El PSOE concurrió a las últimas elecciones con la promesa de  incrementar de manera “sustancial” los recursos públicos en I+D+i y fortalecer las instituciones científicas, como eje de su acción política en materia de capital tecnológico. Zapatero no se ha cansado de predicar un nuevo modelo productivo basado en las nuevas tecnologías y sin embargo, al llegar las “vacas flacas”, este capítulo ha sido uno de los primeros en sufrir el tijeretazo financiero, decisión que sin duda va a retrasar la incorporación de la investigación española a la cabeza de las potencias científicas mundiales, poniendo graves trabas para que la investigación se convierta en un motor fundamental del desarrollo económico a medio y largo plazo. Me pregunto ¿es posible vender como sostenible un modelo que da la espalda al I+D+i, el principal generador de crecimiento económico?

En el pasado año 2099, el Ministerio de Ciencia e Innovación ya sufrió un importante recorte de 450 millones de euros en los créditos asignados, reduciendo además un 25% las subvenciones destinadas a programas de I+D+i. En el ejercicio actual la cosa ha empeorado, siendo sin duda el Ministerio de Cristina Garmendía uno de los más perjudicados en el reparto presupuestario, con una reducción total del 15% de su presupuesto y un recorte del 30% en el gasto previsto en I+D+i, lo que supone un total de 1.494 millones de euros menos. En total, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha recortado el presupuesto del CSIC un 11’7%, el dedicado a la investigación energética, medioambiental y tecnológica un 26%, el presupuesto destinado a la investigación sanitaria un 38%, el destinado a financiar la investigación científica un 14’4% y el consignado para investigación del desarrollo tecnológico e industrial un 12’7%.

Pero si la cosa ya pintaba negra para la investigación y la ciencia en España, tras las medidas de austeridad presentadas por el Ejecutivo el pasado mes, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha sufrido un nuevo tijeretazo de 31’5 millones de euros en sus ya cercenadas cuentas. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en la comunidad científica, que constata con preocupación que la investigación se ha convertido en la oveja negra de este Gobierno. El grueso del recorte, 27,7 millones de euros, se hará en el capítulo 7, que es el que recoge todo el dinero de ayudas dirigidas a la investigación y cuyo presupuesto inicialmente ya estaba muy ajustado. En el capítulo 7, aparte de Plan Nacional y OPI, también se incluyen las subvenciones nominativas, las asignaciones a las infraestructuras científico técnicas singulares y los proyectos de I+D de empresas que financia el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una entidad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

Con estas cifras y una tasa del 1’35% sobre el PIB, según los últimos datos de la OCDE, España se encuentra muy por debajo de la media europea y no podrá cumplir el objetivo de Lisboa, que cifra en un 2% el gasto en I+D+i. De hecho Madrid es la única Comunidad Autónoma que ya ha alcanzado dicho objetivo, incluso dos años antes del plazo establecido.

Los investigadores han comenzado a salir a la calle para protestar contra el continuo recorte de los fondos destinados a I+D+i, al tiempo que manifiestan su decepción con la Ley de Ciencia. La comunidad científica está escandalizada por la negligencia del Ministerio de Ciencia e Innovación para gestionar su presupuesto, ya que sólo en 2009 dejó de gastar un 22’4% lo que significa 1.582 millones de euros sin utilizar.

Si queremos que el modelo productivo español cambie, hay que apostar sin duda por la investigación y la educación, con políticas que potencien la excelencia científica, faciliten la transferencia de conocimiento al sector productivo e impulsen la innovación empresarial. Por ello disminuir las inversiones de manera tan drástica en I+D+i supone dar un paso de gigante en la dirección contraria, relegando a España a un papel secundario y subalterno respecto a los países de nuestro entorno. El gobierno socialista no debería olvidar que no se puede recortar lo que debería ser la base de nuestro futuro. La I+D+i no sólo es un gasto sino una inversión que, además de fortalecer nuestra competitividad, va a generar riqueza y empleo.

