En lugar de saludar la medida, si no con reconocimiento, al menos con indiferencia, sorprendentemente ha despertado las críticas de quienes la consideran insuficiente pero que, al tiempo, no se atreven a asumir un compromiso similar en aquellos ámbitos en los que tienen responsabilidades políticas.

Ya ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid que, además de la contención del gasto, la medida quiere ser un ejemplo de austeridad de los políticos ante los ciudadanos en un momento de galopante crisis económica; una consecuencia lógica de las bajadas consecutivas del IPC y una decisión que sigue a otras adoptadas con anterioridad por el Ejecutivo regional, como la reducción del número de consejerías o la congelación de los salarios de los altos cargos desde el año 2008.

Aunque Esperanza Aguirre ha sugerido la extensión de su recomendación a otras administraciones gobernadas por el PP, quienes la critican deberían tener en cuenta que la medida es voluntaria. Pero también que, precisamente cuando España es uno de los países con mayor deuda pública, parece que ha llegado el momento de poner en práctica medidas de ahorro sin consecuencias para el bolsillo de los ciudadanos, ni la garantía de la prestación de los servicios públicos.

Curiosamente, y en la mayoría de los casos, el rechazo a la reducción del sueldo de los altos cargos en un 2 por ciento surge de políticos afines con el Gobierno central, el Gobierno que no consigue sacar a España de la cola del empleo europeo. Porque a pesar del tímido repunte estacional, la filiación a la Seguridad Social continúa su caída: 5.000 personas en mayo y más de 1.200.000 en el último año.

Cada día 7.000 españoles pierden sus empleos y el déficit público ya supera el 9% del PIB. Me pregunto si no es el momento de que las Administraciones incorporen, en lo posible, medidas que comprometan a los gestores personalmente en la salida de la crisis.