Y es que si algo ha conseguido la Presidencia española de la UE es internacionalizar la publicidad de la política de parches con la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende sortear la crisis que tanto le ha costado admitir. Una crisis que ha maquillado hasta lo imposible, usando todo tipo de trucos mediáticos que han quedado finalmente sobrepasados por la cruda realidad de los casi cuatro millones y medio de parados y el desorbitado déficit público que ya alcanza el 11,4% del PIB.

A pesar de que el Gobierno español llevaba meses atacando a todo aquel que se atreviera a cuestionar el sistema de pensiones, ha bastado una semana para que esos mismos responsables políticos hayan conseguido sembrar el miedo y la desconfianza entre los jubilados y gran parte de la sociedad española. La reforma de las pensiones, aprobada unilateralmente y sin consenso previo por el Consejo de Ministros, propone el retraso de la edad de la jubilación a los 67 años y contradice de plano las palabras de Zapatero apostando por una “respuesta social a la crisis”.  El deterioro de la credibilidad internacional del Gobierno socialista alcanzó su punto álgido con el dantesco episodio protagonizado por la Vicepresidencia Económica, al enviar a la Comisión Europea el documento con la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, que recogía la propuesta de ampliar el cálculo de las pensiones desde los 15 años actuales hasta los 25, con la consiguiente reducción de al menos un 10% en el importe de las pensiones. Tras las enconadas reacciones en contra de los sindicatos y todas las fuerzas políticas, se apresuraron a rectificar con la pueril justificación de que el documento enviado no era el definitivo y se trataba sólo de una “simulación” a modo de “ejemplo que ha podido interpretarse como una propuesta concreta”.

Decía el filósofo y escritor francés Jean-Francois Revel, en su libro “El Estado Megalómano”, que cuando los gobiernos de izquierdas se encuentran en dificultades apelan al manido recurso de crear enemigos imaginarios para justificar sus deficiencias. De este modo, señalan tres responsables: el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. En el caso de Zapatero, el planteamiento de Revel cobra renovada actualidad. El enemigo anterior  e interior confluirían en el Partido Popular, causante de prácticamente todas las desgracias acaecidas en España desde que el toro Islero corneó mortalmente a Manolete. Por su parte, el enemigo exterior serían los responsables de la conspiración internacional que, en los delirios zapateriles, están provocando ” turbias maniobras” para desestabilizar nuestros mercados financieros. Después de casi seis años aplicando una política económica llena de contradicciones e improvisación que han deteriorado la imagen de España en los mercados financieros, el presidente del Gobierno y sus voceros justifican las críticas a la gestión socialista en un gigantesco complot. Una oscura conjura que explicaría lo que en realidad es mera incompetencia para gestionar la difícil situación que atraviesa nuestro país.  

Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y, lejos de corregir el rumbo y reconocer que nuestros socios comunitarios nos ven como un peligroso lastre para la Unión Europea y una apuesta de altísimo riesgo para los inversores internacionales, la estrategia de Zapatero continúa siendo la negación de la realidad y la convicción de que hay un complot contra su Gobierno. Habrá próxima comparecencia del presidente en el Congreso. Será su oportunidad definitiva para afrontar y resolver de forma responsable la difícil situación por la que atraviesa el país o, por el contrario, seguir navegando a la deriva, intentando convencer a los españoles de que la mayor crisis económica de España en democracia es sólo una desagradable ficción contra la que nada se puede hacer excepto esperar.

Salvando las distancias, la incompetencia de Zapatero me recuerda a uno de los más entrañables personajes de la literatura universal: Ignatius J. Reilly, quién en la inolvidable novela de John Kennedy Toole, se empeñaba en abordar todo tipo de trabajos con una incompetencia verdaderamente memorable. Finalmente parece que, a falta de foto con Obama en España, el esperado “acontecimiento histórico y planetario” se ha quedado tan sólo en una versión patria de “La conjura de los necios”.

A pesar del carácter técnico de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, merece hacer un pequeño análisis de las consecuencias que para los madrileños van a tener las cuentas públicas que hoy se aprueban en la Asamblea de Madrid.

El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año 2010, responde a las políticas que el Gobierno de Esperanza Aguirre viene desarrollando contra la crisis económica en un año en el que España, según las previsiones del FMI y la OCDE, será el único país de la Unión Europea que no saldrá de la recesión. Se pondrán en marcha nuevas medidas liberalizadoras en diferentes sectores económicos que, junto con la simplificación administrativa y las rebajas fiscales para las empresas y los ciudadanos madrileños, contribuirán decisivamente a impulsar la creación de empleo y  la reactivación económica de la región.

