Creo que la polémica que estos días vive la sociedad española sobre los planes de pensiones privados es artificial y electoralista y se está volviendo en contra de sus impulsores. Aunque yo no tengo plan privado de pensiones, pienso que es una fórmula perfectamente aceptable, utilizada por millones de españoles como sistema de ahorro y absolutamente compatible con la pensión pública.

Cuando hace tan sólo algunas semanas el Ministro de Trabajo salió ante la opinión pública responsabilizando al Partido Popular de la defensa de los planes de pensiones privados frente al aseguramiento público, sin duda pretendía desviar su propia responsabilidad en el proyecto de “pensionazo”, proyectado por el Gobierno de España para lavar la cara ante Europa. Decir que el Partido Popular es el partido que defiende los planes de pensiones privados, cuando el propio Corbacho mantiene un sustancioso fondo privado, no sólo es demagógico y contradictorio, sino que roza la esquizofrenia política.

Pero si importante es el engaño de un Ministro, la mentira de un Presidente, debería ser valorada en términos políticos de mayor trascendencia y gravedad. Cuando al día siguiente el Presidente del Ejecutivo afirmó en los pasillos del Congreso, con toda soltura y sin ruborizarse lo más mínimo que no tenía ningún plan de pensiones privado, cuesta creer que no recordara mencionar los tres planes privados de pensiones que aseguran el futuro de la muy socialista familia Rodríguez Zapatero: dos suscritos con el Banco de Santander y otro fondo general con el que cuentan todos los diputados del Congreso.

Me preocupa que el Presidente del Gobierno de España pueda mentir con tal descaro y que no pase nada. Me preocupa todavía más que nuestro presidente esté tan acostumbrado a mentir de manera compulsiva, que ante una pregunta simple y directa, en vez de reconocer la verdad o incluso contestar con sutiles evasivas, la mentira salga de su boca con semejante facilidad.

Aunque la impunidad de la mentira presidencial quizás está señalando el grado de abotargamiento en que se encuentra la sociedad civil española, yo sigo creyendo firmemente que España merece un Gobierno que no mienta.

Todavía recuerdo la manera en la que hace apenas dos años destacados miembros del Gobierno y del propio PSOE arremetieron en tromba contra el PP, llamándonos antipatriotas, por el mero hecho de alertar a los ciudadanos de la crisis económica que se nos venía encima. Fuimos calificados de antipatriotas por reclamar medidas que nos hubieran permitido anticiparnos a la difícil situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad, que se acerca peligrosamente a los 4 millones y medio de parados y a un déficit del 12 por ciento.

Ahora ha sido la vicepresidenta Fernández de la Vega quien ha llamado desleal a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por plantear que los ciudadanos puedan realizar una “protesta política” y manifestar su descontento con la próxima subida del IVA. Por su parte la vicepresidenta Salgado ha acusado a Aguirre de frivolidad y demagogia. Una vez más, los socialistas descalifican a quienes discrepan y critican que otros partidos políticos, e incluso los ciudadanos, puedan expresar en voz alta sus opiniones, como cabría esperar en cualquier democracia. 

La única lealtad de un político dedicado al servicio público debería ser con los ciudadanos que nos han elegido y a quienes representamos. Precisamente lealtad es lo que está demostrando el Partido Popular con su posición de desacuerdo respecto a la subida del IVA para el segundo semestre del año. Y es que en una situación de crisis como la actual, la subida del IVA repercutirá negativamente en el consumo y, por lo tanto, en la inversión y el empleo, perjudicando seriamente nuestra recuperación económica.