Pero ahora resulta que en la España de Zapatero la austeridad afecta principalmente a la investigación y la ciencia. En vez de meter la tijera en los desorbitados gastos de personal de este Gobierno, o suprimir los absurdos e innecesarios Ministerios de igualdad o Vivienda, en cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo socialista decide recortar drásticamente los fondos destinados a la investigación. Da la impresión de que el nulo peso político de la ministra Garmendía ha podido influir para que el Ministerio de Ciencia e Innovación esté siendo el gran pagano de la crisis, pero lo cierto es que el panorama es muy descorazonador para la ciencia en España que, según la revista “Nature”, comienza su “descenso a la Edad del bronce” y  ha pasado a ser la oveja negra de Zapatero.

MOCION PARA CONDENAR LAS ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS DEL RÉGIMEN CUBANO Y EN APOYO AL PUEBLO Y A LA DISIDENCIA DE LA ISLA

Durante más de medio siglo de dictadura comunista, personificada en la figura de Fidel Castro y recientemente, como régimen hereditario, en su hermano Raúl, el sufrimiento de los ciudadanos cubanos, privados de su libertad, no ha hecho más que ir en aumento.

Hoy existen más de doscientos presos políticos en las cárceles de Cuba, ciudadanos que fueron encarcelados por el mero hecho de pedir de manera pacífica una apertura democrática del país. Algunos de ellos han sido procesados por peligrosidad pre-delictiva, artificio jurídico que permite privar de libertad a cualquiera por la mera sospecha de la autoridad competente.

Ninguna dictadura, y la cubana lo es, puede ni debe mantener a su pueblo sometido al terror sin la condena unánime de los demócratas de todo el mundo, y por ello se debe exigir la liberación de todos los presos políticos, el fin de la dictadura y la instauración de un régimen democrático en Cuba.

El pasado martes 23 de febrero, Orlando Zapata Tamayo, simpatizante de la oposición democrática y pacífica al régimen, falleció en Camagüey, tras dos meses en huelga de hambre y dos semanas privado de agua por órdenes del régimen. Su protesta tenía un único, simple objetivo: que no lo torturasen más, que lo tratasen como a un ser humano, aún privado de libertad.

Orlando Zapata llevaba encarcelado desde la Primavera negra del 2003, llamada así por la detención y condena de 75 demócratas, y que motivó la condena unánime de la sociedad internacional así como la adopción, por parte de la Unión Europea, de una serie de medidas de apoyo a la oposición democrática, en el marco de la Posición Común, que abrieron una ventana a la esperanza de los oprimidos, antes de ser desgraciadamente desactivadas año y medio después.

Entre una dictadura y los ciudadanos a los que oprime, todos los demócratas debemos tomar partido por los ciudadanos. Tomar partido por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, por los perseguidos.

Como pueblos hermanos, los españoles no podemos mantenernos ajenos al drama de quienes padecen la privación de las libertades, la violación de los derechos humanos y la opresión de un régimen dictatorial que ya ha durado demasiado tiempo.

Los Grupos Municipal es del Partido Popular, consternados por el fallecimiento de Zapata y a su vez solidarios con la valentía, el sacrificio y el ejemplo de resistencia de toda la oposición cubana frente a un régimen dictatorial, elevan al Pleno  para su aprobación, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-Condenar la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo y traslada nuestra solidaridad al pueblo cubano.

SEGUNDO.-Exigir a las autoridades cubanas la inmediata liberación de todos los presos de conciencia.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que obtenga del Gobierno cubano el compromiso de que Cruz Roja Internacional pueda visitar las cárceles en las que se encuentran recluidos los presos de conciencia y verifique que las condiciones en las que se encuentran se ajustan a los estándares mínimos que exige la legalidad internacional.

CUARTO.- Reclamar al Gobierno de España que reanude, en el marco de la Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba, el apoyo y la solidaridad con la oposición democrática al régimen, y en especial la política de puertas abiertas para los demócratas en las embajadas, particularmente la española, así como la dotación de las mismas con sistemas abiertos de conexión inalámbrica a internet, a disposición de los ciudadanos vecinos a la legación.

QUINTO.-  Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de Asuntos Exteriores, a los Portavoces Parlamentarios de las Cortes y del Parlamento Europeo, así como al Embajador de Cuba en España.

Son muchos quienes diariamente se encargan de criticar la supuestamente escasa disposición al diálogo de Esperanza Aguirre y su falta de capacidad para adoptar acuerdos políticos y sociales con otras organizaciones. Sin embargo ha sido precisamente su Gobierno el único que, hasta la fecha, ha conseguido llegar a un gran pacto con todos los agentes sociales en la Comunidad de Madrid.

