El PSOE concurrió a las últimas elecciones con la promesa de  incrementar de manera “sustancial” los recursos públicos en I+D+i y fortalecer las instituciones científicas, como eje de su acción política en materia de capital tecnológico. Zapatero no se ha cansado de predicar un nuevo modelo productivo basado en las nuevas tecnologías y sin embargo, al llegar las “vacas flacas”, este capítulo ha sido uno de los primeros en sufrir el tijeretazo financiero, decisión que sin duda va a retrasar la incorporación de la investigación española a la cabeza de las potencias científicas mundiales, poniendo graves trabas para que la investigación se convierta en un motor fundamental del desarrollo económico a medio y largo plazo. Me pregunto ¿es posible vender como sostenible un modelo que da la espalda al I+D+i, el principal generador de crecimiento económico?

En el pasado año 2099, el Ministerio de Ciencia e Innovación ya sufrió un importante recorte de 450 millones de euros en los créditos asignados, reduciendo además un 25% las subvenciones destinadas a programas de I+D+i. En el ejercicio actual la cosa ha empeorado, siendo sin duda el Ministerio de Cristina Garmendía uno de los más perjudicados en el reparto presupuestario, con una reducción total del 15% de su presupuesto y un recorte del 30% en el gasto previsto en I+D+i, lo que supone un total de 1.494 millones de euros menos. En total, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha recortado el presupuesto del CSIC un 11’7%, el dedicado a la investigación energética, medioambiental y tecnológica un 26%, el presupuesto destinado a la investigación sanitaria un 38%, el destinado a financiar la investigación científica un 14’4% y el consignado para investigación del desarrollo tecnológico e industrial un 12’7%.

Pero si la cosa ya pintaba negra para la investigación y la ciencia en España, tras las medidas de austeridad presentadas por el Ejecutivo el pasado mes, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha sufrido un nuevo tijeretazo de 31’5 millones de euros en sus ya cercenadas cuentas. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en la comunidad científica, que constata con preocupación que la investigación se ha convertido en la oveja negra de este Gobierno. El grueso del recorte, 27,7 millones de euros, se hará en el capítulo 7, que es el que recoge todo el dinero de ayudas dirigidas a la investigación y cuyo presupuesto inicialmente ya estaba muy ajustado. En el capítulo 7, aparte de Plan Nacional y OPI, también se incluyen las subvenciones nominativas, las asignaciones a las infraestructuras científico técnicas singulares y los proyectos de I+D de empresas que financia el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una entidad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

Con estas cifras y una tasa del 1’35% sobre el PIB, según los últimos datos de la OCDE, España se encuentra muy por debajo de la media europea y no podrá cumplir el objetivo de Lisboa, que cifra en un 2% el gasto en I+D+i. De hecho Madrid es la única Comunidad Autónoma que ya ha alcanzado dicho objetivo, incluso dos años antes del plazo establecido.

Los investigadores han comenzado a salir a la calle para protestar contra el continuo recorte de los fondos destinados a I+D+i, al tiempo que manifiestan su decepción con la Ley de Ciencia. La comunidad científica está escandalizada por la negligencia del Ministerio de Ciencia e Innovación para gestionar su presupuesto, ya que sólo en 2009 dejó de gastar un 22’4% lo que significa 1.582 millones de euros sin utilizar.

Si queremos que el modelo productivo español cambie, hay que apostar sin duda por la investigación y la educación, con políticas que potencien la excelencia científica, faciliten la transferencia de conocimiento al sector productivo e impulsen la innovación empresarial. Por ello disminuir las inversiones de manera tan drástica en I+D+i supone dar un paso de gigante en la dirección contraria, relegando a España a un papel secundario y subalterno respecto a los países de nuestro entorno. El gobierno socialista no debería olvidar que no se puede recortar lo que debería ser la base de nuestro futuro. La I+D+i no sólo es un gasto sino una inversión que, además de fortalecer nuestra competitividad, va a generar riqueza y empleo.

Pero ahora resulta que en la España de Zapatero la austeridad afecta principalmente a la investigación y la ciencia. En vez de meter la tijera en los desorbitados gastos de personal de este Gobierno, o suprimir los absurdos e innecesarios Ministerios de igualdad o Vivienda, en cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo socialista decide recortar drásticamente los fondos destinados a la investigación. Da la impresión de que el nulo peso político de la ministra Garmendía ha podido influir para que el Ministerio de Ciencia e Innovación esté siendo el gran pagano de la crisis, pero lo cierto es que el panorama es muy descorazonador para la ciencia en España que, según la revista “Nature”, comienza su “descenso a la Edad del bronce” y  ha pasado a ser la oveja negra de Zapatero.

A pesar del carácter técnico de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, merece hacer un pequeño análisis de las consecuencias que para los madrileños van a tener las cuentas públicas que hoy se aprueban en la Asamblea de Madrid.

