Todavía recuerdo la manera en la que hace apenas dos años destacados miembros del Gobierno y del propio PSOE arremetieron en tromba contra el PP, llamándonos antipatriotas, por el mero hecho de alertar a los ciudadanos de la crisis económica que se nos venía encima. Fuimos calificados de antipatriotas por reclamar medidas que nos hubieran permitido anticiparnos a la difícil situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad, que se acerca peligrosamente a los 4 millones y medio de parados y a un déficit del 12 por ciento.

Ahora ha sido la vicepresidenta Fernández de la Vega quien ha llamado desleal a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por plantear que los ciudadanos puedan realizar una “protesta política” y manifestar su descontento con la próxima subida del IVA. Por su parte la vicepresidenta Salgado ha acusado a Aguirre de frivolidad y demagogia. Una vez más, los socialistas descalifican a quienes discrepan y critican que otros partidos políticos, e incluso los ciudadanos, puedan expresar en voz alta sus opiniones, como cabría esperar en cualquier democracia. 

La única lealtad de un político dedicado al servicio público debería ser con los ciudadanos que nos han elegido y a quienes representamos. Precisamente lealtad es lo que está demostrando el Partido Popular con su posición de desacuerdo respecto a la subida del IVA para el segundo semestre del año. Y es que en una situación de crisis como la actual, la subida del IVA repercutirá negativamente en el consumo y, por lo tanto, en la inversión y el empleo, perjudicando seriamente nuestra recuperación económica.

Precisamente esta semana, el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados va a defender una Moción pidiendo que se deje sin efecto la subida prevista para Julio de 2010. Es una oportunidad para que los diputados que apoyaron la subida del IVA rectifiquen, porque sería muy perjudicial para la economía persistir en el error por el mero hecho de no dar la razón al contrario. Para superar la grave crisis económica que padecemos  hacen falta medidas eficaces que sirvan para dinamizar la economía. Lamentablemente, en lugar de ser austero, bajar impuestos y realizar las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, Zapatero sigue incrementando el gasto público al tiempo que sube los impuestos a todos los españoles y aplica medidas contraproducentes para el crecimiento de la economía y el empleo.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno arremetía de nuevo contra el Partido popular, a quien pide “algún sacrificio” para llegar a acuerdos contra la crisis. Ignora deliberadamente Zapatero que el Partido Popular siempre ha acudido a negociar cuando el Gobierno así lo ha requerido. Mariano Rajoy le ofreció un pacto en el debate de investidura que ha reiterado en sucesivas ocasiones. De hecho, medidas propuestas por el Gobierno en la casi desaparecida comisión anticrisis de Salgado, Blanco y Sebastián, habían sido presentadas por el PP previamente y rechazadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Pero lo que Zapatero no puede pretender es que el PP sea cómplice consciente de un disparate que pueda costar a España las escasas posibilidades de crecimiento económico para este año. La subida del IVA es un hecho gravísimo, que hay que denunciar, porque profundizará el hundimiento de la economía española y, aún a costa de recibir una retahíla de descalificaciones de nuestros adversarios políticos, no hacerlo sería la auténtica deslealtad con los ciudadanos.

Y es que si algo ha conseguido la Presidencia española de la UE es internacionalizar la publicidad de la política de parches con la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende sortear la crisis que tanto le ha costado admitir. Una crisis que ha maquillado hasta lo imposible, usando todo tipo de trucos mediáticos que han quedado finalmente sobrepasados por la cruda realidad de los casi cuatro millones y medio de parados y el desorbitado déficit público que ya alcanza el 11,4% del PIB.

A pesar de que el Gobierno español llevaba meses atacando a todo aquel que se atreviera a cuestionar el sistema de pensiones, ha bastado una semana para que esos mismos responsables políticos hayan conseguido sembrar el miedo y la desconfianza entre los jubilados y gran parte de la sociedad española. La reforma de las pensiones, aprobada unilateralmente y sin consenso previo por el Consejo de Ministros, propone el retraso de la edad de la jubilación a los 67 años y contradice de plano las palabras de Zapatero apostando por una “respuesta social a la crisis”.  El deterioro de la credibilidad internacional del Gobierno socialista alcanzó su punto álgido con el dantesco episodio protagonizado por la Vicepresidencia Económica, al enviar a la Comisión Europea el documento con la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, que recogía la propuesta de ampliar el cálculo de las pensiones desde los 15 años actuales hasta los 25, con la consiguiente reducción de al menos un 10% en el importe de las pensiones. Tras las enconadas reacciones en contra de los sindicatos y todas las fuerzas políticas, se apresuraron a rectificar con la pueril justificación de que el documento enviado no era el definitivo y se trataba sólo de una “simulación” a modo de “ejemplo que ha podido interpretarse como una propuesta concreta”.

Decía el filósofo y escritor francés Jean-Francois Revel, en su libro “El Estado Megalómano”, que cuando los gobiernos de izquierdas se encuentran en dificultades apelan al manido recurso de crear enemigos imaginarios para justificar sus deficiencias. De este modo, señalan tres responsables: el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. En el caso de Zapatero, el planteamiento de Revel cobra renovada actualidad. El enemigo anterior  e interior confluirían en el Partido Popular, causante de prácticamente todas las desgracias acaecidas en España desde que el toro Islero corneó mortalmente a Manolete. Por su parte, el enemigo exterior serían los responsables de la conspiración internacional que, en los delirios zapateriles, están provocando ” turbias maniobras” para desestabilizar nuestros mercados financieros. Después de casi seis años aplicando una política económica llena de contradicciones e improvisación que han deteriorado la imagen de España en los mercados financieros, el presidente del Gobierno y sus voceros justifican las críticas a la gestión socialista en un gigantesco complot. Una oscura conjura que explicaría lo que en realidad es mera incompetencia para gestionar la difícil situación que atraviesa nuestro país.  

Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y, lejos de corregir el rumbo y reconocer que nuestros socios comunitarios nos ven como un peligroso lastre para la Unión Europea y una apuesta de altísimo riesgo para los inversores internacionales, la estrategia de Zapatero continúa siendo la negación de la realidad y la convicción de que hay un complot contra su Gobierno. Habrá próxima comparecencia del presidente en el Congreso. Será su oportunidad definitiva para afrontar y resolver de forma responsable la difícil situación por la que atraviesa el país o, por el contrario, seguir navegando a la deriva, intentando convencer a los españoles de que la mayor crisis económica de España en democracia es sólo una desagradable ficción contra la que nada se puede hacer excepto esperar.

Salvando las distancias, la incompetencia de Zapatero me recuerda a uno de los más entrañables personajes de la literatura universal: Ignatius J. Reilly, quién en la inolvidable novela de John Kennedy Toole, se empeñaba en abordar todo tipo de trabajos con una incompetencia verdaderamente memorable. Finalmente parece que, a falta de foto con Obama en España, el esperado “acontecimiento histórico y planetario” se ha quedado tan sólo en una versión patria de “La conjura de los necios”.