Todavía recuerdo la manera en la que hace apenas dos años destacados miembros del Gobierno y del propio PSOE arremetieron en tromba contra el PP, llamándonos antipatriotas, por el mero hecho de alertar a los ciudadanos de la crisis económica que se nos venía encima. Fuimos calificados de antipatriotas por reclamar medidas que nos hubieran permitido anticiparnos a la difícil situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad, que se acerca peligrosamente a los 4 millones y medio de parados y a un déficit del 12 por ciento.

Ahora ha sido la vicepresidenta Fernández de la Vega quien ha llamado desleal a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por plantear que los ciudadanos puedan realizar una “protesta política” y manifestar su descontento con la próxima subida del IVA. Por su parte la vicepresidenta Salgado ha acusado a Aguirre de frivolidad y demagogia. Una vez más, los socialistas descalifican a quienes discrepan y critican que otros partidos políticos, e incluso los ciudadanos, puedan expresar en voz alta sus opiniones, como cabría esperar en cualquier democracia. 

La única lealtad de un político dedicado al servicio público debería ser con los ciudadanos que nos han elegido y a quienes representamos. Precisamente lealtad es lo que está demostrando el Partido Popular con su posición de desacuerdo respecto a la subida del IVA para el segundo semestre del año. Y es que en una situación de crisis como la actual, la subida del IVA repercutirá negativamente en el consumo y, por lo tanto, en la inversión y el empleo, perjudicando seriamente nuestra recuperación económica.

Precisamente esta semana, el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados va a defender una Moción pidiendo que se deje sin efecto la subida prevista para Julio de 2010. Es una oportunidad para que los diputados que apoyaron la subida del IVA rectifiquen, porque sería muy perjudicial para la economía persistir en el error por el mero hecho de no dar la razón al contrario. Para superar la grave crisis económica que padecemos  hacen falta medidas eficaces que sirvan para dinamizar la economía. Lamentablemente, en lugar de ser austero, bajar impuestos y realizar las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, Zapatero sigue incrementando el gasto público al tiempo que sube los impuestos a todos los españoles y aplica medidas contraproducentes para el crecimiento de la economía y el empleo.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno arremetía de nuevo contra el Partido popular, a quien pide “algún sacrificio” para llegar a acuerdos contra la crisis. Ignora deliberadamente Zapatero que el Partido Popular siempre ha acudido a negociar cuando el Gobierno así lo ha requerido. Mariano Rajoy le ofreció un pacto en el debate de investidura que ha reiterado en sucesivas ocasiones. De hecho, medidas propuestas por el Gobierno en la casi desaparecida comisión anticrisis de Salgado, Blanco y Sebastián, habían sido presentadas por el PP previamente y rechazadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Pero lo que Zapatero no puede pretender es que el PP sea cómplice consciente de un disparate que pueda costar a España las escasas posibilidades de crecimiento económico para este año. La subida del IVA es un hecho gravísimo, que hay que denunciar, porque profundizará el hundimiento de la economía española y, aún a costa de recibir una retahíla de descalificaciones de nuestros adversarios políticos, no hacerlo sería la auténtica deslealtad con los ciudadanos.

A pesar del carácter técnico de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, merece hacer un pequeño análisis de las consecuencias que para los madrileños van a tener las cuentas públicas que hoy se aprueban en la Asamblea de Madrid.

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2010, responde a las políticas que el Gobierno de Esperanza Aguirre viene desarrollando contra la crisis económica en un año en el que España, según las previsiones del FMI y la OCDE, será el único país de la Unión Europea que no saldrá de la recesión. Se pondrán en marcha nuevas medidas liberalizadoras en diferentes sectores económicos que, junto con la simplificación administrativa y las rebajas fiscales para las empresas y los ciudadanos madrileños, contribuirán decisivamente a impulsar la creación de empleo y  la reactivación económica de la región.

Además es un presupuesto riguroso y austero, que cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas las Comunidades Autónomas, y mantiene la deuda pública por debajo del 0,75% del PIB de la Comunidad de Madrid.  La reducción del gasto público se consigue aplicando los principios de eficacia y eficiencia que permiten disminuir los gastos administrativos y de organización de la propia administración autonómica.

