La repetida amenaza de los sindicatos en las últimas semanas para la convocatoria de una huelga general ha tenido como ensayo previo la fracasada huelga de empleados públicos. La bajísima participación ha sido la respuesta dada por los ciudadanos al llamamiento de unas organizaciones que miran cada vez menos por los intereses de los trabajadores y se rigen más por los suyos propios.

Durante los dos últimos años, los sindicatos han dedicado sus esfuerzos a ser cómplices de las políticas de un Gobierno que ha contribuido con su inacción primero, y más tarde con sus continuas improvisaciones y rectificaciones, a situar a España a la cabeza del desempleo de la Unión Europea. Los sindicatos se han ganado a pulso su falta de credibilidad ante los trabajadores, por su inaudito silencio ante la desastrosa gestión del presidente Rodríguez Zapatero, quien ha contribuido de forma decisiva a que España atraviese la peor crisis económica de las últimas décadas.

Desde luego entiendo la lógica indignación de los trabajadores y, sobre todo, la de los casi cinco millones de españoles que se encuentran sin trabajo ni perspectivas de obtenerlo. Pero aunque existen sobrados motivos, una huelga general ni soluciona la crisis, ni contribuye a resolver los actuales problemas del empleo en España. La situación es tan grave que sólo podría paliarse con cambios drásticos en las políticas del Gobierno socialista, condenado ahora a seguir a pies juntillas las instrucciones de otros países y organismos, que ya no toleran las indecisiones de Rodríguez Zapatero, tan peligrosas para la solvencia de la Unión Europea.

Es indiscutible que la huelga es un derecho pero desde luego no es la solución. Me pregunto si los sindicatos habrían tenido el mismo comportamiento con un Gobierno de otro signo, si también habrían sido condescendientes hasta lo inimaginable o, por el contrario, se habrían movilizado ante la más mínima sospecha de amenaza social. Hoy más que nunca los sindicatos parecen haber mutado de organizaciones sociales a políticas, cada vez más alejadas de aquellos a quienes dicen y deberían defender.  

Si algo ha demostrado con creces José Luis Rodríguez Zapatero es su facilidad para faltar a la verdad, su incapacidad para admitir los desastrosos efectos de la crisis sobre nuestro país y su incompetencia para poner en marcha a tiempo medidas que saquen a España de la precaria situación económica en la que se encuentra. Finalmente han sido Europa y los EE.UU quienes han sacado los colores a nuestro Gobierno, obligándole a modificar una política económica de desmedido gasto e inasumible déficit público.

No cuestiono la necesidad de rebajar el déficit público. Es más, creo que este recorte es absolutamente imprescindible, pero no a costa de hipotecar las posibilidades de crecimiento de la economía española y menos aún haciendo que las clases medias y los más débiles sean los paganos de la crisis. En este momento congelar las pensiones, bajar el sueldo a los funcionarios y reducir las infraestructuras públicas provocará, sin duda, que el consumo se reduzca todavía más, situación que previsiblemente empeorará con la subida del IVA a partir del 1 de julio.

Frente al tijeretazo de Zapatero, que supondrá el mayor recorte social en la historia democrática de España, habría que tomar otras medidas como reducir el tamaño de la Administración, suprimiendo todos los organismos, empresas públicas y fundaciones innecesarias en momentos de tan dura crisis. La reducción del gasto debería además estar supervisada por una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que fije un techo para el gasto público de todas las Administraciones.

La solución no consiste en mermar la capacidad adquisitiva de quienes menos tienen, practicar recortes sociales y poner en marcha unilateralmente medidas que influyan negativamente en las previsiones de crecimiento y empleo, tal y como ha hecho el Gobierno. Resulta impresentable que el Ejecutivo socialista pretenda pasar la factura de su despilfarro a los empleados públicos, los dependientes y los pensionistas. España requiere de una verdadera política de austeridad, un plan de reducción del déficit que recorte aquellas partidas presupuestarias menos necesarias para mantener el bienestar de los ciudadanos, que disminuya estructuras administrativas y que elimine subvenciones.

