ENTREVISTA REALIZADA PARA EL DIARIO LA VOZ LIBRE 28 de septiembre de 2011

“Rajoy y Rubalcaba han entendido la gran importancia de las redes sociales”

La intención de esta solicitud es garantizar la ausencia en las instituciones de quienes no creen en la democracia como instrumento para hacer política. Porque ETA y sus ramificaciones utilizan las instituciones con el único afán de conseguir financiación e información, sin renunciar a la violencia que en este país ha causado ya más de 800 muertes. Con su presencia en las instituciones, los terroristas consiguen poder para sumar a la infraestructura terrorista. Tenemos ejemplos no muy alejados en el tiempo. En 2007, Acción Nacionalista Vasca (ANV) consiguió grupos municipales en 125 ayuntamientos que fueron disueltos dos años después tras su ilegalización.

Es un hecho que Bildu es la unión electoral de EA, Alternatiba y  abertzales “independientes” procedentes de Batasuna y nace del “acuerdo estratégico entre fuerzas políticas independentistas”. A nadie engaña la maniobra, pues se trata de la misma ETA de siempre con diferentes caretas, aunque utilizando la cobertura legal de EA para aprovechar cualquier resquicio legal por el cual volver a tener representación en las instituciones.

La ambigüedad con la que Bildu y Sortu se refieren a las acciones de ETA obliga a permanecer alerta para asegurar que los terroristas quedan fuera de los ayuntamientos. Hace falta la desaparición de la banda armada para que la opción política que la sustenta pueda defender sus intereses como cualquier otro partido político. Es necesario que la llamada izquierda abertzale demuestre que las treguas sirven para algo más que ponerse el disfraz de demócratas y dar margen a ETA para su rearme, en lugar de buscar las vueltas al estado de Derecho. Todos los partidos, en el Gobierno y en la oposición, debemos ser firmes en esta exigencia. Se lo debemos a las víctimas, pero sobre todo a quienes todavía viven amenazados, con miedo, en el único país de Europa con un grupo terrorista en activo.

A pesar de la aparente novedad que podría suponer  “un alto el fuego permanente y verificable”, el comunicado difundido por ETA a través del diario “Gara” ya suena como algo muy repetido. Es el octavo pronunciamiento de la banda criminal en los últimos doce meses y la tregua número once,  mediante la cual la autodenominada “organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional” pretende “alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herría”.

La banda asesina olvida mencionar en la declaración a ninguna de sus más de 800 víctimas, ni tampoco pide perdón ni manifiesta su arrepentimiento. Sigue en una realidad paralela que, incluso después del fin de la dictadura, le ha hecho ver estados represores en las actuales democracias de España y Francia y un conflicto político donde exclusivamente hay una postura unilateral que los terroristas consideran innegociable, a pesar de los sucesivos llamamientos de la sociedad española para el fin del terrorismo.

No podemos olvidar que, hasta la fecha,  todas las treguas anunciadas por ETA sólo han servido para que la banda se rearmara, manteniendo su  aparato de extorsión criminal. Tan sólo desde la última “tregua-trampa” los terroristas han asesinado a doce personas

En apenas una página, ETA vuelve a imponer sus condiciones como si no supiera que la única posibilidad que contemplamos los demócratas es su  desaparición. El único comunicado admisible sería, por tanto, aquel en el cual los asesinos manifestaran arrepentimiento, anunciaran su disolución, la entrega definitiva de las armas y pidieran perdón a las víctimas.

Sin embargo la intención del comunicado de la banda terrorista no parece ser otra que sondear hasta qué punto existen posibilidades de incluir listas afines a sus tesis en las próximas elecciones municipales. De la reacción en la opinión pública y las instituciones puede depender la presencia de candidaturas pro etarras en los ayuntamientos del País Vasco. No deberíamos permitir que los intolerantes volvieran a compartir espacios con los demócratas. Por ello conviene dejar claro que el camino para acabar con la banda terrorista no admite atajos y pasa por la unidad de los demócratas frente a ETA y todas sus franquicias.

Sin entrar en otras consideraciones como las frecuentes comidas con el terrorista Josu Ternera o la participación en la defensa del etarra Otegi, Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE-PSOE y persona a la cual Patxi López denomina “hombre bueno”, es el único dirigente político en activo condenado con sentencia firme por maltratar brutalmente a su mujer. Esto convierte al PSOE en el único partido europeo que admite en sus filas a un condenado judicial por violencia de género ¿El feminista Zapatero no tiene nada que decir?

Todavía recuerdo la manera en la que hace apenas dos años destacados miembros del Gobierno y del propio PSOE arremetieron en tromba contra el PP, llamándonos antipatriotas, por el mero hecho de alertar a los ciudadanos de la crisis económica que se nos venía encima. Fuimos calificados de antipatriotas por reclamar medidas que nos hubieran permitido anticiparnos a la difícil situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad, que se acerca peligrosamente a los 4 millones y medio de parados y a un déficit del 12 por ciento.

Ahora ha sido la vicepresidenta Fernández de la Vega quien ha llamado desleal a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por plantear que los ciudadanos puedan realizar una “protesta política” y manifestar su descontento con la próxima subida del IVA. Por su parte la vicepresidenta Salgado ha acusado a Aguirre de frivolidad y demagogia. Una vez más, los socialistas descalifican a quienes discrepan y critican que otros partidos políticos, e incluso los ciudadanos, puedan expresar en voz alta sus opiniones, como cabría esperar en cualquier democracia. 

La única lealtad de un político dedicado al servicio público debería ser con los ciudadanos que nos han elegido y a quienes representamos. Precisamente lealtad es lo que está demostrando el Partido Popular con su posición de desacuerdo respecto a la subida del IVA para el segundo semestre del año. Y es que en una situación de crisis como la actual, la subida del IVA repercutirá negativamente en el consumo y, por lo tanto, en la inversión y el empleo, perjudicando seriamente nuestra recuperación económica.

Precisamente esta semana, el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados va a defender una Moción pidiendo que se deje sin efecto la subida prevista para Julio de 2010. Es una oportunidad para que los diputados que apoyaron la subida del IVA rectifiquen, porque sería muy perjudicial para la economía persistir en el error por el mero hecho de no dar la razón al contrario. Para superar la grave crisis económica que padecemos  hacen falta medidas eficaces que sirvan para dinamizar la economía. Lamentablemente, en lugar de ser austero, bajar impuestos y realizar las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, Zapatero sigue incrementando el gasto público al tiempo que sube los impuestos a todos los españoles y aplica medidas contraproducentes para el crecimiento de la economía y el empleo.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno arremetía de nuevo contra el Partido popular, a quien pide “algún sacrificio” para llegar a acuerdos contra la crisis. Ignora deliberadamente Zapatero que el Partido Popular siempre ha acudido a negociar cuando el Gobierno así lo ha requerido. Mariano Rajoy le ofreció un pacto en el debate de investidura que ha reiterado en sucesivas ocasiones. De hecho, medidas propuestas por el Gobierno en la casi desaparecida comisión anticrisis de Salgado, Blanco y Sebastián, habían sido presentadas por el PP previamente y rechazadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Pero lo que Zapatero no puede pretender es que el PP sea cómplice consciente de un disparate que pueda costar a España las escasas posibilidades de crecimiento económico para este año. La subida del IVA es un hecho gravísimo, que hay que denunciar, porque profundizará el hundimiento de la economía española y, aún a costa de recibir una retahíla de descalificaciones de nuestros adversarios políticos, no hacerlo sería la auténtica deslealtad con los ciudadanos.