Las cifras sobre la deuda autonómica, además de preocupantes, demuestran que el sistema no es sostenible, por lo que deberían abordarse profundas reformas en el mismo. En la actual situación de crisis económica los servicios públicos tienen que ser gestionados con eficacia y austeridad, lo que supone un estricto control del gasto de las administraciones públicas, reduciendo el número de funcionarios, empresas públicas y organismos que dependen de los presupuestos públicos. Es imprescindible que el modelo de financiación autonómica reconozca y premie la eficiencia en la gestión de los recursos, justo lo contrario de lo que hace José Luís Rodríguez zapatero, que se vale de los Presupuestos Generales del Estado para pagar favores políticos que garanticen su exigua mayoría parlamentaria.

En medio de este despilfarro autonómico pagado con cargo a todos los contribuyentes, la Comunidad de Madrid constituye una excepción, pues es la única que presenta un saldo positivo, por lo cual el Estado deberá devolverle 15 millones de euros. El propio Ministerio de Economía reconoce que, aunque todas las autonomías han disminuido sus ingresos, Madrid es la única Comunidad que ha registrado una mayor recaudación con cerca de 620 millones de euros, mientras comunidades como Cataluña o Andalucía tan sólo han recaudado 463 y 303 millones respectivamente. A estos datos se añaden los más de 12.000 millones que recibirán las autonomías por la recaudación de Impuestos Especiales, de los cuales 19 irán destinados a Madrid, mientras que, en el polo opuesto, Cataluña dejará de percibir 25 millones de euros. Por último, el informe destaca que Madrid es la única comunidad que no percibirá ni un solo euro de los 500 que constituyen el Fondo de Garantía Sanitaria, frente a los 110 que recibirá Andalucía o los 80 que irán a Cataluña.

En este caso las cifras hablan por sí mismas y demuestran la buena gestión de Esperanza Aguirre, que ha convertido a la Comunidad de Madrid en la primera economía y motor del crecimiento en España. Actualmente el crecimiento de la economía madrileña duplica el nacional y contribuye en gran manera al crecimiento del PIB español. Por otra parte, Madrid es la única Comunidad Autónoma que no necesita un plan de saneamiento y reequilibrio presupuestario, al tener estabilidad en sus cuentas públicas. Por último, la Comunidad de Madrid, con una tasa de paro 4 puntos inferior y una tasa de actividad 5 puntos superior a la media nacional, es la última esperanza de muchos ciudadanos para encontrar un empleo. Por todo ello,  Madrid se ha convertido en objetivo electoral prioritario para Zapatero. Sin embargo estoy segura que los madrileños en 2011  recompensarán en las urnas la buena gestión del Partido Popular  de Esperanza Aguirre.

El PSOE concurrió a las últimas elecciones con la promesa de  incrementar de manera “sustancial” los recursos públicos en I+D+i y fortalecer las instituciones científicas, como eje de su acción política en materia de capital tecnológico. Zapatero no se ha cansado de predicar un nuevo modelo productivo basado en las nuevas tecnologías y sin embargo, al llegar las “vacas flacas”, este capítulo ha sido uno de los primeros en sufrir el tijeretazo financiero, decisión que sin duda va a retrasar la incorporación de la investigación española a la cabeza de las potencias científicas mundiales, poniendo graves trabas para que la investigación se convierta en un motor fundamental del desarrollo económico a medio y largo plazo. Me pregunto ¿es posible vender como sostenible un modelo que da la espalda al I+D+i, el principal generador de crecimiento económico?

En el pasado año 2099, el Ministerio de Ciencia e Innovación ya sufrió un importante recorte de 450 millones de euros en los créditos asignados, reduciendo además un 25% las subvenciones destinadas a programas de I+D+i. En el ejercicio actual la cosa ha empeorado, siendo sin duda el Ministerio de Cristina Garmendía uno de los más perjudicados en el reparto presupuestario, con una reducción total del 15% de su presupuesto y un recorte del 30% en el gasto previsto en I+D+i, lo que supone un total de 1.494 millones de euros menos. En total, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha recortado el presupuesto del CSIC un 11’7%, el dedicado a la investigación energética, medioambiental y tecnológica un 26%, el presupuesto destinado a la investigación sanitaria un 38%, el destinado a financiar la investigación científica un 14’4% y el consignado para investigación del desarrollo tecnológico e industrial un 12’7%.