De la crisis podemos salir, pero no liderados por el peor presidente de la historia de nuestra reciente democracia quien, tras derrochar el superávit heredado del anterior Gobierno del Partido Popular con el único argumento de que “era para gastarlo”, pretende cobrarse en los más débiles los fallos de su errática gestión. La política presupuestaria no se improvisa. Y las propuestas de Zapatero son parches chapuceros, meras ocurrencias que demuestran su nula voluntad de acometer reformas estructurales, a pesar dos años de sucesivas llamadas de atención de la oposición política y de todos los organismos internacionales.

Rodríguez Zapatero debería frenar en su huida hacia adelante y someterse a una moción de confianza o convocar elecciones generales. España necesita un nuevo Gobierno,  liderado por un presidente competente, un estadista valiente que pueda generar confianza en los mercados y tomar las decisiones que nuestro país necesita para salir de la crisis. Si por algo se ha caracterizado Zapatero hasta el momento es por su cobardía y, como decía Ovidio, “el cobarde huye de lo que le sigue y va detrás de lo que huye de él”.

Aunque en este blog  he abierto una página de  apoyo específico al Manifiesto conjunto creado el pasado 2 de diciembre de 2009 por bloggers, periodistas, bloggers, profesionales y usuarios de Internet, ahora que la Ley de Economía sostenible se encuentra en tramitación parlamentaria, quiero reiterar mi apoyo y sumarme a todos los blogs que en estas fechas vuelven a salir en apoyo y defensa de los derechos fundamentales en Internet.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Creo que la polémica que estos días vive la sociedad española sobre los planes de pensiones privados es artificial y electoralista y se está volviendo en contra de sus impulsores. Aunque yo no tengo plan privado de pensiones, pienso que es una fórmula perfectamente aceptable, utilizada por millones de españoles como sistema de ahorro y absolutamente compatible con la pensión pública.

Cuando hace tan sólo algunas semanas el Ministro de Trabajo salió ante la opinión pública responsabilizando al Partido Popular de la defensa de los planes de pensiones privados frente al aseguramiento público, sin duda pretendía desviar su propia responsabilidad en el proyecto de “pensionazo”, proyectado por el Gobierno de España para lavar la cara ante Europa. Decir que el Partido Popular es el partido que defiende los planes de pensiones privados, cuando el propio Corbacho mantiene un sustancioso fondo privado, no sólo es demagógico y contradictorio, sino que roza la esquizofrenia política.

Pero si importante es el engaño de un Ministro, la mentira de un Presidente, debería ser valorada en términos políticos de mayor trascendencia y gravedad. Cuando al día siguiente el Presidente del Ejecutivo afirmó en los pasillos del Congreso, con toda soltura y sin ruborizarse lo más mínimo que no tenía ningún plan de pensiones privado, cuesta creer que no recordara mencionar los tres planes privados de pensiones que aseguran el futuro de la muy socialista familia Rodríguez Zapatero: dos suscritos con el Banco de Santander y otro fondo general con el que cuentan todos los diputados del Congreso.

Me preocupa que el Presidente del Gobierno de España pueda mentir con tal descaro y que no pase nada. Me preocupa todavía más que nuestro presidente esté tan acostumbrado a mentir de manera compulsiva, que ante una pregunta simple y directa, en vez de reconocer la verdad o incluso contestar con sutiles evasivas, la mentira salga de su boca con semejante facilidad.

Aunque la impunidad de la mentira presidencial quizás está señalando el grado de abotargamiento en que se encuentra la sociedad civil española, yo sigo creyendo firmemente que España merece un Gobierno que no mienta.

Todavía recuerdo la manera en la que hace apenas dos años destacados miembros del Gobierno y del propio PSOE arremetieron en tromba contra el PP, llamándonos antipatriotas, por el mero hecho de alertar a los ciudadanos de la crisis económica que se nos venía encima. Fuimos calificados de antipatriotas por reclamar medidas que nos hubieran permitido anticiparnos a la difícil situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad, que se acerca peligrosamente a los 4 millones y medio de parados y a un déficit del 12 por ciento.