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2010, responde a las políticas que el Gobierno de Esperanza Aguirre viene desarrollando contra la crisis económica en un año en el que España, según las previsiones del FMI y la OCDE, será el único país de la Unión Europea que no saldrá de la recesión. Se pondrán en marcha nuevas medidas liberalizadoras en diferentes sectores económicos que, junto con la simplificación administrativa y las rebajas fiscales para las empresas y los ciudadanos madrileños, contribuirán decisivamente a impulsar la creación de empleo y  la reactivación económica de la región.

Además es un presupuesto riguroso y austero, que cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas las Comunidades Autónomas, y mantiene la deuda pública por debajo del 0,75% del PIB de la Comunidad de Madrid.  La reducción del gasto público se consigue aplicando los principios de eficacia y eficiencia que permiten disminuir los gastos administrativos y de organización de la propia administración autonómica.

A pesar de ello el presupuesto para 2010, dotado con 18.383 millones de euros, garantiza y amplía la prestación de los servicios públicos para todos los ciudadanos. La sanidad, la educación y la atención social son materias prioritarias de gasto para el Gobierno de Esperanza Aguirre y representan el 79’18% de la totalidad de las cuentas públicas. Por otra parte, el aumento de casi un punto que experimentan las áreas de Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Vivienda, Empleo, Cultura e Inmigración, hace de éstos unos presupuestos sociales en el que 4 de cada 5 euros irán destinados a  políticas sociales.

El grueso de las inversiones productivas se concentran principalmente en la construcción de cuatro nuevos hospitales públicos, en las inversiones en centros docentes no universitarios, 25 nuevos colegios públicos bilingües y 25 institutos bilingües, en la construcción de 1.500 viviendas de promoción pública y rehabilitación, en las ampliaciones previstas de las líneas de METRO, red ferroviaria y de carreteras, y en el Plan Regional de Inversiones PRISMA 2008-20011 destinado a los Ayuntamientos de la Región entre otras.

A pesar de la crisis económica, este presupuesto va a permitir que el Gobierno de Esperanza Aguirre desarrolle las actuaciones comprometidas con los madrileños y el cumplimiento del programa electoral con el cual el Partido Popular concurrió a las elecciones de 2007, sin hipotecar el futuro de nuestra Comunidad.

Son los mismos sindicatos que hace algunas semanas mandaron a “su puta casa” a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y destacado dirigente socialista, por haber cometido el imperdonable error de pedir en sede parlamentaria una reforma estructural del mercado laboral necesaria para la recuperación económica en España.

En una situación en la que España lidera  la destrucción de empleo en la Unión Europea, no hay mayor violación de los derechos de los trabajadores que no tener trabajo. Por ello resulta sorprendente que los sindicatos, en vez de manifestarse contra el Gobierno para protestar contra su incapacidad para paliar la crisis, crear las condiciones para favorecer el empleo y frenar el paro, lo hagan contra los empresarios, que son quienes crean puestos de trabajo. Es incomprensible que con cuatro millones de parados ni UGT ni CCOO hayan abierto la boca y, sin embargo, ahora salgan a la calle para manifestarse en contra de los empresarios. Si un Gobierno del Partido Popular ofreciera a los ciudadanos una tasa de paro que dobla la media de la Unión Europea y va camino de los cinco millones de personas, no me cabe ninguna duda de que los dirigentes sindicales organizarían protestas diarias en su contra frente a La Moncloa y ante la sede del PP.

Lamentablemente, los sindicatos españoles son una clase privilegiada que defiende con encono a sus liberados y a sus afiliados, pero que se caracteriza por su pobre defensa de aquellos que tienen la desgracia de formar parte de las listas del paro.

El pasado mes de septiembre, durante el inicio del curso político en Rodiezmo, Zapatero dijo a los sindicatos que “necesitaba su cariño”.  Resulta evidente que le han dado cariño a raudales, y también es obvio que ellos han recibido el amor presidencial… y algo más. En una situación de fuerte crisis económica las centrales sindicales disfrutan paradójicamente de una situación holgada. Como muestra de ello, tan sólo entre abril y junio, CCOO y UGT recibieron 125 millones de euros, además de los  15,8 millones que el Ministerio de Trabajo destina este año exclusivamente para el desarrollo de indeterminadas “actividades sindicales”.

Hace pocas semanas, durante la celebración en Navarra del 25 Congreso de la Federación del Metal de UGT, asistimos a un nuevo capítulo del romance protagonizado entre Rodríguez Zapatero y las centrales sindicales. Da vergüenza ajena ver las carantoñas mutuas que se dispensaron el presidente del país con mayor tasa de paro de Europa y los dirigentes sindicales. En esta ocasión ZP agradeció a CCOO y UGT su contribución a la paz social y les dijo que “nunca iba a olvidarlo”. Les prometió “mejorar su representación y fortalecer su institucionalidad”, lo que significa lisa y llanamente más prebendas para los sindicatos, a cambio de su silencio. Habrá quién piense que éste es un matrimonio por amor, pero a mi me parece mas un matrimonio de conveniencia. Y el próximo sábado asistiremos a otra de sus capitulaciones.