Apenas quedan tres semanas para que se celebren elecciones generales en España. En un momento de grave deterioro de la economía española y de alarmante cuestionamiento de la clase política, en las próximas elecciones está en juego la recuperación de la senda de progreso y crecimiento de la que tanto han alejado nuestro país en los últimos años la ineficaz gestión del PSOE.

Los españoles tienen la responsabilidad de decidir el equipo de personas y el programa de gobierno que deberá sacar a España de esta situación de crisis; de elegir entre dos modelos diferentes.

Por una parte, el Partido Socialista que, tras dos legislaturas de calamitosos resultados por todos conocidos, acaba de desvelar su lema de campaña. Y es toda una declaración de intenciones: PELEA. El PSOE de Rubalcaba, el de la crispación como manera de gobernar, el responsable de los cinco millones de parados, de la tasa de paro juvenil más alta de la UE, de la negación de la crisis, de la congelación de las pensiones y la rebaja de los salarios, de la destrucción de las ilusiones de muchos españoles nos ofrece la “pelea” como única solución para los próximos años. Es decir, para crear empleo, disputa; para salir de la crisis, enfrentamiento; o como reconoció su todavía secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, para ganar las elecciones, tensión y dramatismo.

Frente a esto, el Partido Popular ofrece una fórmula de eficacia probada, de ideas y medidas que ya sacaron a nuestro país de la crisis e hicieron que diera un salto cuantitativo y cualitativo entre 1996 y 2004. Nada de experimentos porque se trata de lo que ya funcionó, lo que funciona legislatura tras legislatura en la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, o lo que aplican otros presidentes autonómicos del Partido Popular allá donde gobiernan: confianza, austeridad y eficacia, con el ciudadano en el centro de sus políticas.

Para que España vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en Europa, es necesario un Gobierno formado por personas sensatas, honestas y preparadas. Responsables competentes en las administraciones, como aquellos que hicieron del país la envidia de Europa, y no como quienes nos han colocado en el furgón de cola.

Yo quiero una España próspera donde los ciudadanos trabajen y paguen sus impuestos, donde los emprendedores creen empleo y dinamicen la economía. Quiero un país con gobernantes que gobiernen y no pospongan la toma de decisiones hasta lo irresponsable, en el que las gasolineras se utilicen para repostar y no para celebrar siniestras reuniones.

España merece una oportunidad para demostrar que es capaz de volver a estar a la cabeza del desarrollo económico. Por desgracia, ha sido mucho el tiempo perdido, pero ha llegado la hora de apostar por políticas eficaces. Y la experiencia nos demuestra que sólo el Partido Popular es capaz de impulsar una recuperación de la crisis que, no será fácil, pero terminará en éxito, traducido en progreso y bienestar para los españoles.

ENTREVISTA REALIZADA PARA EL DIARIO LA VOZ LIBRE 28 de septiembre de 2011

“Rajoy y Rubalcaba han entendido la gran importancia de las redes sociales”

Mucho se ha escrito sobre la reforma constitucional que en estos días debaten las Cortes Generales. Algunas voces cuestionan la legitimidad de los grupos políticos mayoritarios para reformar la Carta Magna y exigen la celebración de un referéndum.

Sin duda, todas las Constituciones nacen con pretensión de permanencia, pero esto no significa que deban mantenerse inalterables. De hecho, la realidad demuestra que estos cambios se practican con relativa frecuencia en los países que forman parte de la Unión Europea, si bien estas modificaciones no se producen exclusivamente a través de la técnica de la reforma constitucional; pueden tener lugar cambios no articulados mediante las convenciones, el uso y la propia interpretación de la norma fundamental nacional en cada caso.

La Constitución Española es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento, base de todo el sistema de garantías y, como tal, tiene que ser respetada. Sin embargo, también debe ser modificada cuando sea necesario adaptar sus preceptos a los cambios sociales y políticos, acomodándose a las exigencias que el transcurso del tiempo impone. Como dijo Jefferson: “El poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana”.