Ahora ha sido la vicepresidenta Fernández de la Vega quien ha llamado desleal a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por plantear que los ciudadanos puedan realizar una “protesta política” y manifestar su descontento con la próxima subida del IVA. Por su parte la vicepresidenta Salgado ha acusado a Aguirre de frivolidad y demagogia. Una vez más, los socialistas descalifican a quienes discrepan y critican que otros partidos políticos, e incluso los ciudadanos, puedan expresar en voz alta sus opiniones, como cabría esperar en cualquier democracia. 

La única lealtad de un político dedicado al servicio público debería ser con los ciudadanos que nos han elegido y a quienes representamos. Precisamente lealtad es lo que está demostrando el Partido Popular con su posición de desacuerdo respecto a la subida del IVA para el segundo semestre del año. Y es que en una situación de crisis como la actual, la subida del IVA repercutirá negativamente en el consumo y, por lo tanto, en la inversión y el empleo, perjudicando seriamente nuestra recuperación económica.

Precisamente esta semana, el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados va a defender una Moción pidiendo que se deje sin efecto la subida prevista para Julio de 2010. Es una oportunidad para que los diputados que apoyaron la subida del IVA rectifiquen, porque sería muy perjudicial para la economía persistir en el error por el mero hecho de no dar la razón al contrario. Para superar la grave crisis económica que padecemos  hacen falta medidas eficaces que sirvan para dinamizar la economía. Lamentablemente, en lugar de ser austero, bajar impuestos y realizar las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, Zapatero sigue incrementando el gasto público al tiempo que sube los impuestos a todos los españoles y aplica medidas contraproducentes para el crecimiento de la economía y el empleo.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno arremetía de nuevo contra el Partido popular, a quien pide “algún sacrificio” para llegar a acuerdos contra la crisis. Ignora deliberadamente Zapatero que el Partido Popular siempre ha acudido a negociar cuando el Gobierno así lo ha requerido. Mariano Rajoy le ofreció un pacto en el debate de investidura que ha reiterado en sucesivas ocasiones. De hecho, medidas propuestas por el Gobierno en la casi desaparecida comisión anticrisis de Salgado, Blanco y Sebastián, habían sido presentadas por el PP previamente y rechazadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Pero lo que Zapatero no puede pretender es que el PP sea cómplice consciente de un disparate que pueda costar a España las escasas posibilidades de crecimiento económico para este año. La subida del IVA es un hecho gravísimo, que hay que denunciar, porque profundizará el hundimiento de la economía española y, aún a costa de recibir una retahíla de descalificaciones de nuestros adversarios políticos, no hacerlo sería la auténtica deslealtad con los ciudadanos.

MOCION PARA CONDENAR LAS ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS DEL RÉGIMEN CUBANO Y EN APOYO AL PUEBLO Y A LA DISIDENCIA DE LA ISLA

Durante más de medio siglo de dictadura comunista, personificada en la figura de Fidel Castro y recientemente, como régimen hereditario, en su hermano Raúl, el sufrimiento de los ciudadanos cubanos, privados de su libertad, no ha hecho más que ir en aumento.

Hoy existen más de doscientos presos políticos en las cárceles de Cuba, ciudadanos que fueron encarcelados por el mero hecho de pedir de manera pacífica una apertura democrática del país. Algunos de ellos han sido procesados por peligrosidad pre-delictiva, artificio jurídico que permite privar de libertad a cualquiera por la mera sospecha de la autoridad competente.

Ninguna dictadura, y la cubana lo es, puede ni debe mantener a su pueblo sometido al terror sin la condena unánime de los demócratas de todo el mundo, y por ello se debe exigir la liberación de todos los presos políticos, el fin de la dictadura y la instauración de un régimen democrático en Cuba.

El pasado martes 23 de febrero, Orlando Zapata Tamayo, simpatizante de la oposición democrática y pacífica al régimen, falleció en Camagüey, tras dos meses en huelga de hambre y dos semanas privado de agua por órdenes del régimen. Su protesta tenía un único, simple objetivo: que no lo torturasen más, que lo tratasen como a un ser humano, aún privado de libertad.