A pesar de ello el presupuesto para 2010, dotado con 18.383 millones de euros, garantiza y amplía la prestación de los servicios públicos para todos los ciudadanos. La sanidad, la educación y la atención social son materias prioritarias de gasto para el Gobierno de Esperanza Aguirre y representan el 79’18% de la totalidad de las cuentas públicas. Por otra parte, el aumento de casi un punto que experimentan las áreas de Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Vivienda, Empleo, Cultura e Inmigración, hace de éstos unos presupuestos sociales en el que 4 de cada 5 euros irán destinados a  políticas sociales.

El grueso de las inversiones productivas se concentran principalmente en la construcción de cuatro nuevos hospitales públicos, en las inversiones en centros docentes no universitarios, 25 nuevos colegios públicos bilingües y 25 institutos bilingües, en la construcción de 1.500 viviendas de promoción pública y rehabilitación, en las ampliaciones previstas de las líneas de METRO, red ferroviaria y de carreteras, y en el Plan Regional de Inversiones PRISMA 2008-20011 destinado a los Ayuntamientos de la Región entre otras.

A pesar de la crisis económica, este presupuesto va a permitir que el Gobierno de Esperanza Aguirre desarrolle las actuaciones comprometidas con los madrileños y el cumplimiento del programa electoral con el cual el Partido Popular concurrió a las elecciones de 2007, sin hipotecar el futuro de nuestra Comunidad.

 La desaparición de la deducción de los 400 euros en el IRPF, el incremento de dos puntos del IVA (del l6 al 18%) y de un punto el tipo reducido (del 7 al 8%), la subida del impuesto sobre las plusvalías (del 18%  al 21% ) y el mas que previsible aumento de los impuestos especiales son medidas que tienen poco que ver con lo anunciado por el presidente del Gobierno y ponen en entredicho su demagógico discurso social y a favor de los desfavorecidos. Eso sí, los mas ricos, aquellos que tienen sus fortunas refugiadas en las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SICAV), que invierten en Bolsa y sólo pagan el 1 por ciento, pueden estar tranquilos porque Zapatero piensa mantener tan privilegiada situación.

Además, esta subida  de impuestos va a influir muy negativamente en la actual situación de crisis puesto que si disminuye la renta disponible de los ciudadanos al tiempo que se incrementan los precios, el consumo y las ventas previsiblemente bajarán, con lo que la recaudación podría verse reducida. Además, una mayor fiscalidad desincentiva el ahorro y la inversión, lo que supone un serio obstáculo para la recuperación económica. Por otra parte, al aumentarse los tipos impositivos, resultan más rentables el fraude y la ocultación, con el consiguiente crecimiento de  la economía sumergida, que podría poner en peligro la recaudación tributaria.

Los que ya se conocen como “Presupuestos del impuestazo” son el reconocimiento del fracaso de la gestión económica del Gobierno socialista. Unos presupuestos que se han presentado como austeros sin serlo, pues elevan el techo de gasto en casi 3.000 millones de euros respecto al actual;  que apuestan por la recuperación económica a partir del segundo semestre de 2010, contradiciendo descaradamente las previsiones de todos los organismos internacionales.

Nadie duda que la crisis económica sea mundial y afecte en mayor o menor medida a todas las economías prósperas. Europa entera pasa por dificultades semejantes, aunque en el caso de España el asunto es mas grave puesto que el déficit también es mayor, la ventaja de una deuda baja ya está casi amortizada y las hipótesis de una inminente recuperación ya han sido desmentidas por la Comisión Europea, que ha dicho que España será el único país de la UE que este año no va a salir de la recesión.  

Quizá para Zapatero la crisis sólo es una cuestión pasajera que se arreglará por sí misma, a la espera de que la recuperación de las demás economías saque la nuestra del agujero… O quizá en los próximos meses decida seguir improvisando. Lo que es evidente es que las dos lecciones de economía que el presidente del Gobierno recibió de Jordi Sevilla fueron claramente insuficientes. No sé si esas lecciones presidenciales incluían decir que subir el IVA es progresista y que quienes nos oponemos a la medida somos poco solidarios y carcas como repiten los voceros socialistas estos días.

Ahora José Blanco vuelve a rizar el rizo y dice que “bajar los impuestos es de izquierdas, y subirlos también”. Lo que significa que, para el vicesecretario del PSOE cualquier cosa que haga este Gobierno, por contradictoria que ésta sea, es de izquierdas. Lo que me lleva a preguntarme: ¿la improvisación no será también de izquierdas?