Hace apenas unas semanas la jefa del Ejecutivo madrileño, el presidente de la patronal CEIM-CEOE y los secretarios generales autonómicos de CC.OO y de UGT, firmaban el denominado “Acuerdo para la Competitividad, la Generación de Empleo y la Concertación Social en la región”, que sin duda va a ser un instrumento decisivo para reactivar la economía madrileña, impulsando la competitividad y la innovación de todos sus sectores.

En la actual situación de crisis, el diálogo social es imprescindible para estimular la actividad económica, generar confianza en la sociedad y posibilitar la creación de empleo. Por ello, creo que el paso dado en Madrid adquiere una especial relevancia, pues supone que empresarios, trabajadores y Gobierno de la Comunidad sumen esfuerzos para llegar a acuerdos, por encima de dogmatismos o discrepancias ideológicas que garanticen un adecuado clima de diálogo y estabilidad social, sin el cual no sería posible avanzar hacia un modelo productivo más eficiente que nos ayude a salir de la recesión.

Este importante acuerdo busca poner en marcha mecanismos que permitan reactivar la economía madrileña, mejorando su competitividad y propiciando la generación de empleo en sectores económicos estratégicos como la industria, que sólo en 2008 fue responsable del 10,39 por ciento de los puestos de trabajo creados, y la investigación. El convenio contempla dos grandes ejes de actuación, que se concretan en el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid y el Plan Regional de I+D+i 2009-2012, dotados con 892 y 3.000 millones de euros respectivamente; 3.892 millones de euros, que irán destinados íntegramente a fomentar la industria y consolidar la I+D+i en nuestra Región.

Concretamente, el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid (FICAM) tiene como objetivos mejorar la competitividad industrial, mantener y potenciar el número de empresas industriales existentes en Madrid y reforzar el entorno competitivo que promueva la permanencia de las industrias ya instaladas. Asimismo, busca atraer a nuestra Región nuevas inversiones industriales en actividades de alto contenido tecnológico e incentivar la demanda de bienes y servicios industriales.

Por su parte, el Plan Regional de I+D+i (PRIDI) pretende avanzar en la competitividad de la Comunidad de Madrid, impulsando la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica madrileña. El PRIDI va a ser sin duda un instrumento esencial para consolidar nuestra posición internacional en I+D+i y permitirá la creación de 80.000 nuevos empleos (30.000 directos y 50.000 indirectos) hasta 2012. El Plan, además de impulsar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como elemento clave para una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos, supone también el apoyo a la investigación realizada por las universidades y los centros de investigación a través de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, en áreas estratégicas como la salud, la energía, las comunicaciones o el agua. De esta manera, Madrid se situará a la cabeza en el desarrollo de ciencia y tecnologías punteras e internacionalmente competitivas.

Con la firma de este pacto, la Comunidad de Madrid  ha vuelto a ser pionera en el diálogo y la concertación social. Espero sinceramente que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero tome buena nota de las dotes negociadoras de la presidenta del Partido Popular de Madrid y, en las próximas semanas, tire de talante para intentar llegar a acuerdos parecidos con las fuerzas sociales, en un momento en que la economía española se encuentra dramáticamente estancada en la recesión.

Son los mismos sindicatos que hace algunas semanas mandaron a “su puta casa” a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y destacado dirigente socialista, por haber cometido el imperdonable error de pedir en sede parlamentaria una reforma estructural del mercado laboral necesaria para la recuperación económica en España.

En una situación en la que España lidera  la destrucción de empleo en la Unión Europea, no hay mayor violación de los derechos de los trabajadores que no tener trabajo. Por ello resulta sorprendente que los sindicatos, en vez de manifestarse contra el Gobierno para protestar contra su incapacidad para paliar la crisis, crear las condiciones para favorecer el empleo y frenar el paro, lo hagan contra los empresarios, que son quienes crean puestos de trabajo. Es incomprensible que con cuatro millones de parados ni UGT ni CCOO hayan abierto la boca y, sin embargo, ahora salgan a la calle para manifestarse en contra de los empresarios. Si un Gobierno del Partido Popular ofreciera a los ciudadanos una tasa de paro que dobla la media de la Unión Europea y va camino de los cinco millones de personas, no me cabe ninguna duda de que los dirigentes sindicales organizarían protestas diarias en su contra frente a La Moncloa y ante la sede del PP.

