Apenas quedan tres semanas para que se celebren elecciones generales en España. En un momento de grave deterioro de la economía española y de alarmante cuestionamiento de la clase política, en las próximas elecciones está en juego la recuperación de la senda de progreso y crecimiento de la que tanto han alejado nuestro país en los últimos años la ineficaz gestión del PSOE.

Los españoles tienen la responsabilidad de decidir el equipo de personas y el programa de gobierno que deberá sacar a España de esta situación de crisis; de elegir entre dos modelos diferentes.

Por una parte, el Partido Socialista que, tras dos legislaturas de calamitosos resultados por todos conocidos, acaba de desvelar su lema de campaña. Y es toda una declaración de intenciones: PELEA. El PSOE de Rubalcaba, el de la crispación como manera de gobernar, el responsable de los cinco millones de parados, de la tasa de paro juvenil más alta de la UE, de la negación de la crisis, de la congelación de las pensiones y la rebaja de los salarios, de la destrucción de las ilusiones de muchos españoles nos ofrece la “pelea” como única solución para los próximos años. Es decir, para crear empleo, disputa; para salir de la crisis, enfrentamiento; o como reconoció su todavía secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, para ganar las elecciones, tensión y dramatismo.

Frente a esto, el Partido Popular ofrece una fórmula de eficacia probada, de ideas y medidas que ya sacaron a nuestro país de la crisis e hicieron que diera un salto cuantitativo y cualitativo entre 1996 y 2004. Nada de experimentos porque se trata de lo que ya funcionó, lo que funciona legislatura tras legislatura en la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, o lo que aplican otros presidentes autonómicos del Partido Popular allá donde gobiernan: confianza, austeridad y eficacia, con el ciudadano en el centro de sus políticas.

Para que España vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en Europa, es necesario un Gobierno formado por personas sensatas, honestas y preparadas. Responsables competentes en las administraciones, como aquellos que hicieron del país la envidia de Europa, y no como quienes nos han colocado en el furgón de cola.

Yo quiero una España próspera donde los ciudadanos trabajen y paguen sus impuestos, donde los emprendedores creen empleo y dinamicen la economía. Quiero un país con gobernantes que gobiernen y no pospongan la toma de decisiones hasta lo irresponsable, en el que las gasolineras se utilicen para repostar y no para celebrar siniestras reuniones.

España merece una oportunidad para demostrar que es capaz de volver a estar a la cabeza del desarrollo económico. Por desgracia, ha sido mucho el tiempo perdido, pero ha llegado la hora de apostar por políticas eficaces. Y la experiencia nos demuestra que sólo el Partido Popular es capaz de impulsar una recuperación de la crisis que, no será fácil, pero terminará en éxito, traducido en progreso y bienestar para los españoles.

El Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero sin duda pasará a la historia por manirroto y derrochador.  Apoyado en la tesis de una ministra socialista  que  afirmaba que “el dinero público no es de nadie”, este Ejecutivo se ha endeudado de manera irresponsable, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago de difícil cumplimiento y olvidando que el rigor en las cuentas públicas no debería ser patrimonio de ninguna opción política, sino un compromiso asumido por todos.

En un momento como el actual, de gran incertidumbre económica, España necesita un plus de credibilidad ante las instituciones europeas,  que han acogido con satisfacción la reforma de nuestra Carta Magna. Sin duda el consenso conseguido entre los grandes partidos políticos contribuye a ello, pues el nuevo texto constitucional establecerá, entre otras cosas, que todas las Administraciones estén obligadas a respetar el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las Comunidades Autónomas no puedan incurrir en déficit estructural superior al establecido por la Unión Europea y que los Ayuntamientos deban presentar un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas.

Hoy más que nunca las administraciones públicas tienen que hacer de la austeridad una obligación política. Ello es especialmente necesario por la errática gestión del Gobierno socialista, que nos ha llevado a una situación donde la credibilidad de la economía española está bajo mínimos. Una coyuntura en la que incluso puede estar en riesgo la prestación de servicios esenciales en nuestro estado del bienestar, pues resulta imposible llevar a cabo políticas sociales sin tener los recursos suficientes para mantenerlas.