Orlando Zapata llevaba encarcelado desde la Primavera negra del 2003, llamada así por la detención y condena de 75 demócratas, y que motivó la condena unánime de la sociedad internacional así como la adopción, por parte de la Unión Europea, de una serie de medidas de apoyo a la oposición democrática, en el marco de la Posición Común, que abrieron una ventana a la esperanza de los oprimidos, antes de ser desgraciadamente desactivadas año y medio después.

Entre una dictadura y los ciudadanos a los que oprime, todos los demócratas debemos tomar partido por los ciudadanos. Tomar partido por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, por los perseguidos.

Como pueblos hermanos, los españoles no podemos mantenernos ajenos al drama de quienes padecen la privación de las libertades, la violación de los derechos humanos y la opresión de un régimen dictatorial que ya ha durado demasiado tiempo.

Los Grupos Municipal es del Partido Popular, consternados por el fallecimiento de Zapata y a su vez solidarios con la valentía, el sacrificio y el ejemplo de resistencia de toda la oposición cubana frente a un régimen dictatorial, elevan al Pleno  para su aprobación, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-Condenar la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo y traslada nuestra solidaridad al pueblo cubano.

SEGUNDO.-Exigir a las autoridades cubanas la inmediata liberación de todos los presos de conciencia.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que obtenga del Gobierno cubano el compromiso de que Cruz Roja Internacional pueda visitar las cárceles en las que se encuentran recluidos los presos de conciencia y verifique que las condiciones en las que se encuentran se ajustan a los estándares mínimos que exige la legalidad internacional.

CUARTO.- Reclamar al Gobierno de España que reanude, en el marco de la Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba, el apoyo y la solidaridad con la oposición democrática al régimen, y en especial la política de puertas abiertas para los demócratas en las embajadas, particularmente la española, así como la dotación de las mismas con sistemas abiertos de conexión inalámbrica a internet, a disposición de los ciudadanos vecinos a la legación.

QUINTO.-  Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de Asuntos Exteriores, a los Portavoces Parlamentarios de las Cortes y del Parlamento Europeo, así como al Embajador de Cuba en España.

Y es que si algo ha conseguido la Presidencia española de la UE es internacionalizar la publicidad de la política de parches con la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende sortear la crisis que tanto le ha costado admitir. Una crisis que ha maquillado hasta lo imposible, usando todo tipo de trucos mediáticos que han quedado finalmente sobrepasados por la cruda realidad de los casi cuatro millones y medio de parados y el desorbitado déficit público que ya alcanza el 11,4% del PIB.

A pesar de que el Gobierno español llevaba meses atacando a todo aquel que se atreviera a cuestionar el sistema de pensiones, ha bastado una semana para que esos mismos responsables políticos hayan conseguido sembrar el miedo y la desconfianza entre los jubilados y gran parte de la sociedad española. La reforma de las pensiones, aprobada unilateralmente y sin consenso previo por el Consejo de Ministros, propone el retraso de la edad de la jubilación a los 67 años y contradice de plano las palabras de Zapatero apostando por una “respuesta social a la crisis”.  El deterioro de la credibilidad internacional del Gobierno socialista alcanzó su punto álgido con el dantesco episodio protagonizado por la Vicepresidencia Económica, al enviar a la Comisión Europea el documento con la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, que recogía la propuesta de ampliar el cálculo de las pensiones desde los 15 años actuales hasta los 25, con la consiguiente reducción de al menos un 10% en el importe de las pensiones. Tras las enconadas reacciones en contra de los sindicatos y todas las fuerzas políticas, se apresuraron a rectificar con la pueril justificación de que el documento enviado no era el definitivo y se trataba sólo de una “simulación” a modo de “ejemplo que ha podido interpretarse como una propuesta concreta”.