Precisamente esta semana, el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados va a defender una Moción pidiendo que se deje sin efecto la subida prevista para Julio de 2010. Es una oportunidad para que los diputados que apoyaron la subida del IVA rectifiquen, porque sería muy perjudicial para la economía persistir en el error por el mero hecho de no dar la razón al contrario. Para superar la grave crisis económica que padecemos  hacen falta medidas eficaces que sirvan para dinamizar la economía. Lamentablemente, en lugar de ser austero, bajar impuestos y realizar las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, Zapatero sigue incrementando el gasto público al tiempo que sube los impuestos a todos los españoles y aplica medidas contraproducentes para el crecimiento de la economía y el empleo.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno arremetía de nuevo contra el Partido popular, a quien pide “algún sacrificio” para llegar a acuerdos contra la crisis. Ignora deliberadamente Zapatero que el Partido Popular siempre ha acudido a negociar cuando el Gobierno así lo ha requerido. Mariano Rajoy le ofreció un pacto en el debate de investidura que ha reiterado en sucesivas ocasiones. De hecho, medidas propuestas por el Gobierno en la casi desaparecida comisión anticrisis de Salgado, Blanco y Sebastián, habían sido presentadas por el PP previamente y rechazadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Pero lo que Zapatero no puede pretender es que el PP sea cómplice consciente de un disparate que pueda costar a España las escasas posibilidades de crecimiento económico para este año. La subida del IVA es un hecho gravísimo, que hay que denunciar, porque profundizará el hundimiento de la economía española y, aún a costa de recibir una retahíla de descalificaciones de nuestros adversarios políticos, no hacerlo sería la auténtica deslealtad con los ciudadanos.

MOCION PARA CONDENAR LAS ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS DEL RÉGIMEN CUBANO Y EN APOYO AL PUEBLO Y A LA DISIDENCIA DE LA ISLA

Durante más de medio siglo de dictadura comunista, personificada en la figura de Fidel Castro y recientemente, como régimen hereditario, en su hermano Raúl, el sufrimiento de los ciudadanos cubanos, privados de su libertad, no ha hecho más que ir en aumento.

Hoy existen más de doscientos presos políticos en las cárceles de Cuba, ciudadanos que fueron encarcelados por el mero hecho de pedir de manera pacífica una apertura democrática del país. Algunos de ellos han sido procesados por peligrosidad pre-delictiva, artificio jurídico que permite privar de libertad a cualquiera por la mera sospecha de la autoridad competente.

Ninguna dictadura, y la cubana lo es, puede ni debe mantener a su pueblo sometido al terror sin la condena unánime de los demócratas de todo el mundo, y por ello se debe exigir la liberación de todos los presos políticos, el fin de la dictadura y la instauración de un régimen democrático en Cuba.

El pasado martes 23 de febrero, Orlando Zapata Tamayo, simpatizante de la oposición democrática y pacífica al régimen, falleció en Camagüey, tras dos meses en huelga de hambre y dos semanas privado de agua por órdenes del régimen. Su protesta tenía un único, simple objetivo: que no lo torturasen más, que lo tratasen como a un ser humano, aún privado de libertad.

Orlando Zapata llevaba encarcelado desde la Primavera negra del 2003, llamada así por la detención y condena de 75 demócratas, y que motivó la condena unánime de la sociedad internacional así como la adopción, por parte de la Unión Europea, de una serie de medidas de apoyo a la oposición democrática, en el marco de la Posición Común, que abrieron una ventana a la esperanza de los oprimidos, antes de ser desgraciadamente desactivadas año y medio después.

Entre una dictadura y los ciudadanos a los que oprime, todos los demócratas debemos tomar partido por los ciudadanos. Tomar partido por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, por los perseguidos.

Como pueblos hermanos, los españoles no podemos mantenernos ajenos al drama de quienes padecen la privación de las libertades, la violación de los derechos humanos y la opresión de un régimen dictatorial que ya ha durado demasiado tiempo.

Los Grupos Municipal es del Partido Popular, consternados por el fallecimiento de Zapata y a su vez solidarios con la valentía, el sacrificio y el ejemplo de resistencia de toda la oposición cubana frente a un régimen dictatorial, elevan al Pleno  para su aprobación, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-Condenar la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo y traslada nuestra solidaridad al pueblo cubano.

SEGUNDO.-Exigir a las autoridades cubanas la inmediata liberación de todos los presos de conciencia.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que obtenga del Gobierno cubano el compromiso de que Cruz Roja Internacional pueda visitar las cárceles en las que se encuentran recluidos los presos de conciencia y verifique que las condiciones en las que se encuentran se ajustan a los estándares mínimos que exige la legalidad internacional.

CUARTO.- Reclamar al Gobierno de España que reanude, en el marco de la Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba, el apoyo y la solidaridad con la oposición democrática al régimen, y en especial la política de puertas abiertas para los demócratas en las embajadas, particularmente la española, así como la dotación de las mismas con sistemas abiertos de conexión inalámbrica a internet, a disposición de los ciudadanos vecinos a la legación.

