del PIB.

A pesar de que el Gobierno español llevaba meses atacando a todo aquel que se atreviera a cuestionar el sistema de pensiones, ha bastado una semana para que esos mismos responsables políticos hayan conseguido sembrar el miedo y la desconfianza entre los jubilados y gran parte de la sociedad española. La reforma de las pensiones, aprobada unilateralmente y sin consenso previo por el Consejo de Ministros, propone el retraso de la edad de la jubilación a los 67 años y contradice de plano las palabras de Zapatero apostando por una “respuesta social a la crisis”.  El deterioro de la credibilidad internacional del Gobierno socialista alcanzó su punto álgido con el dantesco episodio protagonizado por la Vicepresidencia Económica, al enviar a la Comisión Europea el documento con la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, que recogía la propuesta de ampliar el cálculo de las pensiones desde los 15 años actuales hasta los 25, con la consiguiente reducción de al menos un 10% en el importe de las pensiones. Tras las enconadas reacciones en contra de los sindicatos y todas las fuerzas políticas, se apresuraron a rectificar con la pueril justificación de que el documento enviado no era el definitivo y se trataba sólo de una “simulación” a modo de “ejemplo que ha podido interpretarse como una propuesta concreta”.

Decía el filósofo y escritor francés Jean-Francois Revel, en su libro “El Estado Megalómano”, que cuando los gobiernos de izquierdas se encuentran en dificultades apelan al manido recurso de crear enemigos imaginarios para justificar sus deficiencias. De este modo, señalan tres responsables: el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. En el caso de Zapatero, el planteamiento de Revel cobra renovada actualidad. El enemigo anterior  e interior confluirían en el Partido Popular, causante de prácticamente todas las desgracias acaecidas en España desde que el toro Islero corneó mortalmente a Manolete. Por su parte, el enemigo exterior serían los responsables de la conspiración internacional que, en los delirios zapateriles, están provocando ” turbias maniobras” para desestabilizar nuestros mercados financieros. Después de casi seis años aplicando una política económica llena de contradicciones e improvisación que han deteriorado la imagen de España en los mercados financieros, el presidente del Gobierno y sus voceros justifican las críticas a la gestión socialista en un gigantesco complot. Una oscura conjura que explicaría lo que en realidad es mera incompetencia para gestionar la difícil situación que atraviesa nuestro país.  

Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y, lejos de corregir el rumbo y reconocer que nuestros socios comunitarios nos ven como un peligroso lastre para la Unión Europea y una apuesta de altísimo riesgo para los inversores internacionales, la estrategia de Zapatero continúa siendo la negación de la realidad y la convicción de que hay un complot contra su Gobierno. Habrá próxima comparecencia del presidente en el Congreso. Será su oportunidad definitiva para afrontar y resolver de forma responsable la difícil situación por la que atraviesa el país o, por el contrario, seguir navegando a la deriva, intentando convencer a los españoles de que la mayor crisis económica de España en democracia es sólo una desagradable ficción contra la que nada se puede hacer excepto esperar.

Salvando las distancias, la incompetencia de Zapatero me recuerda a uno de los más entrañables personajes de la literatura universal: Ignatius J. Reilly, quién en la inolvidable novela de John Kennedy Toole, se empeñaba en abordar todo tipo de trabajos con una incompetencia verdaderamente memorable. Finalmente parece que, a falta de foto con Obama en España, el esperado “acontecimiento histórico y planetario” se ha quedado tan sólo en una versión patria de “La conjura de los necios”.

Son muchos quienes diariamente se encargan de criticar la supuestamente escasa disposición al diálogo de Esperanza Aguirre y su falta de capacidad para adoptar acuerdos políticos y sociales con otras organizaciones. Sin embargo ha sido precisamente su Gobierno el único que, hasta la fecha, ha conseguido llegar a un gran pacto con todos los agentes sociales en la Comunidad de Madrid.

Hace apenas unas semanas la jefa del Ejecutivo madrileño, el presidente de la patronal CEIM-CEOE y los secretarios generales autonómicos de CC.OO y de UGT, firmaban el denominado “Acuerdo para la Competitividad, la Generación de Empleo y la Concertación Social en la región”, que sin duda va a ser un instrumento decisivo para reactivar la economía madrileña, impulsando la competitividad y la innovación de todos sus sectores.

En la actual situación de crisis, el diálogo social es imprescindible para estimular la actividad económica, generar confianza en la sociedad y posibilitar la creación de empleo. Por ello, creo que el paso dado en Madrid adquiere una especial relevancia, pues supone que empresarios, trabajadores y Gobierno de la Comunidad sumen esfuerzos para llegar a acuerdos, por encima de dogmatismos o discrepancias ideológicas que garanticen un adecuado clima de diálogo y estabilidad social, sin el cual no sería posible avanzar hacia un modelo productivo más eficiente que nos ayude a salir de la recesión.

Este importante acuerdo busca poner en marcha mecanismos que permitan reactivar la economía madrileña, mejorando su competitividad y propiciando la generación de empleo en sectores económicos estratégicos como la industria, que sólo en 2008 fue responsable del 10,39 por ciento de los puestos de trabajo creados, y la investigación. El convenio contempla dos grandes ejes de actuación, que se concretan en el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid y el Plan Regional de I+D+i 2009-2012, dotados con 892 y 3.000 millones de euros respectivamente; 3.892 millones de euros, que irán destinados íntegramente a fomentar la industria y consolidar la I+D+i en nuestra Región.

Concretamente, el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid (FICAM) tiene como objetivos mejorar la competitividad industrial, mantener y potenciar el número de empresas industriales existentes en Madrid y reforzar el entorno competitivo que promueva la permanencia de las industrias ya instaladas. Asimismo, busca atraer a nuestra Región nuevas inversiones industriales en actividades de alto contenido tecnológico e incentivar la demanda de bienes y servicios industriales.

Por su parte, el Plan Regional de I+D+i (PRIDI) pretende avanzar en la competitividad de la Comunidad de Madrid, impulsando la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica madrileña. El PRIDI va a ser sin duda un instrumento esencial para consolidar nuestra posición internacional en I+D+i y permitirá la creación de 80.000 nuevos empleos (30.000 directos y 50.000 indirectos) hasta 2012. El Plan, además de impulsar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como elemento clave para una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos, supone también el apoyo a la investigación realizada por las universidades y los centros de investigación a través de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, en áreas estratégicas como la salud, la energía, las comunicaciones o el agua. De esta manera, Madrid se situará a la cabeza en el desarrollo de ciencia y tecnologías punteras e internacionalmente competitivas.

Con la firma de este pacto, la Comunidad de Madrid  ha vuelto a ser pionera en el diálogo y la concertación social. Espero sinceramente que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero tome buena nota de las dotes negociadoras de la presidenta del Partido Popular de Madrid y, en las próximas semanas, tire de talante para intentar llegar a acuerdos parecidos con las fuerzas sociales, en un momento en que la economía española se encuentra dramáticamente estancada en la recesión.