Para el discurso del debate sobre el Estado de la Nación, Zapatero ha elegido una versión inventada de sí mismo como dirigente responsable que ha hecho desde el primer momento lo necesario para afrontar la terrible crisis que atraviesa España. Así, ha contando lo duro que ha sido este último año y lo conveniente de todas las medidas adoptadas por su Gobierno, como la congelación de las pensiones y la bajada de los salarios de los trabajadores públicos; el abaratamiento del despido; el nefasto Plan E, que no ha resuelto los problemas de liquidez de los ayuntamientos; o la urgente Ley de Economía Sostenible, parada, aún en Comisión y sin fondos asignados.

No se ha olvidado el presidente del Gobierno de calmar los ánimos de su partido en Cataluña y de sus posibles socios parlamentarios, comprometiéndose a contribuir “al desarrollo y aplicación del “Estatut”, una declaración tan innecesaria como intencionada ya que los términos del cumplimiento de la norma vienen establecidos por el propio Tribunal Constitucional.

Todo esto lo ha dicho Zapatero en un discurso bastante plano, sin novedad alguna que imagino habrá dejado perplejo y bastante preocupado a cualquiera que lo haya escuchado. Es muy descorazonador escuchar a un presidente justificar que ha gestionado bien un país con casi cinco millones de parados, un déficit de más del 11 por ciento y una deuda pública del 55 por ciento. En su realidad paralela, incluso ha llegado a decir que Europa ha avalado su gestión como presidente de turno de la Unión Europea.

Los errores se pueden rectificar, pero si no se reconocen se persiste en ellos hasta agravar la situación. La primera obligación de un buen médico es realizar un diagnóstico adecuado de la enfermedad, para prescribir el tratamiento adecuado. Zapatero, como un mal galeno, persiste en el error o el autoengaño y continúa en la creencia de su impecable y coherente trayectoria como presidente. De hecho, se presenta como el remedio para sacar a España de la recesión. Conviene recordar que es la misma persona que esperó dos años antes de admitir la existencia de la crisis, que se cree tocado por una especie de suerte cósmica y que, en este Debate sobre el estado de la Nación, ha garantizado la victoria sobre la crisis porque en España “siempre hemos salido adelante”. Eso sí, pidiendo el “esfuerzo colectivo” de quienes tantas veces le advirtieron de sus errores.

El habitualmente tranquilo y optimista antropológico Zapatero, sin embargo, se transmutó en la hidra de las cinco cabezas cuando el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy le hizo notar que faltaba a la verdad, acusándole de incumplir su programa electoral y reprochándole  su política de ocurrencias sin rumbo, que incluyen reformas que unos meses antes rechazaba, como el recorte del gasto social, la congelación de las pensiones o la modificación de la legislación laboral.

La infantil reacción de Zapatero ha sido la descalificación del rival, cuestión que el propio Rajoy ya había adelantado que sucedería. La cansina táctica zapateril de “no hay mejor defensa que un buen ataque” no ha hecho mella en un jefe de oposición preparado para tomar el relevo. Sin embargo, resulta tremendamente injusta la crítica del presidente del Gobierno, que ha tenido en el líder del PP un aliado para la aprobación de iniciativas como el Fondo de Reestructuración Ordenada  Bancaria o para posibles acuerdos económicos que Zapatero de ha empeñado en rechazar. El propio Rajoy ha dejado en evidencia al presidente cuando se ha referido a negociaciones en curso como las reformas del sistema financiero y laboral y el pacto energético. Porque, como le ha recordado: “No le han faltado apoyos cuando los criterios han sido claros”.

En este Debate sobre el estado de la nación Rajoy ha pedido la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales como una medida para recuperar el crédito en el exterior pero, sobre todo, porque los españoles necesitamos un presidente que no mienta y que no se resigne, como ha hecho Zapatero, a la parálisis económica del país, a la mayor tasa de desempleo en Europa y a una merma en los derechos sociales adquiridos. Zapatero, ¡aterriza!

