Hace algunas semanas, la abogada general del tribunal de justicia de la Unión Europea emitió un dictamen en el cual se determinaba que el “canon digital” que se aplica en España desde Junio de 2008 es ilegal. A pesar de que la opinión de la abogada general no es vinculante, lo normal es que los magistrados del Tribunal de Justicia de Luxemburgo la tengan muy en cuenta, puesto que su misión es precisamente proponer soluciones jurídicas a los litigios planteados.

El informe de Verica Trstenjak surge por la petición de la Audiencia Provincial de Barcelona al tribunal europeo, como consecuencia de un pleito surgido entre la empresa de aparatos audiovisuales PADAWAN y la Sociedad General de Autores (SGAE), en aplicación de la actual legislación española, que grava todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital con un canon por copia privada, abonado a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

La abogada general europea ha dictaminado que el sistema de recaudación de los derechos de autor utilizado en España es indiscriminado y vulnera la normativa europea. Considera que es desproporcionado gravar todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital indiscriminadamente con un canon por copia privada, sin tener la certeza de si éstos se van a utilizar para copiar obras protegidas por derechos de autor. Aunque la abogada general no cree ilegal la existencia de un gravamen para la copia privada, establece que “un sistema como el español, que prevé la aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital no es compatible con la normativa de la Unión Europea”.

No pretendo cuestionar en modo alguno el legítimo derecho de los autores a cobrar los derechos que generan la copia de sus obras protegidas, pero el canon digital actual es injusto, arbitrario e indiscriminado. La legislación vigente hace que en España los ciudadanos seamos tratados como si fueramos a utilizar cualquier soporte digital para copiar obras protegidas por derechos de autor, cuando lo lógico sería que este tipo de tasa sólo se aplicara a los equipos y materiales de reproducción digital que se destinen fehacientemente a la realización de copias privadas. Resulta absolutamente injusto que se esté cobrando indiscriminadamente a empresas y particulares,  que utilizan los aparatos y soportes en su actividad profesional diaria, destinándolos a finalidades diferentes a la copia privada.

A expensas de la sentencia del tribunal de Luxemburgo, lo cierto es que el informe de la abogada general supone un serio contratiempo para el Gobierno y específicamente para la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, indiscutible protectora de la SGAE y defensora de la insólita teoría de que “si el canon sube los precios, es por culpa de los fabricantes”.

Aunque el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible ya recomendaba al Gobierno optar por un sistema de canon que no presuponga que cada soporte grabable va a ser usado para copiar material protegido, si finalmente la justicia europea determinara que el canon digital español no se ajusta a la legislación comunitaria, el Gobierno de Rodríguez Zapatero debería tomar buena nota y suprimir este injusto gravamen.

Confío en que estemos asistiendo al principio del fin del abuso sistemático con que la SGAE, amparándose en la legislación vigente,  castiga a los ciudadanos españoles.

El PSOE concurrió a las últimas elecciones con la promesa de  incrementar de manera “sustancial” los recursos públicos en I+D+i y fortalecer las instituciones científicas, como eje de su acción política en materia de capital tecnológico. Zapatero no se ha cansado de predicar un nuevo modelo productivo basado en las nuevas tecnologías y sin embargo, al llegar las “vacas flacas”, este capítulo ha sido uno de los primeros en sufrir el tijeretazo financiero, decisión que sin duda va a retrasar la incorporación de la investigación española a la cabeza de las potencias científicas mundiales, poniendo graves trabas para que la investigación se convierta en un motor fundamental del desarrollo económico a medio y largo plazo. Me pregunto ¿es posible vender como sostenible un modelo que da la espalda al I+D+i, el principal generador de crecimiento económico?