QUINTO.-  Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de Asuntos Exteriores, a los Portavoces Parlamentarios de las Cortes y del Parlamento Europeo, así como al Embajador de Cuba en España.

En su última comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del año 2009, Zapatero ha vuelto a eludir la realidad con un discurso improvisado, vacío, plagado de “buenismo”, falsedades y contradicciones. Si en Noviembre nos aseguraba que la recuperación económica ya se había iniciado, en Diciembre pronostica que “el inicio de la recuperación es inminente”.  Zapatero ha vaticinado que, en el país de “Nunca jamás” donde él habita, la situación mejorará tanto en los próximos meses, que en 2010 se pasará “de la recesión a la recuperación” y de “la fuerte pérdida de empleo a la moderación y creación de empleo”.

Todo mentira, pues los indicadores reflejan un empeoramiento de la situación. Por un lado, el alarmante problema del paro, que ronda ya el 20%, el doble de la media de la Unión Europea, a cuya cabeza nos encontramos en materia de destrucción de empleo; el déficit público descontrolado, que cerrará el año en el 10% del PIB; el aumento desmesurado de la deuda pública, y que sumado al déficit público, nos coloca también al frente del índice de miseria en Europa según las agencias de calificación. A ello hay que sumar la contracción en un 5’5% del comercio minorista, la caída del 3,6% del consumo eléctrico en noviembre,  y el retroceso de 20’7 puntos de la confianza de los consumidores en las expectativas económicas. A todo ello se suma que los propios Presupuestos Generales del estado para 2010 aprobados en el Congreso con el voto en contra del PP prevén que el crecimiento “volverá a ser negativo” y habrá “300.000 parados más”.

Si por algo va a ser recordado el año 2009 en la historia de este Gobierno, es por la sucesión de contradicciones en materia económica. Tan sólo un par de ejemplos: tras la marcha de Solbes y negar reiteradamente que se fueran a subir los impuestos, el 28 de agosto Zapatero reconocía que habría una subida de impuestos “limitada y temporal” y un mes mas tarde, el 28 de Septiembre, la vicepresidenta Económica Elena Salgado, echaba marcha atrás asegurando que la subida fiscal que contienen los Presupuestos Generales del Estado para 2010 no será temporal, porque las circunstancias “no lo aconsejan” y que “el Gobierno no tiene previsión de que esto pueda cambiar”. Además se permitió corregir al Presidente refiriéndose a un supuesto error puesto que, según Salgado, la subida mencionada sería “limitada o temporal”, pero no ambas cosas a la vez.

A pesar de las reiteradas advertencias de deflación realizadas por Cristóbal Montoro portavoz de Economía del PP, el 30 de enero de 2009 el Gobierno la descartaba tajantemente. Meses mas tarde, los datos negativos del IPC de Marzo a Agosto confirmaban la inflación negativa.

Siendo desastrosa la gestión económica, en el terreno político el balance no es mucho mejor y los dislates se han sucedido durante todo el año 2009. Por mencionar algunos: la solución “in extremis” de la situación de la activista Haidar y las cesiones a Marruecos; la desastrosa gestión del secuestro del atunero Alakrana, y el pago del rescate a los secuestradores negado el 20 de Noviembre por la vicepresidenta primera del Gobierno y asumido un mes mas tarde en sede parlamentaria por el ministro de Exteriores al reconocer  expresamente que el rescate del Alakrana “se pagó con fondos reservados”.

Una de las cuestiones mas graves y todavía pendiente de aclaración es el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el Bar Faisán por parte del Ministerio del Interior, acreditado en la documentación incautada en Francia a la banda terrorista, así como la concesión por parte de Rubalcaba de la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo al inspector sospechoso del chivatazo. También merecen especial mención las falsedades vertidas por el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, al asegurar que el Sistema de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) “está regulado por ley orgánica”, cuando no hay una ley orgánica que habilite para utilizar este sistema.

Otra “perlita” sería el anuncio de Ángeles González Sinde a principios de Diciembre, sobre el cierre sin autorización judicial de páginas webs que vayan en contra de la propiedad intelectual. La ministra de Cultura mintió descaradamente al decir que “en ningún caso se cortaría Internet a ningún usuario”, puesto que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incluye expresamente los cortes de conexión anunciados.