Decía el filósofo y escritor francés Jean-Francois Revel, en su libro “El Estado Megalómano”, que cuando los gobiernos de izquierdas se encuentran en dificultades apelan al manido recurso de crear enemigos imaginarios para justificar sus deficiencias. De este modo, señalan tres responsables: el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. En el caso de Zapatero, el planteamiento de Revel cobra renovada actualidad. El enemigo anterior  e interior confluirían en el Partido Popular, causante de prácticamente todas las desgracias acaecidas en España desde que el toro Islero corneó mortalmente a Manolete. Por su parte, el enemigo exterior serían los responsables de la conspiración internacional que, en los delirios zapateriles, están provocando ” turbias maniobras” para desestabilizar nuestros mercados financieros. Después de casi seis años aplicando una política económica llena de contradicciones e improvisación que han deteriorado la imagen de España en los mercados financieros, el presidente del Gobierno y sus voceros justifican las críticas a la gestión socialista en un gigantesco complot. Una oscura conjura que explicaría lo que en realidad es mera incompetencia para gestionar la difícil situación que atraviesa nuestro país.  

Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y, lejos de corregir el rumbo y reconocer que nuestros socios comunitarios nos ven como un peligroso lastre para la Unión Europea y una apuesta de altísimo riesgo para los inversores internacionales, la estrategia de Zapatero continúa siendo la negación de la realidad y la convicción de que hay un complot contra su Gobierno. Habrá próxima comparecencia del presidente en el Congreso. Será su oportunidad definitiva para afrontar y resolver de forma responsable la difícil situación por la que atraviesa el país o, por el contrario, seguir navegando a la deriva, intentando convencer a los españoles de que la mayor crisis económica de España en democracia es sólo una desagradable ficción contra la que nada se puede hacer excepto esperar.

Salvando las distancias, la incompetencia de Zapatero me recuerda a uno de los más entrañables personajes de la literatura universal: Ignatius J. Reilly, quién en la inolvidable novela de John Kennedy Toole, se empeñaba en abordar todo tipo de trabajos con una incompetencia verdaderamente memorable. Finalmente parece que, a falta de foto con Obama en España, el esperado “acontecimiento histórico y planetario” se ha quedado tan sólo en una versión patria de “La conjura de los necios”.

Son muchos quienes diariamente se encargan de criticar la supuestamente escasa disposición al diálogo de Esperanza Aguirre y su falta de capacidad para adoptar acuerdos políticos y sociales con otras organizaciones. Sin embargo ha sido precisamente su Gobierno el único que, hasta la fecha, ha conseguido llegar a un gran pacto con todos los agentes sociales en la Comunidad de Madrid.

Hace apenas unas semanas la jefa del Ejecutivo madrileño, el presidente de la patronal CEIM-CEOE y los secretarios generales autonómicos de CC.OO y de UGT, firmaban el denominado “Acuerdo para la Competitividad, la Generación de Empleo y la Concertación Social en la región”, que sin duda va a ser un instrumento decisivo para reactivar la economía madrileña, impulsando la competitividad y la innovación de todos sus sectores.

En la actual situación de crisis, el diálogo social es imprescindible para estimular la actividad económica, generar confianza en la sociedad y posibilitar la creación de empleo. Por ello, creo que el paso dado en Madrid adquiere una especial relevancia, pues supone que empresarios, trabajadores y Gobierno de la Comunidad sumen esfuerzos para llegar a acuerdos, por encima de dogmatismos o discrepancias ideológicas que garanticen un adecuado clima de diálogo y estabilidad social, sin el cual no sería posible avanzar hacia un modelo productivo más eficiente que nos ayude a salir de la recesión.

Este importante acuerdo busca poner en marcha mecanismos que permitan reactivar la economía madrileña, mejorando su competitividad y propiciando la generación de empleo en sectores económicos estratégicos como la industria, que sólo en 2008 fue responsable del 10,39 por ciento de los puestos de trabajo creados, y la investigación. El convenio contempla dos grandes ejes de actuación, que se concretan en el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid y el Plan Regional de I+D+i 2009-2012, dotados con 892 y 3.000 millones de euros respectivamente; 3.892 millones de euros, que irán destinados íntegramente a fomentar la industria y consolidar la I+D+i en nuestra Región.

Concretamente, el Plan de Fomento e Impulso de la Industria de la Comunidad de Madrid (FICAM) tiene como objetivos mejorar la competitividad industrial, mantener y potenciar el número de empresas industriales existentes en Madrid y reforzar el entorno competitivo que promueva la permanencia de las industrias ya instaladas. Asimismo, busca atraer a nuestra Región nuevas inversiones industriales en actividades de alto contenido tecnológico e incentivar la demanda de bienes y servicios industriales.