Dentro del proceso de rectificación acelerada a que se ha visto obligado el Ejecutivo, el candidato Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse  a regañadientes a una reforma constitucional en la que no cree. Estos días las hemerotecas nos han recordado con gran bochorno cómo se mofaron el entonces vicepresidente y otros miembros del PSOE y del Gobierno socialista, del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando hace más de un año propuso la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria.

En un nuevo ejercicio de malabarismo político ahora dice Rubalcaba que “endeudarse no es de izquierdas” cuando, si por algo se ha caracterizado este Gobierno es precisamente por habernos empeñado hasta las cejas. Si en el mes de mayo de 2010 se hubieran hecho las reformas necesarias probablemente la situación de España hoy sería muy diferente. Pero el Gobierno socialista decidió mirar hacia otro lado y adoptar medidas cosméticas, sin abordar ninguna de las reformas estructurales que la gravedad de nuestra situación requería. Ni se reformó el sistema laboral, ni tampoco el financiero, ni se acometió la necesaria modificación de la Administración Pública. El Gobierno se limitó a congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y acometer el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia.

Con la misma parsimonia con que negó la crisis durante dos años, Zapatero ha estado esperando impasible, confiado en que la recuperación vendría de fuera, hasta que la intervención de facto de la economía española por parte del Banco Central Europeo le ha hecho tocar tierra de manera muy traumática.

La reforma de la Constitución es un primer paso necesario para afianzar la credibilidad de España ante las instituciones europeas y los mercados, muy mermada desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto (la llamada “ley de déficit cero”) establecidos por el Ejecutivo de José María Aznar. Sin duda esta medida tiene que ir seguida de otras en la misma dirección.

Como asignatura pendiente queda la aprobación de una ley orgánica que determine el déficit estructural máximo del Estado y las autonomías, dentro del margen de déficit europeo y en un principio de estabilidad presupuestaria, que ponga coto al gasto de los ayuntamientos,  comunidades autónomas y de la propia Administración del Estado. La exigencia de consenso y responsabilidad política no acaba con la modificación de nuestra Carta Magna, pero sin duda es un buen punto de inicio y  confirma aquello de que algunos sólo aciertan cuando rectifican.

Que José Luis Rodríguez Zapatero gobierna exclusivamente  buscando la foto no es ningún secreto. La reunión en Moncloa del pasado sábado con 40 banqueros y gestores de grandes empresas, repetición casi idéntica de la celebrada el pasado mes de noviembre, da buena prueba de ello.

El nuevo posado del socialista Zapatero con las grandes fortunas españolas tiene como único objeto lavar su deteriorada imagen pública y de paso vender a Europa una conveniente foto de respaldo empresarial. Sin embargo, la estrategia del presidente más parece una sesión de reafirmación y autoayuda que un decidido empeño por aplicar las reformas estructurales que España necesita para salir de la crisis.

Lo cierto es que, hasta la fecha, las medidas improvisadas de Zapatero no han ofrecido resultados. Si durante el pasado año la seguridad social perdió 225.257 afiliados, tras la reforma laboral la cosa ha ido a peor y, sólo en el mes de febrero, 68.260 nuevos españoles pasaron a engrosar las listas del paro. Mas allá de la foto, la realidad de España es la de un país con casi cinco millones de parados, un déficit de 99.000 millones de euros, 637.000 millones de deuda pública, un agujero financiero considerablemente superior a los 15.000 millones oficiales y una  tasa de paro del 20% que, en el caso de los jóvenes, alcanza el 43%.

Cada vez más españoles tienen la certeza de que con este Gobierno es imposible la recuperación económica. Mientras el resto de Europa sale de la crisis, en España 176.000 pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar y 300.000 autónomos han causado baja en la seguridad Social. Una situación que sin duda se agrava día a día tras la subida del IVA que tanto está perjudicando al pequeño comercio.