Además es un presupuesto riguroso y austero, que cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para todas las Comunidades Autónomas, y mantiene la deuda pública por debajo del 0,75% del PIB de la Comunidad de Madrid.  La reducción del gasto público se consigue aplicando los principios de eficacia y eficiencia que permiten disminuir los gastos administrativos y de organización de la propia administración autonómica.

A pesar de ello el presupuesto para 2010, dotado con 18.383 millones de euros, garantiza y amplía la prestación de los servicios públicos para todos los ciudadanos. La sanidad, la educación y la atención social son materias prioritarias de gasto para el Gobierno de Esperanza Aguirre y representan el 79’18% de la totalidad de las cuentas públicas. Por otra parte, el aumento de casi un punto que experimentan las áreas de Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Vivienda, Empleo, Cultura e Inmigración, hace de éstos unos presupuestos sociales en el que 4 de cada 5 euros irán destinados a  políticas sociales.

El grueso de las inversiones productivas se concentran principalmente en la construcción de cuatro nuevos hospitales públicos, en las inversiones en centros docentes no universitarios, 25 nuevos colegios públicos bilingües y 25 institutos bilingües, en la construcción de 1.500 viviendas de promoción pública y rehabilitación, en las ampliaciones previstas de las líneas de METRO, red ferroviaria y de carreteras, y en el Plan Regional de Inversiones PRISMA 2008-20011 destinado a los Ayuntamientos de la Región entre otras.

A pesar de la crisis económica, este presupuesto va a permitir que el Gobierno de Esperanza Aguirre desarrolle las actuaciones comprometidas con los madrileños y el cumplimiento del programa electoral con el cual el Partido Popular concurrió a las elecciones de 2007, sin hipotecar el futuro de nuestra Comunidad.

Son los mismos sindicatos que hace algunas semanas mandaron a “su puta casa” a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y destacado dirigente socialista, por haber cometido el imperdonable error de pedir en sede parlamentaria una reforma estructural del mercado laboral necesaria para la recuperación económica en España.

En una situación en la que España lidera  la destrucción de empleo en la Unión Europea, no hay mayor violación de los derechos de los trabajadores que no tener trabajo. Por ello resulta sorprendente que los sindicatos, en vez de manifestarse contra el Gobierno para protestar contra su incapacidad para paliar la crisis, crear las condiciones para favorecer el empleo y frenar el paro, lo hagan contra los empresarios, que son quienes crean puestos de trabajo. Es incomprensible que con cuatro millones de parados ni UGT ni CCOO hayan abierto la boca y, sin embargo, ahora salgan a la calle para manifestarse en contra de los empresarios. Si un Gobierno del Partido Popular ofreciera a los ciudadanos una tasa de paro que dobla la media de la Unión Europea y va camino de los cinco millones de personas, no me cabe ninguna duda de que los dirigentes sindicales organizarían protestas diarias en su contra frente a La Moncloa y ante la sede del PP.

Lamentablemente, los sindicatos españoles son una clase privilegiada que defiende con encono a sus liberados y a sus afiliados, pero que se caracteriza por su pobre defensa de aquellos que tienen la desgracia de formar parte de las listas del paro.

El pasado mes de septiembre, durante el inicio del curso político en Rodiezmo, Zapatero dijo a los sindicatos que “necesitaba su cariño”.  Resulta evidente que le han dado cariño a raudales, y también es obvio que ellos han recibido el amor presidencial… y algo más. En una situación de fuerte crisis económica las centrales sindicales disfrutan paradójicamente de una situación holgada. Como muestra de ello, tan sólo entre abril y junio, CCOO y UGT recibieron 125 millones de euros, además de los  15,8 millones que el Ministerio de Trabajo destina este año exclusivamente para el desarrollo de indeterminadas “actividades sindicales”.

Hace pocas semanas, durante la celebración en Navarra del 25 Congreso de la Federación del Metal de UGT, asistimos a un nuevo capítulo del romance protagonizado entre Rodríguez Zapatero y las centrales sindicales. Da vergüenza ajena ver las carantoñas mutuas que se dispensaron el presidente del país con mayor tasa de paro de Europa y los dirigentes sindicales. En esta ocasión ZP agradeció a CCOO y UGT su contribución a la paz social y les dijo que “nunca iba a olvidarlo”. Les prometió “mejorar su representación y fortalecer su institucionalidad”, lo que significa lisa y llanamente más prebendas para los sindicatos, a cambio de su silencio. Habrá quién piense que éste es un matrimonio por amor, pero a mi me parece mas un matrimonio de conveniencia. Y el próximo sábado asistiremos a otra de sus capitulaciones.