Por su parte, el Plan Regional de I+D+i (PRIDI) pretende avanzar en la competitividad de la Comunidad de Madrid, impulsando la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica madrileña. El PRIDI va a ser sin duda un instrumento esencial para consolidar nuestra posición internacional en I+D+i y permitirá la creación de 80.000 nuevos empleos (30.000 directos y 50.000 indirectos) hasta 2012. El Plan, además de impulsar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como elemento clave para una mejor prestación de los servicios a los ciudadanos, supone también el apoyo a la investigación realizada por las universidades y los centros de investigación a través de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, en áreas estratégicas como la salud, la energía, las comunicaciones o el agua. De esta manera, Madrid se situará a la cabeza en el desarrollo de ciencia y tecnologías punteras e internacionalmente competitivas.

Con la firma de este pacto, la Comunidad de Madrid  ha vuelto a ser pionera en el diálogo y la concertación social. Espero sinceramente que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero tome buena nota de las dotes negociadoras de la presidenta del Partido Popular de Madrid y, en las próximas semanas, tire de talante para intentar llegar a acuerdos parecidos con las fuerzas sociales, en un momento en que la economía española se encuentra dramáticamente estancada en la recesión.

En su última comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del año 2009, Zapatero ha vuelto a eludir la realidad con un discurso improvisado, vacío, plagado de “buenismo”, falsedades y contradicciones. Si en Noviembre nos aseguraba que la recuperación económica ya se había iniciado, en Diciembre pronostica que “el inicio de la recuperación es inminente”.  Zapatero ha vaticinado que, en el país de “Nunca jamás” donde él habita, la situación mejorará tanto en los próximos meses, que en 2010 se pasará “de la recesión a la recuperación” y de “la fuerte pérdida de empleo a la moderación y creación de empleo”.

Todo mentira, pues los indicadores reflejan un empeoramiento de la situación. Por un lado, el alarmante problema del paro, que ronda ya el 20%, el doble de la media de la Unión Europea, a cuya cabeza nos encontramos en materia de destrucción de empleo; el déficit público descontrolado, que cerrará el año en el 10% del PIB; el aumento desmesurado de la deuda pública, y que sumado al déficit público, nos coloca también al frente del índice de miseria en Europa según las agencias de calificación. A ello hay que sumar la contracción en un 5’5% del comercio minorista, la caída del 3,6% del consumo eléctrico en noviembre,  y el retroceso de 20’7 puntos de la confianza de los consumidores en las expectativas económicas. A todo ello se suma que los propios Presupuestos Generales del estado para 2010 aprobados en el Congreso con el voto en contra del PP prevén que el crecimiento “volverá a ser negativo” y habrá “300.000 parados más”.

Si por algo va a ser recordado el año 2009 en la historia de este Gobierno, es por la sucesión de contradicciones en materia económica. Tan sólo un par de ejemplos: tras la marcha de Solbes y negar reiteradamente que se fueran a subir los impuestos, el 28 de agosto Zapatero reconocía que habría una subida de impuestos “limitada y temporal” y un mes mas tarde, el 28 de Septiembre, la vicepresidenta Económica Elena Salgado, echaba marcha atrás asegurando que la subida fiscal que contienen los Presupuestos Generales del Estado para 2010 no será temporal, porque las circunstancias “no lo aconsejan” y que “el Gobierno no tiene previsión de que esto pueda cambiar”. Además se permitió corregir al Presidente refiriéndose a un supuesto error puesto que, según Salgado, la subida mencionada sería “limitada o temporal”, pero no ambas cosas a la vez.

A pesar de las reiteradas advertencias de deflación realizadas por Cristóbal Montoro portavoz de Economía del PP, el 30 de enero de 2009 el Gobierno la descartaba tajantemente. Meses mas tarde, los datos negativos del IPC de Marzo a Agosto confirmaban la inflación negativa.