Lamentablemente, los sindicatos españoles son una clase privilegiada que defiende con encono a sus liberados y a sus afiliados, pero que se caracteriza por su pobre defensa de aquellos que tienen la desgracia de formar parte de las listas del paro.

El pasado mes de septiembre, durante el inicio del curso político en Rodiezmo, Zapatero dijo a los sindicatos que “necesitaba su cariño”.  Resulta evidente que le han dado cariño a raudales, y también es obvio que ellos han recibido el amor presidencial… y algo más. En una situación de fuerte crisis económica las centrales sindicales disfrutan paradójicamente de una situación holgada. Como muestra de ello, tan sólo entre abril y junio, CCOO y UGT recibieron 125 millones de euros, además de los  15,8 millones que el Ministerio de Trabajo destina este año exclusivamente para el desarrollo de indeterminadas “actividades sindicales”.

Hace pocas semanas, durante la celebración en Navarra del 25 Congreso de la Federación del Metal de UGT, asistimos a un nuevo capítulo del romance protagonizado entre Rodríguez Zapatero y las centrales sindicales. Da vergüenza ajena ver las carantoñas mutuas que se dispensaron el presidente del país con mayor tasa de paro de Europa y los dirigentes sindicales. En esta ocasión ZP agradeció a CCOO y UGT su contribución a la paz social y les dijo que “nunca iba a olvidarlo”. Les prometió “mejorar su representación y fortalecer su institucionalidad”, lo que significa lisa y llanamente más prebendas para los sindicatos, a cambio de su silencio. Habrá quién piense que éste es un matrimonio por amor, pero a mi me parece mas un matrimonio de conveniencia. Y el próximo sábado asistiremos a otra de sus capitulaciones.

ENTREVISTA PARA LA REVISTA SIETE ESTRELLAS

En una de sus recientes intervenciones en el Plenario señaló que el verdadero problema que todavía no se ha abordado es una reforma profunda del sistema de financiación local ¿Se trata de una demanda generalizada de todos los ayuntamientos?

Desde luego. Y es lógico que los Ayuntamientos quieran estar cada vez mejor financiados porque, además de tener mas población, tienen también mayores competencias y gestionan mas servicios para sus vecinos. Confiábamos en que, junto al nuevo modelo de financiación autonómica, se hubiera abordado también un nuevo sistema de financiación local, tal como se había comprometido el presidente del Gobierno. Hemos sabido por el vicepresidente Chaves que el nuevo modelo de financiación local no estará listo antes de 2011. Una vez más, los ayuntamientos son víctimas de la improvisación del Ejecutivo de Zapatero, lo cual es especialmente lamentable en una situación de crisis económica que ahoga cada vez más a nuestros municipios.

¿Por qué cree que el señor Pedro Castro, siendo presidente de la Federación Española de Municipios, ve bien el aplazamiento del sistema de financiación, cosa que parece incomprensible?

Pedro Castro debería dimitir como presidente de la FEMP por varias razones. En primer lugar, porque ha demostrado ser un dirigente sectario que no sólo insulta a diez millones de votantes del Partido Popular llamándoles “tontos de los cojones”, sino que además reedita el “Pacto del Tinell”, excluyendo a los representantes del PP de la comisión bilateral que negocia la reforma de la financiación local con el Ministerio de Economía. Estas actitudes dejan claros el escaso talante democrático y el concepto de diálogo del señor Castro. Pero además, el alcalde de Getafe, en vez de defender los intereses de los ayuntamientos a los que representa, supedita sus obligaciones como presidente de la FEMP a los intereses partidistas del PSOE.

¿Cree que se está ejerciendo una oposición constructiva desde los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida?

Aunque en esta legislatura hemos conseguido alcanzar ocasionalmente acuerdos, como la creación de una Comisión Parlamentaria para el Estudio de la Discapacidad, habitualmente echo en falta una crítica más objetiva, que reconozca algunos de los logros del Ejecutivo regional, que son innegables, y una mayor disposición a colaborar con propuestas constructivas. Creo que una oposición seria pasaría por que el Partido Socialista de Madrid se presentara como una alternativa real de Gobierno y no como una caja de resonancia para justificar las políticas discriminatorias del Gobierno de Zapatero en Madrid. El PSOE se está convirtiendo en un partido “antisistema”, cada vez mas alejado de las instituciones. Quizás tenga que ver con el hecho de que su secretario general, Tomás Gómez,  no sea diputado ni ostente cargo público alguno.

Recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que quiere hacer de Madrid una Comunidad de libertades en cuanto a la libre elección en materias como la educación, la sanidad, etcétera.

El progreso en la libertad ha sido siempre uno de los principales ejes de la acción de Esperanza Aguirre en las distintas administraciones en las que ha trabajado. No sólo como derecho de la ciudadanía, sino como garantía de más oportunidades para el progreso económico del que la Comunidad de Madrid es un magnífico ejemplo. Cuestiones como la libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que además es un derecho recogido en la Constitución, es algo completamente asumido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, y no debería ser cuestionado por ningún gobierno autonómico.

¿Supone un avance la libre elección de médicos que el Gobierno de Aguirre propone?

Indudablemente, porque es un derecho añadido a la sanidad gratuita y universal a la que tienen derecho todos los ciudadanos en España. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha querido dar un paso más, tras la ampliación del sistema público de salud con la apertura de ocho nuevos hospitales y 55 centros de salud en la pasada legislatura, garantizando además por Ley la libre elección de médico. Creo que las administraciones deben trabajar por la mejora continua de los servicios que garantizan. Y, sin duda, facilitar a los ciudadanos el médico de su elección supone una evidente mejora.

¿Qué ha supuesto el Plan E para Madrid en cuanto a las inversiones realizadas, frente al PRISMA?

El Plan E ha supuesto una inversión de 1.076 millones de euros. Pero mientras el 80% va destinado en exclusiva al Ayuntamiento de Madrid, el resto de los municipios de la Comunidad disponen tan solo de 222 millones de euros, una cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades. Por el contrario, las inversiones del PRISMA van dirigidas exclusivamente a estos 178 ayuntamientos. Solo en los años 2008-2011, el Gobierno regional va a realizar inversiones por valor de 700 millones de euros, con cargo al PRISMA. Con todo, lo verdaderamente criticable del Plan E es que es una medida, como tantas del Gobierno de Zapatero, coyuntural, electoralista, cortoplacista, creada para maquillar las terribles cifras de desempleo. El PRISMA, sin embargo, es un programa estructural, permanente, planificado y consensuado con los ayuntamientos. No solo ha demostrado ser un instrumento eficaz para la generación de empleo, sino que además permite que los Ayuntamientos puedan destinar un 25% del dinero recibido para pagar gastos corrientes, cosa que en la actual situación de crisis resulta fundamental para ellos.

El asunto del empleo es una de las prioridades de la Comunidad ¿Cree que se está consiguiendo una estabilidad en la lucha contra el paro?

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha priorizado entre sus objetivos la lucha contra el paro y la generación de empleo. La Comunidad de Madrid no es ajena a la crisis económica que sufre España con mayor virulencia que en otros países, como consecuencia de los errores de previsión y falta de políticas activas de los Gobiernos de Zapatero. Pese a estas circunstancias, la Comunidad resiste mejor que otras autonomías. De hecho, la tasa de paro de la región está casi cuatro puntos por debajo de la media nacional. Sólo uno de cada nueve parados es madrileño, pese a que el porcentaje del mercado de trabajo en el conjunto del país es del 16 por ciento. Esto sin duda se debe al esfuerzo constante del Gobierno regional por el fomento del empleo. Es cierto que no son los gobiernos quienes crean directamente los puestos de trabajo, pero tienen la obligación de adoptar medidas fiscales y económicas para generar las condiciones favorables.

Financiación de Comunidades. ¿Qué opinión le merece la financiación que el Gobierno de Zapatero destinará a la Comunidad de Madrid?