En el pasado año 2099, el Ministerio de Ciencia e Innovación ya sufrió un importante recorte de 450 millones de euros en los créditos asignados, reduciendo además un 25% las subvenciones destinadas a programas de I+D+i. En el ejercicio actual la cosa ha empeorado, siendo sin duda el Ministerio de Cristina Garmendía uno de los más perjudicados en el reparto presupuestario, con una reducción total del 15% de su presupuesto y un recorte del 30% en el gasto previsto en I+D+i, lo que supone un total de 1.494 millones de euros menos. En total, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha recortado el presupuesto del CSIC un 11’7%, el dedicado a la investigación energética, medioambiental y tecnológica un 26%, el presupuesto destinado a la investigación sanitaria un 38%, el destinado a financiar la investigación científica un 14’4% y el consignado para investigación del desarrollo tecnológico e industrial un 12’7%.

Pero si la cosa ya pintaba negra para la investigación y la ciencia en España, tras las medidas de austeridad presentadas por el Ejecutivo el pasado mes, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha sufrido un nuevo tijeretazo de 31’5 millones de euros en sus ya cercenadas cuentas. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en la comunidad científica, que constata con preocupación que la investigación se ha convertido en la oveja negra de este Gobierno. El grueso del recorte, 27,7 millones de euros, se hará en el capítulo 7, que es el que recoge todo el dinero de ayudas dirigidas a la investigación y cuyo presupuesto inicialmente ya estaba muy ajustado. En el capítulo 7, aparte de Plan Nacional y OPI, también se incluyen las subvenciones nominativas, las asignaciones a las infraestructuras científico técnicas singulares y los proyectos de I+D de empresas que financia el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una entidad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

Con estas cifras y una tasa del 1’35% sobre el PIB, según los últimos datos de la OCDE, España se encuentra muy por debajo de la media europea y no podrá cumplir el objetivo de Lisboa, que cifra en un 2% el gasto en I+D+i. De hecho Madrid es la única Comunidad Autónoma que ya ha alcanzado dicho objetivo, incluso dos años antes del plazo establecido.

Los investigadores han comenzado a salir a la calle para protestar contra el continuo recorte de los fondos destinados a I+D+i, al tiempo que manifiestan su decepción con la Ley de Ciencia. La comunidad científica está escandalizada por la negligencia del Ministerio de Ciencia e Innovación para gestionar su presupuesto, ya que sólo en 2009 dejó de gastar un 22’4% lo que significa 1.582 millones de euros sin utilizar.

Si queremos que el modelo productivo español cambie, hay que apostar sin duda por la investigación y la educación, con políticas que potencien la excelencia científica, faciliten la transferencia de conocimiento al sector productivo e impulsen la innovación empresarial. Por ello disminuir las inversiones de manera tan drástica en I+D+i supone dar un paso de gigante en la dirección contraria, relegando a España a un papel secundario y subalterno respecto a los países de nuestro entorno. El gobierno socialista no debería olvidar que no se puede recortar lo que debería ser la base de nuestro futuro. La I+D+i no sólo es un gasto sino una inversión que, además de fortalecer nuestra competitividad, va a generar riqueza y empleo.

Pero ahora resulta que en la España de Zapatero la austeridad afecta principalmente a la investigación y la ciencia. En vez de meter la tijera en los desorbitados gastos de personal de este Gobierno, o suprimir los absurdos e innecesarios Ministerios de igualdad o Vivienda, en cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo socialista decide recortar drásticamente los fondos destinados a la investigación. Da la impresión de que el nulo peso político de la ministra Garmendía ha podido influir para que el Ministerio de Ciencia e Innovación esté siendo el gran pagano de la crisis, pero lo cierto es que el panorama es muy descorazonador para la ciencia en España que, según la revista “Nature”, comienza su “descenso a la Edad del bronce” y  ha pasado a ser la oveja negra de Zapatero.

Aunque en este blog  he abierto una página de  apoyo específico al Manifiesto conjunto creado el pasado 2 de diciembre de 2009 por bloggers, periodistas, bloggers, profesionales y usuarios de Internet, ahora que la Ley de Economía sostenible se encuentra en tramitación parlamentaria, quiero reiterar mi apoyo y sumarme a todos los blogs que en estas fechas vuelven a salir en apoyo y defensa de los derechos fundamentales en Internet.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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