Nuestro “líder planetario” inició la Presidencia de turno lanzando algunas propuestas que rápidamente se vio obligado a rectificar. Pura improvisación. Así, por ejemplo, Rodríguez Zapatero propuso sanciones para aquellos países que no trabajaran lo suficiente en favor del crecimiento económico y la competitividad. La protesta de Alemania fue inmediata e hizo que muchos españoles pasáramos auténtico bochorno al ver a Angela Merkel abroncando a Zapatero y recordando que España, con su profunda recesión y uno de los niveles de desempleo más altos de la UE (casi el 20 por ciento), no era precisamente el país más adecuado para plantear la cuestión. El objetivo de la Presidencia española era liderar la salida de la crisis, aunque si algo ha liderado nuestro país en estos últimos meses ha sido precisamente la destrucción de empleo y la mala gestión económica.

Para un Zapatero que sin duda pretendía rentabilizar los seis meses en términos de imagen, el golpe más duro debió ser el plantón de Obama. La cumbre UE-Estados Unidos prometía ser una oportunidad de oro para impulsar la popularidad en declive del jefe del Ejecutivo español. El tan esperado “acontecimiento histórico planetario” vaticinado por la impagable aunque muy bien retribuida Leire Pajín se convirtió en la “decepción estelar” de un presidente que, desde entonces, ya no levanta cabeza. Descompuesto y sin “novia” se quedó Zapatero.

Y es que, si por algo se ha caracterizado el semestre de Zapatero, es por la mediocridad de un mandato gris, deslucido, marcado por la situación crítica de la economía española, donde el incontrolable déficit público y el creciente desempleo han dañado seriamente la credibilidad del presidente de turno. Rodríguez Zapatero ha sido un presidente anodino, ausente en las decisiones importantes que, durante este semestre, se han tomado en Europa.

Pero si Zapatero comenzó con mal pie, ha terminado sin pena ni gloria. Seis meses después, el supuesto salvavidas se ha convertido en un pesado lastre que nos ha costado a los españoles medio millón de euros diarios. Menos mal que el fiasco europeo sólo ha durado 180 días. Lo dicho: muy caro, pero sin pena ni gloria.

Hace algunas semanas, la abogada general del tribunal de justicia de la Unión Europea emitió un dictamen en el cual se determinaba que el “canon digital” que se aplica en España desde Junio de 2008 es ilegal. A pesar de que la opinión de la abogada general no es vinculante, lo normal es que los magistrados del Tribunal de Justicia de Luxemburgo la tengan muy en cuenta, puesto que su misión es precisamente proponer soluciones jurídicas a los litigios planteados.

El informe de Verica Trstenjak surge por la petición de la Audiencia Provincial de Barcelona al tribunal europeo, como consecuencia de un pleito surgido entre la empresa de aparatos audiovisuales PADAWAN y la Sociedad General de Autores (SGAE), en aplicación de la actual legislación española, que grava todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital con un canon por copia privada, abonado a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

La abogada general europea ha dictaminado que el sistema de recaudación de los derechos de autor utilizado en España es indiscriminado y vulnera la normativa europea. Considera que es desproporcionado gravar todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital indiscriminadamente con un canon por copia privada, sin tener la certeza de si éstos se van a utilizar para copiar obras protegidas por derechos de autor. Aunque la abogada general no cree ilegal la existencia de un gravamen para la copia privada, establece que “un sistema como el español, que prevé la aplicación indiscriminada de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital no es compatible con la normativa de la Unión Europea”.

No pretendo cuestionar en modo alguno el legítimo derecho de los autores a cobrar los derechos que generan la copia de sus obras protegidas, pero el canon digital actual es injusto, arbitrario e indiscriminado. La legislación vigente hace que en España los ciudadanos seamos tratados como si fueramos a utilizar cualquier soporte digital para copiar obras protegidas por derechos de autor, cuando lo lógico sería que este tipo de tasa sólo se aplicara a los equipos y materiales de reproducción digital que se destinen fehacientemente a la realización de copias privadas. Resulta absolutamente injusto que se esté cobrando indiscriminadamente a empresas y particulares,  que utilizan los aparatos y soportes en su actividad profesional diaria, destinándolos a finalidades diferentes a la copia privada.