Mi opinión es muy negativa, puesto que la financiación es insuficiente y además el modelo es injusto. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha manifestado su desacuerdo con el nuevo modelo de financiación autonómico, tanto por las formas utilizadas como por su contenido. Necesitamos la equidad en el sistema de financiación, pero Zapatero ha cedido a las reivindicaciones de sus socios independentistas en Cataluña a cambio de su estabilidad parlamentaria, ahora que se encuentra en minoría. Lo que Madrid reclama es el reconocimiento real del número población y la suficiencia financiera para hacer frente a la prestación de los servicios básicos a todos nuestros ciudadanos. Zapatero ha vuelto a discriminar y engañar a los madrileños, al incumplir su compromiso de reconocer el crecimiento de nuestra población y dejar fuera de la financiación sanitaria a 600.000 madrileños. Nosotros no criticamos que otras comunidades reciban más fondos, pero reivindicamos una situación justa para Madrid, ahora que vamos a ser la única comunidad autónoma que va a garantizar la solidaridad territorial.

En lugar de argumentar el porqué de su oposición a que las inversiones del estado en las regiones se rijan por criterios de equidad y solidaridad, la también presidenta del PSM se salió de la cuestión en reiteradas ocasiones durante su intervención con el único objetivo de arremeter contra Aguirre. Delia Blanco confundió por momentos la tribuna de la Cámara Baja con la de un mitin, como se deduce de las acusaciones difamatorias que dedicó a Aguirre y su Ejecutivo.

La Proposición de Ley fue finalmente rechazada en la votación, pienso que no porque los diputados socialistas estuvieran en contra de la idea que planteaba, sino para escenificar una derrota de Aguirre que no consiguen en Madrid. Con esa pataleta, perdieron la oportunidad de garantizar por ley la ausencia de privilegios económicos o sociales que puedan implicar las diferencias entre estatutos de las Comunidades Autónomas.

La actuación del grupo parlamentario socialista fue irresponsable y partidista.  Se confundieron al querer representar con el rechazo a la Proposición de Ley una victoria sobre el Gobierno de Aguirre. Y lo peor fue que, al decir que no a la medida, dijeron también que no a los ciudadanos y a la justicia entre las administraciones regionales.

El interés de Delia Blanco por la confrontación con el Gobierno de Madrid le impidió escuchar lo que dijo Aguirre en el Congreso: “Señorías, he venido hoy aquí, no para pedir dinero o para pedir privilegios para los madrileños. He venido aquí a pedir equidad. Equidad para los madrileños y equidad para todos los españoles”.

En estos seis años ha habido sin duda momentos difíciles. El ejecutivo regional se ha enfrentado a situaciones complicadas y a ataques despiadados procedentes de nuestros adversarios políticos. A pesar de las descalificaciones  y aunque algunos descreídos dudaran de la capacidad de este Gobierno para llevar a cabo los compromisos electorales, lo cierto es que en apenas seis años la Comunidad de Madrid cuenta con casi cien kilómetros nuevos de Metro, ocho nuevos Hospitales públicos, 240 Colegios Públicos bilingües y 20.000 plazas nuevas para personas dependientes, entre otros logros.

La realidad es que en estos momentos, y a pesar de la crisis económica, la política de estímulo de la economía y bajada de impuestos aplicada por el Gobierno de esperanza Aguirre ha convertido a Madrid en la Comunidad autónoma más atractiva de España para invertir y crear riqueza. De hecho, de toda la inversión extranjera recibida en España el año pasado, el 82%  de las inversiones vinieron a Madrid.

La credibilidad de Esperanza Aguirre se basa principalmente en el cumplimiento de todas las promesas contenidas en el programa electoral con el cual concurrió a las elecciones y ha sido la clave del cada vez mayor apoyo popular a la presidenta del Partido Popular en Madrid.

Pero el balance de los seis años de Gobierno no puede ser sólo de autocomplacencia por lo mucho realizado. Ya lo dijo Esperanza Aguirre la pasada semana en Navalcarnero ante cientos de militantes y simpatizantes del partido Popular: estamos en un momento crucial para millares de familias madrileñas y por ello el Gobierno de la Comunidad renueva diariamente el compromiso con los madrileños y va a seguir trabajando mas que nunca, con energía y entusiasmo; con el pico y la pala.

Cuanto menos es sorprendente que vaya a reclamar empleos para Madrid cuando el partido al que representa debería justificar ante las autoridades comunitarias los motivos por los que, en apenas seis años, España ha pasado de liderar la creación de empleo en Europa a ser el país que más parados genera, sólo por detrás de Letonia.

Y, si de reclamar ayudas comunitarias se trata, Tomás Gómez podría aprovechar su segunda visita a la capital belga desde que es secretario general para preguntar por los 20.000 millones euros que el Gobierno socialista hizo perder a España, tras una desastrosa negociación de los fondos comunitarios.