La propia Ley Fundamental española determina un procedimiento ad hoc para su modificación que, más allá de ser un mero instrumento para el cambio en su articulado, constituye un mecanismo de defensa de la propia Constitución, pues mediante la exigencia de un elevado quórum para su reforma garantiza que cuando esta se produce ha sido respaldada mayoritariamente por los representantes de la soberanía popular.

La Carta Magna regula explícitamente el procedimiento para su modificación, estableciendo dos vías: la del artículo 167 y la del 168. En ambos casos se contempla la posibilidad de realizar un referéndum para su ratificación, pero, mientras en el artículo 168 determina la obligatoriedad de la consulta popular para ratificar la reforma, el 167 la establece de manera opcional, siempre que así lo solicite una décima parte de los miembros del Congreso o el Senado, en los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma constitucional. La diferencia fundamental por la que una modificación constitucional debe hacerse siguiendo un procedimiento u otro se determina en función de la materia. Así, todos los cambios que supongan una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II Sección I del Título I o al Título II es decir, relativos a títulos orgánicos, derechos fundamentales y libertades públicas, así como a la Corona, deberán realizarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 168. La reforma del artículo 135 queda fuera de estos supuestos, porque la estabilidad presupuestaria ahora en debate parlamentario está contenida en el Título VII, que regula la “Economía y hacienda”.

Creo que la fijación en la Constitución de la estabilidad presupuestaria es una práctica saludable y muy necesaria para recuperar nuestra credibilidad y el equilibrio económico de España. La tramitación seguida, en lectura única, tiene como finalidad que la reforma esté aprobada antes de la disolución de las Cortes el día 27 de septiembre. La urgencia viene dada por la grave situación de crisis que atraviesa el país, así como por los riesgos de que los ataques financieros contra la deuda española hagan peligrar nuevamente nuestra solvencia económica. Por ello, los plazos exigidos para la convocatoria y la celebración de una eventual consulta popular supondrían cierta contradicción con una reforma que se pretende perentoria por nuestra situación de emergencia.

Si bien algunos pueden cuestionarse su conveniencia política o incluso la celeridad o precipitación de la modificación del texto constitucional, ninguna de estas críticas afecta a su legitimidad. Los dos partidos que la apoyan, PSOE y PP, representan en las Cortes Generales a la inmensa mayoría de los españoles, superando ampliamente en escaños la mayoría de tres quintos exigida por la propia Carta Magna.

Hasta ahora la única reforma constitucional se produjo en 1992, como consecuencia de la ratificación del Tratado de Maastricht. Dicha reforma se realizó a través del procedimiento establecido en el artículo 167 y supuso la modificación del artículo 13.2 para permitir que los ciudadanos comunitarios pudieran ser elegidos en los comicios municipales. El procedimiento seguido fue idéntico al utilizado en la actualidad y, en ambos casos, no fue necesaria la celebración de referéndum.

A pesar de su innegable trascendencia política y para el futuro del país, la reforma del artículo 135 de nuestra Ley Fundamental no deja de ser una cuestión técnica. Porque, en este caso, no se discuten modelos de gestión, sino el establecimiento de una garantía de estabilidad presupuestaria.

En cualquier caso, resulta indiscutible que el procedimiento seguido ha sido el correcto. La ratificación de la reforma constitucional por tres quintos de los parlamentarios en las Cortes Generales, como obliga nuestra Carta Magna, ofrece todas las garantías legales y goza de plena legitimidad democrática, y por ello no parece previsible que presente ulteriores problemas desde el punto de vista jurídico.

El Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero sin duda pasará a la historia por manirroto y derrochador.  Apoyado en la tesis de una ministra socialista  que  afirmaba que “el dinero público no es de nadie”, este Ejecutivo se ha endeudado de manera irresponsable, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago de difícil cumplimiento y olvidando que el rigor en las cuentas públicas no debería ser patrimonio de ninguna opción política, sino un compromiso asumido por todos.

En un momento como el actual, de gran incertidumbre económica, España necesita un plus de credibilidad ante las instituciones europeas,  que han acogido con satisfacción la reforma de nuestra Carta Magna. Sin duda el consenso conseguido entre los grandes partidos políticos contribuye a ello, pues el nuevo texto constitucional establecerá, entre otras cosas, que todas las Administraciones estén obligadas a respetar el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las Comunidades Autónomas no puedan incurrir en déficit estructural superior al establecido por la Unión Europea y que los Ayuntamientos deban presentar un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas.