A expensas de la sentencia del tribunal de Luxemburgo, lo cierto es que el informe de la abogada general supone un serio contratiempo para el Gobierno y específicamente para la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, indiscutible protectora de la SGAE y defensora de la insólita teoría de que “si el canon sube los precios, es por culpa de los fabricantes”.

Aunque el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible ya recomendaba al Gobierno optar por un sistema de canon que no presuponga que cada soporte grabable va a ser usado para copiar material protegido, si finalmente la justicia europea determinara que el canon digital español no se ajusta a la legislación comunitaria, el Gobierno de Rodríguez Zapatero debería tomar buena nota y suprimir este injusto gravamen.

Confío en que estemos asistiendo al principio del fin del abuso sistemático con que la SGAE, amparándose en la legislación vigente,  castiga a los ciudadanos españoles.

La repetida amenaza de los sindicatos en las últimas semanas para la convocatoria de una huelga general ha tenido como ensayo previo la fracasada huelga de empleados públicos. La bajísima participación ha sido la respuesta dada por los ciudadanos al llamamiento de unas organizaciones que miran cada vez menos por los intereses de los trabajadores y se rigen más por los suyos propios.

Durante los dos últimos años, los sindicatos han dedicado sus esfuerzos a ser cómplices de las políticas de un Gobierno que ha contribuido con su inacción primero, y más tarde con sus continuas improvisaciones y rectificaciones, a situar a España a la cabeza del desempleo de la Unión Europea. Los sindicatos se han ganado a pulso su falta de credibilidad ante los trabajadores, por su inaudito silencio ante la desastrosa gestión del presidente Rodríguez Zapatero, quien ha contribuido de forma decisiva a que España atraviese la peor crisis económica de las últimas décadas.

Desde luego entiendo la lógica indignación de los trabajadores y, sobre todo, la de los casi cinco millones de españoles que se encuentran sin trabajo ni perspectivas de obtenerlo. Pero aunque existen sobrados motivos, una huelga general ni soluciona la crisis, ni contribuye a resolver los actuales problemas del empleo en España. La situación es tan grave que sólo podría paliarse con cambios drásticos en las políticas del Gobierno socialista, condenado ahora a seguir a pies juntillas las instrucciones de otros países y organismos, que ya no toleran las indecisiones de Rodríguez Zapatero, tan peligrosas para la solvencia de la Unión Europea.

Es indiscutible que la huelga es un derecho pero desde luego no es la solución. Me pregunto si los sindicatos habrían tenido el mismo comportamiento con un Gobierno de otro signo, si también habrían sido condescendientes hasta lo inimaginable o, por el contrario, se habrían movilizado ante la más mínima sospecha de amenaza social. Hoy más que nunca los sindicatos parecen haber mutado de organizaciones sociales a políticas, cada vez más alejadas de aquellos a quienes dicen y deberían defender.  

Si algo ha demostrado con creces José Luis Rodríguez Zapatero es su facilidad para faltar a la verdad, su incapacidad para admitir los desastrosos efectos de la crisis sobre nuestro país y su incompetencia para poner en marcha a tiempo medidas que saquen a España de la precaria situación económica en la que se encuentra. Finalmente han sido Europa y los EE.UU quienes han sacado los colores a nuestro Gobierno, obligándole a modificar una política económica de desmedido gasto e inasumible déficit público.

No cuestiono la necesidad de rebajar el déficit público. Es más, creo que este recorte es absolutamente imprescindible, pero no a costa de hipotecar las posibilidades de crecimiento de la economía española y menos aún haciendo que las clases medias y los más débiles sean los paganos de la crisis. En este momento congelar las pensiones, bajar el sueldo a los funcionarios y reducir las infraestructuras públicas provocará, sin duda, que el consumo se reduzca todavía más, situación que previsiblemente empeorará con la subida del IVA a partir del 1 de julio.