Por el contrario, el Ejecutivo regional siempre ha defendido los intereses de los madrileños en UE, como lo demuestran dos convenios firmados por el Gobierno de Esperanza Aguirre  con el Banco Europeo de Inversiones para financiar la mitad del coste total del Plan de Infraestructuras Educativas para el periodo 2009-2011 y la ampliación de la Red de Metro de la Comunidad de Madrid.

El líder socialista debería aclarar porque él y sus colaboradores se desplazan más de 1.500 kilómetros para trabajar por los madrileños si con una breve carrera en taxi, de unos 20 minutos, podrían haber recorrido los alrededor de doce kilómetros que separan la sede del PSM en San Blas y la Presidencia del Gobierno, en el distrito de Moncloa-Aravaca, para reclamar a José Luis Rodríguez Zapatero que saque a Madrid del maltrato económico sistemático al que tiene sometida a la región.

Tomás Gómez podría contribuir a explicar a los ciudadanos por qué durante seis años ha negado sistemáticamente más de 9.000 millones de euros de inversiones productivas en Madrid. De paso, podría justificar por qué los Presupuestos Generales del Estado para la Comunidad están, una vez más, por debajo de la media nacional; por qué mientras en Madrid cae la inversión del Ejecutivo socialista un 27 por ciento, el conjunto de España crece un 40 por ciento y Andalucía y Cataluña superan el 60 por ciento de incremento.

Podría también aprovechar para reconocer que, a pesar de todas estas piedras en el camino, Madrid tiene una tasa de desempleo cuatro puntos inferior a la media nacional, continúa siendo el motor de la economía española y contribuye con el 75 por ciento de su recaudación de impuestos al principio de solidaridad y al sufragar gasto del Gobierno central.

Sospecho que, sin tareas políticas propias en la Asamblea de Madrid y desaparecido en su labor de oposición, el secretario general del PSM viaja a Bruselas a poco más que a sacarse la foto con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia a quién, según cuentan testigos presenciales, ya abordó en el pasillo del avión que le traía de vuelta de su anterior excursión belga.  

Es posible que en Ferraz consientan esta nueva ocurrencia del todavía candidato pendiente de confirmación, con el objetivo de distraer la atención mediática de un Gobierno cada vez más desgastado por su gestión ineficaz.  Sobre todo tras una semana en la que hemos conocido que España es el único de los grandes países de la Eurozona que continúa en recesión y que será el último en recuperar el crecimiento económico, con un imparable déficit que amenaza las cuentas públicas y una tasa de desempleo juvenil del 42 por ciento que Bruselas ha calificado de “dramática”.

Es un presupuesto austero que, a pesar de bajar un 2’3% como consecuencia de la disminución de los ingresos, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que exige al Gobierno una deuda inferior al 0,75% del PIB de la Comunidad de Madrid.

Es un presupuesto social que servirá para garantizar y mejorar los servicios sociales indispensables, ya que el gasto social representa el 79’18% de la totalidad de las cuentas públicas. A pesar de las dificultades presupuestarias, la Sanidad aumenta un 1’74%, la Educación un 1’15% y los Asuntos Sociales un 7’12%, de forma que 4 de cada 5 euros irán destinados a las diferentes políticas sociales.

Es un presupuesto contra la crisis, que apuesta por impulsar la actividad económica, mediante la rebaja de impuestos y la reducción del gasto. Permitirá que haya más dinero disponible para las empresas solventes que actualmente no tienen acceso a créditos y pondrán a disposición de los madrileños cerca de 2.100 millones de euros.

El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid desmiente las tesis del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la imposibilidad de contención del gasto. Mientras los Presupuestos del Estado están marcados por el déficit descontrolado y la subida de impuestos que prolongarán la salida de la crisis, el de la Comunidad de Madrid es un presupuesto austero  que sin embargo apuesta por los servicios sociales. Madrid es el ejemplo de que es posible aunar el incremento del gasto social en unos presupuestos que no hipotecarán el futuro de la región con más deuda.

De nuevo, ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que haya demostrado que es posible e imprescindible, en la actual coyuntura de crisis económica, diseñar un presupuesto riguroso, que estimule el ahorro y, al tiempo, atienda a las necesidades de los ciudadanos.