Siendo desastrosa la gestión económica, en el terreno político el balance no es mucho mejor y los dislates se han sucedido durante todo el año 2009. Por mencionar algunos: la solución “in extremis” de la situación de la activista Haidar y las cesiones a Marruecos; la desastrosa gestión del secuestro del atunero Alakrana, y el pago del rescate a los secuestradores negado el 20 de Noviembre por la vicepresidenta primera del Gobierno y asumido un mes mas tarde en sede parlamentaria por el ministro de Exteriores al reconocer  expresamente que el rescate del Alakrana “se pagó con fondos reservados”.

Una de las cuestiones mas graves y todavía pendiente de aclaración es el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el Bar Faisán por parte del Ministerio del Interior, acreditado en la documentación incautada en Francia a la banda terrorista, así como la concesión por parte de Rubalcaba de la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo al inspector sospechoso del chivatazo. También merecen especial mención las falsedades vertidas por el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, al asegurar que el Sistema de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) “está regulado por ley orgánica”, cuando no hay una ley orgánica que habilite para utilizar este sistema.

Otra “perlita” sería el anuncio de Ángeles González Sinde a principios de Diciembre, sobre el cierre sin autorización judicial de páginas webs que vayan en contra de la propiedad intelectual. La ministra de Cultura mintió descaradamente al decir que “en ningún caso se cortaría Internet a ningún usuario”, puesto que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incluye expresamente los cortes de conexión anunciados.

En resumen: un año dramático en lo económico y deplorable en lo político. Un año perdido del que espero sólo nos quede un mal recuerdo y la esperanza de que en el año 2010 España pueda enderezar su rumbo y dejar de estar en el furgón de cola de Europa. Aunque para ello Zapatero debería salir de su autismo político, superar el síndrome de la Moncloa y ponerse a gobernar con los pies en la tierra.

A pesar del carácter técnico de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, merece hacer un pequeño análisis de las consecuencias que para los madrileños van a tener las cuentas públicas que hoy se aprueban en la Asamblea de Madrid.

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2010, responde a las políticas que el Gobierno de Esperanza Aguirre viene desarrollando contra la crisis económica en un año en el que España, según las previsiones del FMI y la OCDE, será el único país de la Unión Europea que no saldrá de la recesión. Se pondrán en marcha nuevas medidas liberalizadoras en diferentes sectores económicos que, junto con la simplificación administrativa y las rebajas fiscales para las empresas y los ciudadanos madrileños, contribuirán decisivamente a impulsar la creación de empleo y  la reactivación económica de la región.

Además es un presupuesto riguroso y austero, que cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas las Comunidades Autónomas, y mantiene la deuda pública por debajo del 0,75% del PIB de la Comunidad de Madrid.  La reducción del gasto público se consigue aplicando los principios de eficacia y eficiencia que permiten disminuir los gastos administrativos y de organización de la propia administración autonómica.

A pesar de ello el presupuesto para 2010, dotado con 18.383 millones de euros, garantiza y amplía la prestación de los servicios públicos para todos los ciudadanos. La sanidad, la educación y la atención social son materias prioritarias de gasto para el Gobierno de Esperanza Aguirre y representan el 79’18% de la totalidad de las cuentas públicas. Por otra parte, el aumento de casi un punto que experimentan las áreas de Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Vivienda, Empleo, Cultura e Inmigración, hace de éstos unos presupuestos sociales en el que 4 de cada 5 euros irán destinados a  políticas sociales.

El grueso de las inversiones productivas se concentran principalmente en la construcción de cuatro nuevos hospitales públicos, en las inversiones en centros docentes no universitarios, 25 nuevos colegios públicos bilingües y 25 institutos bilingües, en la construcción de 1.500 viviendas de promoción pública y rehabilitación, en las ampliaciones previstas de las líneas de METRO, red ferroviaria y de carreteras, y en el Plan Regional de Inversiones PRISMA 2008-20011 destinado a los Ayuntamientos de la Región entre otras.

A pesar de la crisis económica, este presupuesto va a permitir que el Gobierno de Esperanza Aguirre desarrolle las actuaciones comprometidas con los madrileños y el cumplimiento del programa electoral con el cual el Partido Popular concurrió a las elecciones de 2007, sin hipotecar el futuro de nuestra Comunidad.