Frente al tijeretazo de Zapatero, que supondrá el mayor recorte social en la historia democrática de España, habría que tomar otras medidas como reducir el tamaño de la Administración, suprimiendo todos los organismos, empresas públicas y fundaciones innecesarias en momentos de tan dura crisis. La reducción del gasto debería además estar supervisada por una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que fije un techo para el gasto público de todas las Administraciones.

La solución no consiste en mermar la capacidad adquisitiva de quienes menos tienen, practicar recortes sociales y poner en marcha unilateralmente medidas que influyan negativamente en las previsiones de crecimiento y empleo, tal y como ha hecho el Gobierno. Resulta impresentable que el Ejecutivo socialista pretenda pasar la factura de su despilfarro a los empleados públicos, los dependientes y los pensionistas. España requiere de una verdadera política de austeridad, un plan de reducción del déficit que recorte aquellas partidas presupuestarias menos necesarias para mantener el bienestar de los ciudadanos, que disminuya estructuras administrativas y que elimine subvenciones.

De la crisis podemos salir, pero no liderados por el peor presidente de la historia de nuestra reciente democracia quien, tras derrochar el superávit heredado del anterior Gobierno del Partido Popular con el único argumento de que “era para gastarlo”, pretende cobrarse en los más débiles los fallos de su errática gestión. La política presupuestaria no se improvisa. Y las propuestas de Zapatero son parches chapuceros, meras ocurrencias que demuestran su nula voluntad de acometer reformas estructurales, a pesar dos años de sucesivas llamadas de atención de la oposición política y de todos los organismos internacionales.

Rodríguez Zapatero debería frenar en su huida hacia adelante y someterse a una moción de confianza o convocar elecciones generales. España necesita un nuevo Gobierno,  liderado por un presidente competente, un estadista valiente que pueda generar confianza en los mercados y tomar las decisiones que nuestro país necesita para salir de la crisis. Si por algo se ha caracterizado Zapatero hasta el momento es por su cobardía y, como decía Ovidio, “el cobarde huye de lo que le sigue y va detrás de lo que huye de él”.

La intromisión de la señora Fernández en las cuestiones judiciales españolas sobrepasa en mucho la simple descortesía contra un país anfitrión, para convertirse en una injerencia realmente intolerable. Doña Cristina no es una ciudadana cualquiera sino que se encuentra en España en representación de todos los argentinos, como presidenta de la Nación. Por este motivo debería ser mucho más cuidadosa en sus manifestaciones públicas.

El atrevimiento de la presidenta de Argentina poniendo en entredicho nuestra independencia judicial debería tener respuesta diplomática inmediata por parte del Gobierno de España. Al presidente Rodríguez Zapatero le correspondería protestar ante lo que es una clara injerencia en cuestiones internas españolas que en nada competen a Fernández de Kirchner, quien además parece ignorar que en España todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.

Sin opinar sobre el matrimonio Kirchner y su contribución al progreso y la democracia en Argentina, no creo que la señora Fernández esté moral o políticamente legitimada para dar lecciones de ninguna clase a los españoles. Mas le valdría a doña Cristina preocuparse de los múltiples problemas de su gestión como presidenta, si no quiere que se le aplique aquello de la “maestra Ciruela, que no sabe leer y pone escuela”.

Amparado por la inmunidad que le concede la tribuna de la Asamblea de Madrid, Juan Ramón Sanz,  Secretario General del Partido Comunista de Madrid, nos acusó a los representantes del Partido Popular, entre otras “lindezas” de no creer en el Estado de Derecho, de despreciar la democracia, de añorar la dictadura y de representar exclusivamente los intereses de una minoría, olvidando deliberadamente que representamos expresamente a más de 10 millones de españoles.