En resumen: un año dramático en lo económico y deplorable en lo político. Un año perdido del que espero sólo nos quede un mal recuerdo y la esperanza de que en el año 2010 España pueda enderezar su rumbo y dejar de estar en el furgón de cola de Europa. Aunque para ello Zapatero debería salir de su autismo político, superar el síndrome de la Moncloa y ponerse a gobernar con los pies en la tierra.

Esta semana Getafe ha amanecido plagada de carteles contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En una nueva manifestación del talante socialista, el alcalde de Getafe y presidente de la FEMP Pedro Castro, ha decidido sufragar con dinero público seis gigantescos y costosos carteles, estratégicamente colocados en diferentes barrios del municipio,  donde se critica abiertamente la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pedro Castro no deja de sorprenderme, aunque esta vez ha ido un paso más lejos en el transitado camino de la provocación. Después de insultar a más de 10 millones de votantes del PP llamándonos “tontos de los cojones”, ahora decide gastar el dinero de todos sus vecinos en una nueva campaña, novedosa por aunar al mismo tiempo la crispación de la crítica sectaria con el más genuino autobombo de su propia gestión.

Durante el transcurso del mismo, se pudo escuchar a un numeroso grupo de ciudadanos que increpaban al presidente del Gobierno y a algunos ministros socialistas, mientras pedían su dimisión. Los abucheos se produjeron al comienzo del acto militar y tras su finalización, a pesar de que Rodríguez Zapatero salió como alma que lleva el diablo con destino a la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.

En un país democrático, cualquier expresión de protesta ciudadana es siempre legítima. El pueblo tiene todo el derecho  a salir a la calle y manifestar libremente su indignación ante las actuaciones de sus gobernantes, sean del color político que sean.

No dejo de preguntarme qué es lo que ocurre en este país para que hayamos llegado a una situación en la que una cosa es buena o mala según quién la haga o a quién vaya dirigida.

Me gustaría que alguien me dijera por qué razón cuando los abucheos van dirigidos al Sr. Rodríguez Zapatero o a cualquier dirigente socialista, se dice que proceden de sectores reaccionarios de la ultraderecha y, sin embargo, cuando los exabruptos van destinados a algún dirigente del PP, constituyen muestras legítimas de indignación ciudadana.

¿Es que acaso existen dos clases diferentes de abucheos? Los abucheos de izquierdas y de derechas;  los abucheos  buenos y los malos.

Sin embargo creo que debo dar mi opinión sobre lo que ayer ocurrió en el Comité de Dirección del PP en Madrid, para acallar a quienes se apresuraron a decir que el abandono de los Diputados del Grupo solo era una maniobra destinada a “premiarles” con todos los beneficios económicos y políticos que implicaría su eventual pertenencia al Grupo Mixto

Durante la reunión del Comité de Dirección, la presidenta Esperanza Aguirre, nos manifestó la intención del Grupo Parlamentario Popular de promover una reforma del reglamento de la Asamblea de Madrid, con la finalidad de crear la figura del diputado no adscrito. Horas más tarde fue el propio Grupo Parlamentario quién registraba en la Asamblea una iniciativa en este sentido. La Proposición de Ley presentada consta de un único artículo en el que se modifica el actual artículo 43 del Reglamento de la Cámara y establece que aquellos diputados que bien por decisión propia o por decisión del Grupo Parlamentario dejaran de pertenecer al Grupo Parlamentario de origen, tendrán consideración de diputados no adscritos durante el resto de la legislatura, y por tanto se beneficiarán únicamente de los derechos individualmente reconocidos a los diputados en el propio Reglamento.

Una vez más Esperanza Aguirre ha vuelto a dar la cara, actuando además de manera implacable, con rapidez y firmeza. Ya lo hizo cuando hace unos meses solicitó dimisiones y apartó a todos los imputados de cualquier cargo político y ejecutivo. Y vuelve a hacerlo ahora, al pedir a los tres imputados que abandonen su acta en el Parlamento regional. Creo que la autoridad moral de la Presidenta de la Comunidad de Madrid queda fuera de duda y ha sido reconocida incluso por el  secretario general de Juventudes Socialistas de España, Sergio Gutiérrez, quién en rueda de prensa ayer mismo puso a Esperanza Aguirre como ejemplo de “decencia democrática” por su decisión de expulsar a los tres diputados autonómicos del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.