Hace algunas semanas, la abogada general del tribunal de justicia de la Unión Europea emitió un dictamen en el cual se determinaba que el “canon digital” que se aplica en España desde Junio de 2008 es ilegal. A pesar de que la opinión de la abogada general no es vinculante, lo normal es que los magistrados del Tribunal de Justicia de Luxemburgo la tengan muy en cuenta, puesto que su misión es precisamente proponer soluciones jurídicas a los litigios planteados.

El informe de Verica Trstenjak surge por la petición de la Audiencia Provincial de Barcelona al tribunal europeo, como consecuencia de un pleito surgido entre la empresa de aparatos audiovisuales PADAWAN y la Sociedad General de Autores (SGAE), en aplicación de la actual legislación española, que grava todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital con un canon por copia privada, abonado a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

La abogada general europea ha dictaminado que el sistema de recaudación de los derechos de autor utilizado en España es indiscriminado y vulnera la normativa europea. Considera que es desproporcionado gravar todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital indiscriminadamente con un canon por copia privada, sin tener la certeza de si éstos se van a utilizar para copiar obras protegidas por derechos de autor. Aunque la abogada general no cree ilegal la existencia de un gravamen para la copia privada, establece que “un sistema como el español, que prevé la aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital no es compatible con la normativa de la Unión Europea”.

No pretendo cuestionar en modo alguno el legítimo derecho de los autores a cobrar los derechos que generan la copia de sus obras protegidas, pero el canon digital actual es injusto, arbitrario e indiscriminado. La legislación vigente hace que en España los ciudadanos seamos tratados como si fueramos a utilizar cualquier soporte digital para copiar obras protegidas por derechos de autor, cuando lo lógico sería que este tipo de tasa sólo se aplicara a los equipos y materiales de reproducción digital que se destinen fehacientemente a la realización de copias privadas. Resulta absolutamente injusto que se esté cobrando indiscriminadamente a empresas y particulares,  que utilizan los aparatos y soportes en su actividad profesional diaria, destinándolos a finalidades diferentes a la copia privada.

A expensas de la sentencia del tribunal de Luxemburgo, lo cierto es que el informe de la abogada general supone un serio contratiempo para el Gobierno y específicamente para la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, indiscutible protectora de la SGAE y defensora de la insólita teoría de que “si el canon sube los precios, es por culpa de los fabricantes”.

Aunque el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible ya recomendaba al Gobierno optar por un sistema de canon que no presuponga que cada soporte grabable va a ser usado para copiar material protegido, si finalmente la justicia europea determinara que el canon digital español no se ajusta a la legislación comunitaria, el Gobierno de Rodríguez Zapatero debería tomar buena nota y suprimir este injusto gravamen.

Confío en que estemos asistiendo al principio del fin del abuso sistemático con que la SGAE, amparándose en la legislación vigente,  castiga a los ciudadanos españoles.

En su última comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del año 2009, Zapatero ha vuelto a eludir la realidad con un discurso improvisado, vacío, plagado de “buenismo”, falsedades y contradicciones. Si en Noviembre nos aseguraba que la recuperación económica ya se había iniciado, en Diciembre pronostica que “el inicio de la recuperación es inminente”.  Zapatero ha vaticinado que, en el país de “Nunca jamás” donde él habita, la situación mejorará tanto en los próximos meses, que en 2010 se pasará “de la recesión a la recuperación” y de “la fuerte pérdida de empleo a la moderación y creación de empleo”.

Todo mentira, pues los indicadores reflejan un empeoramiento de la situación. Por un lado, el alarmante problema del paro, que ronda ya el 20%, el doble de la media de la Unión Europea, a cuya cabeza nos encontramos en materia de destrucción de empleo; el déficit público descontrolado, que cerrará el año en el 10% del PIB; el aumento desmesurado de la deuda pública, y que sumado al déficit público, nos coloca también al frente del índice de miseria en Europa según las agencias de calificación. A ello hay que sumar la contracción en un 5’5% del comercio minorista, la caída del 3,6% del consumo eléctrico en noviembre,  y el retroceso de 20’7 puntos de la confianza de los consumidores en las expectativas económicas. A todo ello se suma que los propios Presupuestos Generales del estado para 2010 aprobados en el Congreso con el voto en contra del PP prevén que el crecimiento “volverá a ser negativo” y habrá “300.000 parados más”.

Si por algo va a ser recordado el año 2009 en la historia de este Gobierno, es por la sucesión de contradicciones en materia económica. Tan sólo un par de ejemplos: tras la marcha de Solbes y negar reiteradamente que se fueran a subir los impuestos, el 28 de agosto Zapatero reconocía que habría una subida de impuestos “limitada y temporal” y un mes mas tarde, el 28 de Septiembre, la vicepresidenta Económica Elena Salgado, echaba marcha atrás asegurando que la subida fiscal que contienen los Presupuestos Generales del Estado para 2010 no será temporal, porque las circunstancias “no lo aconsejan” y que “el Gobierno no tiene previsión de que esto pueda cambiar”. Además se permitió corregir al Presidente refiriéndose a un supuesto error puesto que, según Salgado, la subida mencionada sería “limitada o temporal”, pero no ambas cosas a la vez.

A pesar de las reiteradas advertencias de deflación realizadas por Cristóbal Montoro portavoz de Economía del PP, el 30 de enero de 2009 el Gobierno la descartaba tajantemente. Meses mas tarde, los datos negativos del IPC de Marzo a Agosto confirmaban la inflación negativa.

Siendo desastrosa la gestión económica, en el terreno político el balance no es mucho mejor y los dislates se han sucedido durante todo el año 2009. Por mencionar algunos: la solución “in extremis” de la situación de la activista Haidar y las cesiones a Marruecos; la desastrosa gestión del secuestro del atunero Alakrana, y el pago del rescate a los secuestradores negado el 20 de Noviembre por la vicepresidenta primera del Gobierno y asumido un mes mas tarde en sede parlamentaria por el ministro de Exteriores al reconocer  expresamente que el rescate del Alakrana “se pagó con fondos reservados”.

Una de las cuestiones mas graves y todavía pendiente de aclaración es el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el Bar Faisán por parte del Ministerio del Interior, acreditado en la documentación incautada en Francia a la banda terrorista, así como la concesión por parte de Rubalcaba de la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo al inspector sospechoso del chivatazo. También merecen especial mención las falsedades vertidas por el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, al asegurar que el Sistema de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) “está regulado por ley orgánica”, cuando no hay una ley orgánica que habilite para utilizar este sistema.

Otra “perlita” sería el anuncio de Ángeles González Sinde a principios de Diciembre, sobre el cierre sin autorización judicial de páginas webs que vayan en contra de la propiedad intelectual. La ministra de Cultura mintió descaradamente al decir que “en ningún caso se cortaría Internet a ningún usuario”, puesto que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incluye expresamente los cortes de conexión anunciados.

En resumen: un año dramático en lo económico y deplorable en lo político. Un año perdido del que espero sólo nos quede un mal recuerdo y la esperanza de que en el año 2010 España pueda enderezar su rumbo y dejar de estar en el furgón de cola de Europa. Aunque para ello Zapatero debería salir de su autismo político, superar el síndrome de la Moncloa y ponerse a gobernar con los pies en la tierra.