Hoy más que nunca las administraciones públicas tienen que hacer de la austeridad una obligación política. Ello es especialmente necesario por la errática gestión del Gobierno socialista, que nos ha llevado a una situación donde la credibilidad de la economía española está bajo mínimos. Una coyuntura en la que incluso puede estar en riesgo la prestación de servicios esenciales en nuestro estado del bienestar, pues resulta imposible llevar a cabo políticas sociales sin tener los recursos suficientes para mantenerlas.

Dentro del proceso de rectificación acelerada a que se ha visto obligado el Ejecutivo, el candidato Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse  a regañadientes a una reforma constitucional en la que no cree. Estos días las hemerotecas nos han recordado con gran bochorno cómo se mofaron el entonces vicepresidente y otros miembros del PSOE y del Gobierno socialista, del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando hace más de un año propuso la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria.

En un nuevo ejercicio de malabarismo político ahora dice Rubalcaba que “endeudarse no es de izquierdas” cuando, si por algo se ha caracterizado este Gobierno es precisamente por habernos empeñado hasta las cejas. Si en el mes de mayo de 2010 se hubieran hecho las reformas necesarias probablemente la situación de España hoy sería muy diferente. Pero el Gobierno socialista decidió mirar hacia otro lado y adoptar medidas cosméticas, sin abordar ninguna de las reformas estructurales que la gravedad de nuestra situación requería. Ni se reformó el sistema laboral, ni tampoco el financiero, ni se acometió la necesaria modificación de la Administración Pública. El Gobierno se limitó a congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y acometer el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia.

Con la misma parsimonia con que negó la crisis durante dos años, Zapatero ha estado esperando impasible, confiado en que la recuperación vendría de fuera, hasta que la intervención de facto de la economía española por parte del Banco Central Europeo le ha hecho tocar tierra de manera muy traumática.

La reforma de la Constitución es un primer paso necesario para afianzar la credibilidad de España ante las instituciones europeas y los mercados, muy mermada desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto (la llamada “ley de déficit cero”) establecidos por el Ejecutivo de José María Aznar. Sin duda esta medida tiene que ir seguida de otras en la misma dirección.

Como asignatura pendiente queda la aprobación de una ley orgánica que determine el déficit estructural máximo del Estado y las autonomías, dentro del margen de déficit europeo y en un principio de estabilidad presupuestaria, que ponga coto al gasto de los ayuntamientos,  comunidades autónomas y de la propia Administración del Estado. La exigencia de consenso y responsabilidad política no acaba con la modificación de nuestra Carta Magna, pero sin duda es un buen punto de inicio y  confirma aquello de que algunos sólo aciertan cuando rectifican.

Aunque no debería ser así, que en campaña electoral vale casi todo no es ninguna novedad. Lo que sí resulta una desagradable primicia es que se utilice la muerte para tratar de conseguir ventaja electoral, tal como ha hecho Amparo Valcarce, número dos en la candidatura socialista a la Asamblea de Madrid.

Valcarce critica al Gobierno de Esperanza Aguirre diciendo que en Madrid ha habido “79  personas que han muerto esperando los recursos de la Ley de Dependencia”. Olvida la dirigente socialista que el 60% de las personas dependientes que todavía no reciben asistencia viven precisamente en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

Madrid lidera la atención a dependientes, con 9 puntos por encima de la media nacional. La Comunidad atiende diariamente a 70.000 personas dependientes y otros 16.000 reciben prestaciones económicas. Además, nuestra región es la que cuenta con más plazas residenciales y centros de día.

El Gobierno de Zapatero presume de Ley de Dependencia, pero no aporta fondos para aplicarla. Y es la Comunidad de Madrid quién asume el 76% del coste de atención de cada persona dependiente. Valcarce lo sabe porque fue impulsora de la Ley desde la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.

Resulta lamentable la macabra utilización que los socialistas madrileños hacen de las desgracias ajenas. A eso se le llama “ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”.