Olvida Zapatero que para que España entre en la senda de la recuperación económica y el empleo es imprescindible apoyar a los pequeños empresarios. Por ello no se comprende la razón por la cual el Ejecutivo socialista ha rechazado sistemáticamente las propuestas del Partido Popular en apoyo de PYMES y autónomos, los grandes olvidados de este Gobierno. Es imprescindible que se pongan en marcha medidas tales como la posibilidad de que los autónomos no paguen el IVA de las facturas hasta después de cobrarlas, la adaptación de la tributación por módulos a la actual situación de crisis económica o la compensación de las deudas tributarias con deudas que otras administraciones públicas mantienen con los autónomos.

Sin duda, cuando concluya la Legislatura Zapatero atesorará un bonito álbum de fotos, pero a cambio nos dejará su amargo recuerdo, el de un presidente incapaz de sacarnos de una crisis que no quiso prever y responsable de la mayor tasa de desempleo y de los mayores recortes sociales de la historia de nuestra democracia.

Si el viernes el Gobierno improvisaba la rebaja de la velocidad máxima en autovía a 110 kilómetros/hora, el lunes nos sorprendían con una reducción del consumo eléctrico en carretera de hasta el 50 por ciento. Eso sin olvidar que hace algunos días, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, se manifestaba a favor de limitar el tráfico, con la alternancia diaria de matrículas pares e impares. Atrás quedan medidas tan ridículas como regalar bombillas o desaconsejar el uso de corbatas para disminuir el uso de aire acondicionado en verano.

A la serie de ideas geniales, han sucedido explicaciones contradictorias y heterogéneas para justificar la chapuza. Mientras el vicepresidente y el ministro de Fomento reivindicaban estas actuaciones como necesarias para rebajar la factura del petróleo que debe pagar España, Zapatero sugería que la reducción a 110 KM/h era una medida “coyuntural, temporal y transitoria”, pero muy positiva porque va a contribuir a disminuir los accidentes. No se si alguien ha caído en la cuenta de que ese descenso será, en el mejor de los casos, inversamente proporcional al previsible aumento de la siniestralidad en carretera que sin duda va a provocar una deficiente iluminación de las vías. En cualquier caso, si para el Gobierno socialista la reducción de la velocidad en carretera es una medida tan extraordinariamente positiva, no se comprende que no se adopte con carácter definitivo.

A su vez el ministro de Industria, Miguel Sebastián, pone la puntilla argumentando que el ahorro conseguido “no es para el Estado sino para los ciudadanos”. Unos ciudadanos a quienes les va a ser cada vez más complicado sacar el coche de casa, a tenor de las restricciones que amenazan con ser todavía mayores, aunque tal vez sea ese el ahorro a que se refiere el Gobierno. Y, en el horizonte, sólo dos premisas: los 250.000 euros de inversión en pegatinas para la señalización y el previsible incremento en la recaudación por las multas de velocidad.

En definitiva, medidas improvisadas para una gestión improvisada en materia de energía. El Gobierno socialista no ha parado de dar bandazos, creando primero la burbuja de las renovables que, tras haber estallado, ha provocado miles de nuevos desempleados. Un auténtico caos en política energética cuya consecuencia más directa es que, desde que Zapatero es presidente, el recibo de la luz en España ha subido un 60%.

Urge más que nunca una política seria en materia energética, que nos libre de la dependencia exterior y permita caminar hacia la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Hay que trabajar sobre mix energético que limite los combustibles fósiles y contemple las renovables, pero también la nuclear. Con un modelo claro y bien planificado, sólo entonces, podremos hablar, o no, de la decisión de las restricciones para el ahorro. Hasta ese momento, las ocurrentes imposiciones sólo servirán para el desconcierto ciudadano y ocupar espacios en los medios de comunicación, restándoselo a otros asuntos prioritarios para los españoles, como el incesante aumento del paro.

Por su interés reproduzco este video con momentos “estelares” del Presidente del Gobierno, José luís Rodríguez Zapatero. Inmediatamente me viene a la memoria lo dicho por un reputado miembro del PSOE: “España necesita un Gobierno que no mienta”