La semana pasada, el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea y  el ex – ministro socialista Joaquín Almunia, reconocía que según las previsiones de la Comisión Europea, la economía española será la única de la UE que continuará sumida en la recesión durante el año 2009.

El propio presidente del Gobierno tras admitir  en  sede parlamentaria haberse equivocado en el pronóstico de la crisis, desgranó una serie de medidas para combatirla, basadas fundamentalmente en una subida generalizada de impuestos y sustentadas en dos medias verdades: 1) que nos lo podemos permitir porque la presión fiscal es menor que en 2004 y 2) que no va a afectar a las rentas del trabajo.

Rodríguez Zapatero olvidó aclarar que los ingresos procedentes de los impuestos han disminuido  no porque paguemos menos, sino por el descenso de la actividad económica, y que la supresión de la tan publicitada deducción de 400 euros en el IRPF no es otra cosa que un aumento de impuestos. Eso sin mencionar que la cada vez más posible subida del IVA afectará al consumo diario de rentas bajas y medias.  

Pero con su reclamo de 15.000 millones de euros más para  la imposible tarea de contener el déficit de 50.000 millones, Rodríguez Zapatero no pide sólo un esfuerzo a los bolsillos de los contribuyentes, sean quienes sean los aún desconocidos destinatarios de la subida de impuestos, a falta de concretar cuáles son las figuras que se revisarán. El presidente del Gobierno quiere un voto de confianza de los ciudadanos ante una nueva improvisación con el único aval de haber conseguido que España duplique la tasa de paro de la UE, cuando hace apenas dos años era el país que más empleo generaba.

La permanente huída hacia adelante del Gobierno al enfrentar la crisis económica se ha llevado por delante algo más que las posibilidades de una recuperación al ritmo del resto de los países de la Unión Europea. La confianza de contribuyentes y empresarios está por los suelos, mientras asisten atónitos a una colección de improvisaciones ineficaces cuyos únicos resultados han sido la consolidación de un déficit que se acercará al 10 por ciento del PIB a finales de año, un millón y medio de nuevos parados en 18 meses y el cierre de 400.000 empresas en 2008. La mala gestión de la crisis por parte del Ejecutivo socialista, ha tenido consecuencias muy negativas para nuestra economía: empobrecimiento, aumento del déficit, caída de la recaudación y de los ingresos del Estado.

Con este currículum, Rodríguez Zapatero reclama ahora de los ciudadanos un esfuerzo todavía mayor, sin prever que la subida de impuestos retraerá el consumo y el conjunto de la actividad económica, y sin escuchar a los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso, que ya se han manifestado en contra de la subida. El Gobierno sigue falseando el diagnóstico y aplica una política desmesurada de gasto, sin realizar reforma estructural alguna.

Urge una respuesta del Ejecutivo eficaz y consensuada con el resto de las fuerzas políticas que permita a contribuyentes y empresarios recuperar la confianza necesaria para ayudar a salir de la crisis.

El Gobierno socialista negó la crisis hasta que las cifras económicas  evidenciaron el engaño.  Cuando la situación de recesión era ya un hecho incuestionable, el  ejecutivo continuó errando en todos sus pronósticos, llevando a la economía española a una situación realmente catastrófica.

Un Gobierno que no sólo no se ha conseguido frenar el desempleo y el cierre de empresas, sino que nos ha arrastrado al mayor déficit de su historia, no tiene derecho a reivindicar el apoyo incondicional  de los ciudadanos, sin ofrecer garantías. Es necesario por tanto que el Gobierno abandone las improvisaciones y adopte una actitud activa y responsable ante la crisis, en lugar de esperar, en vano, que sea la coyuntura internacional quién la resuelva.

Menos información se tiene sobre cuáles serán los criterios para la subida de los impuestos. El ministro de Fomento, José Blanco, sugería, y luego rectificaba, que la presión fiscal se podría incrementar sobre los ingresos más altas. En este caso, lo recaudado sería insuficiente para corregir hasta el 3% exigido por Europa el déficit que, para finales de año se prevé alcance el 10% del PIB. Esto puede suponer que el grupo de ciudadanos al que irán dirigidas las subidas será mayor. Quizás el anuncio del presidente el pasado mes de mayo en el Debate sobre el Estado de la Nación para suprimir la desgravación fiscal por compra de vivienda a las clases medias –rentas superiores a 24.000 euros- fuera ya un aviso para navegantes sobre las verdaderas intenciones del Gobierno.