Pero si la cosa ya pintaba negra para la investigación y la ciencia en España, tras las medidas de austeridad presentadas por el Ejecutivo el pasado mes, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha sufrido un nuevo tijeretazo de 31’5 millones de euros en sus ya cercenadas cuentas. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en la comunidad científica, que constata con preocupación que la investigación se ha convertido en la oveja negra de este Gobierno. El grueso del recorte, 27,7 millones de euros, se hará en el capítulo 7, que es el que recoge todo el dinero de ayudas dirigidas a la investigación y cuyo presupuesto inicialmente ya estaba muy ajustado. En el capítulo 7, aparte de Plan Nacional y OPI, también se incluyen las subvenciones nominativas, las asignaciones a las infraestructuras científico técnicas singulares y los proyectos de I+D de empresas que financia el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una entidad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

Con estas cifras y una tasa del 1’35% sobre el PIB, según los últimos datos de la OCDE, España se encuentra muy por debajo de la media europea y no podrá cumplir el objetivo de Lisboa, que cifra en un 2% el gasto en I+D+i. De hecho Madrid es la única Comunidad Autónoma que ya ha alcanzado dicho objetivo, incluso dos años antes del plazo establecido.

Los investigadores han comenzado a salir a la calle para protestar contra el continuo recorte de los fondos destinados a I+D+i, al tiempo que manifiestan su decepción con la Ley de Ciencia. La comunidad científica está escandalizada por la negligencia del Ministerio de Ciencia e Innovación para gestionar su presupuesto, ya que sólo en 2009 dejó de gastar un 22’4% lo que significa 1.582 millones de euros sin utilizar.

Si queremos que el modelo productivo español cambie, hay que apostar sin duda por la investigación y la educación, con políticas que potencien la excelencia científica, faciliten la transferencia de conocimiento al sector productivo e impulsen la innovación empresarial. Por ello disminuir las inversiones de manera tan drástica en I+D+i supone dar un paso de gigante en la dirección contraria, relegando a España a un papel secundario y subalterno respecto a los países de nuestro entorno. El gobierno socialista no debería olvidar que no se puede recortar lo que debería ser la base de nuestro futuro. La I+D+i no sólo es un gasto sino una inversión que, además de fortalecer nuestra competitividad, va a generar riqueza y empleo.

Pero ahora resulta que en la España de Zapatero la austeridad afecta principalmente a la investigación y la ciencia. En vez de meter la tijera en los desorbitados gastos de personal de este Gobierno, o suprimir los absurdos e innecesarios Ministerios de igualdad o Vivienda, en cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo socialista decide recortar drásticamente los fondos destinados a la investigación. Da la impresión de que el nulo peso político de la ministra Garmendía ha podido influir para que el Ministerio de Ciencia e Innovación esté siendo el gran pagano de la crisis, pero lo cierto es que el panorama es muy descorazonador para la ciencia en España que, según la revista “Nature”, comienza su “descenso a la Edad del bronce” y  ha pasado a ser la oveja negra de Zapatero.

Es un presupuesto austero que, a pesar de bajar un 2’3% como consecuencia de la disminución de los ingresos, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que exige al Gobierno una deuda inferior al 0,75% del PIB de la Comunidad de Madrid.

Es un presupuesto social que servirá para garantizar y mejorar los servicios sociales indispensables, ya que el gasto social representa el 79’18% de la totalidad de las cuentas públicas. A pesar de las dificultades presupuestarias, la Sanidad aumenta un 1’74%, la Educación un 1’15% y los Asuntos Sociales un 7’12%, de forma que 4 de cada 5 euros irán destinados a las diferentes políticas sociales.

Es un presupuesto contra la crisis, que apuesta por impulsar la actividad económica, mediante la rebaja de impuestos y la reducción del gasto. Permitirá que haya más dinero disponible para las empresas solventes que actualmente no tienen acceso a créditos y pondrán a disposición de los madrileños cerca de 2.100 millones de euros.

El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid desmiente las tesis del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la imposibilidad de contención del gasto. Mientras los Presupuestos del Estado están marcados por el déficit descontrolado y la subida de impuestos que prolongarán la salida de la crisis, el de la Comunidad de Madrid es un presupuesto austero  que sin embargo apuesta por los servicios sociales. Madrid es el ejemplo de que es posible aunar el incremento del gasto social en unos presupuestos que no hipotecarán el futuro de la región con más deuda.

De nuevo, ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que haya demostrado que es posible e imprescindible, en la actual coyuntura de crisis económica, diseñar un presupuesto riguroso, que estimule el ahorro y, al tiempo, atienda a las necesidades de los ciudadanos.

La semana pasada, el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea y  el ex – ministro socialista Joaquín Almunia, reconocía que según las previsiones de la Comisión Europea, la economía española será la única de la UE que continuará sumida en la recesión durante el año 2009.

El propio presidente del Gobierno tras admitir  en  sede parlamentaria haberse equivocado en el pronóstico de la crisis, desgranó una serie de medidas para combatirla, basadas fundamentalmente en una subida generalizada de impuestos y sustentadas en dos medias verdades: 1) que nos lo podemos permitir porque la presión fiscal es menor que en 2004 y 2) que no va a afectar a las rentas del trabajo.

Rodríguez Zapatero olvidó aclarar que los ingresos procedentes de los impuestos han disminuido  no porque paguemos menos, sino por el descenso de la actividad económica, y que la supresión de la tan publicitada deducción de 400 euros en el IRPF no es otra cosa que un aumento de impuestos. Eso sin mencionar que la cada vez más posible subida del IVA afectará al consumo diario de rentas bajas y medias.  

Pero con su reclamo de 15.000 millones de euros más para  la imposible tarea de contener el déficit de 50.000 millones, Rodríguez Zapatero no pide sólo un esfuerzo a los bolsillos de los contribuyentes, sean quienes sean los aún desconocidos destinatarios de la subida de impuestos, a falta de concretar cuáles son las figuras que se revisarán. El presidente del Gobierno quiere un voto de confianza de los ciudadanos ante una nueva improvisación con el único aval de haber conseguido que España duplique la tasa de paro de la UE, cuando hace apenas dos años era el país que más empleo generaba.

La permanente huída hacia adelante del Gobierno al enfrentar la crisis económica se ha llevado por delante algo más que las posibilidades de una recuperación al ritmo del resto de los países de la Unión Europea. La confianza de contribuyentes y empresarios está por los suelos, mientras asisten atónitos a una colección de improvisaciones ineficaces cuyos únicos resultados han sido la consolidación de un déficit que se acercará al 10 por ciento del PIB a finales de año, un millón y medio de nuevos parados en 18 meses y el cierre de 400.000 empresas en 2008. La mala gestión de la crisis por parte del Ejecutivo socialista, ha tenido consecuencias muy negativas para nuestra economía: empobrecimiento, aumento del déficit, caída de la recaudación y de los ingresos del Estado.

Con este currículum, Rodríguez Zapatero reclama ahora de los ciudadanos un esfuerzo todavía mayor, sin prever que la subida de impuestos retraerá el consumo y el conjunto de la actividad económica, y sin escuchar a los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso, que ya se han manifestado en contra de la subida. El Gobierno sigue falseando el diagnóstico y aplica una política desmesurada de gasto, sin realizar reforma estructural alguna.

Urge una respuesta del Ejecutivo eficaz y consensuada con el resto de las fuerzas políticas que permita a contribuyentes y empresarios recuperar la confianza necesaria para ayudar a salir de la crisis.

El Gobierno socialista negó la crisis hasta que las cifras económicas  evidenciaron el engaño.  Cuando la situación de recesión era ya un hecho incuestionable, el  ejecutivo continuó errando en todos sus pronósticos, llevando a la economía española a una situación realmente catastrófica.

Un Gobierno que no sólo no se ha conseguido frenar el desempleo y el cierre de empresas, sino que nos ha arrastrado al mayor déficit de su historia, no tiene derecho a reivindicar el apoyo incondicional  de los ciudadanos, sin ofrecer garantías. Es necesario por tanto que el Gobierno abandone las improvisaciones y adopte una actitud activa y responsable ante la crisis, en lugar de esperar, en vano, que sea la coyuntura internacional quién la resuelva.