La confrontación política no puede ser nunca el pretexto para el insulto y la difamación que surgen cuando no quedan argumentos; mucho menos para querer imponer lo que no ha sido posible conseguir en las urnas. Lo que el diputado de IU en la Asamblea de Madrid hizo en el último Pleno fue tratar de resucitar los peores fantasmas del pasado, escenificando el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, el viejo cuento de los buenos y los malos. Para ello utilizó una retórica guerracivilista, insultante, plagada de descalificaciones. Obviamente el diputado Sanz estaba dando otra vuelta de tuerca a la estrategia utilizada por algunos sectores de la izquierda de este país, para avivar la llama del frentismo y ahondar en la idea de las dos Españas.

El espectáculo de ver a un diputado de IU erigiéndose en expedidor de carnets de demócrata resulta esperpéntico e intolerable, por no hablar de la falta de respeto que supone para los ciudadanos, que son quienes democráticamente deciden que partidos políticos quieren que les representen y cuál debe ser el  peso parlamentario de cada cual, en este caso en la Comunidad de Madrid, donde precisamente el partido Popular obtuvo en las últimas elecciones de 2007 el apoyo mayoritario de más del 53% de los madrileños y 67 escaños, frente a los 11 obtenidos por la formación a la que pertenece el lenguaraz diputado.

Aunque la  grotesca pataleta del diputado apenas tuvo repercusión mediática, reconozco que personalmente me ha producido cierta amargura. No me saco de la cabeza todo el odio y resentimiento que destilaba su intervención. Un afán de revancha por nuestro infortunado pasado político, del cual responsabilizaba directamente al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, de manera tan indigna como sectaria. Sin duda la guerra civil y dictadura franquista fueron periodos muy dolorosos, de atraso para España y tremendas injusticias que afortunadamente, después de 35 años,  han quedado superadas por nuestro actual sistema democrático.

Lo verdaderamente importante de la Ley de Amnistía del año 1977 es que supuso un contrato para la reconciliación y el progreso, que pretendía acabar con las dos Españas enfrentadas. Tuvimos dos décadas en las que predominó el espíritu de la Transición. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, hay formaciones que, erigiéndose en únicas garantes de la democracia, usan la confrontación para intentar conseguir rédito político. Todo ello sin calibrar las consecuencias que este enfrentamiento tan polarizado puede tener para la convivencia normal de la sociedad española.

Las movilizaciones y declaraciones en contra del procesamiento de juez Garzón no sólo han puesto en cuestión la separación de poderes. Se han hecho desde la perspectiva de que hay una España que impide la investigación de los crímenes franquistas y que es el partido Popular el responsable directo de que el juez Varela haya sentado a Baltasar Garzón en el banquillo. La teoría conspiratoria de la persecución de la derecha contra el juez, tan falsa como peligrosa, cae por su propio peso a la vista de la biografía del propio Varela, izquierdista confeso  y fundador de Jueces para la Democracia. Lo cierto es que a Garzón nadie le persigue por investigar el franquismo: sin tener en cuenta las otras causas por las cuales se encuentra imputado, el juez Garzón será juzgado por irregularidades y negligencia en su tarea de magistrado. Por tomar decisiones aún a sabiendas de que no le correspondía hacerlo y por asumir la instrucción de un sumario que no le concernía.

Quienes desde la izquierda alientan la versión conspiratoria no sólo están atacando al Partido Popular sino que, cuestionando la independencia judicial del tribunal Supremo y atacando de lleno el espíritu de la Transición, hacen un flaco favor al Estado de Derecho y a nuestra Democracia.

El PSOE concurrió a las últimas elecciones con la promesa de  incrementar de manera “sustancial” los recursos públicos en I+D+i y fortalecer las instituciones científicas, como eje de su acción política en materia de capital tecnológico. Zapatero no se ha cansado de predicar un nuevo modelo productivo basado en las nuevas tecnologías y sin embargo, al llegar las “vacas flacas”, este capítulo ha sido uno de los primeros en sufrir el tijeretazo financiero, decisión que sin duda va a retrasar la incorporación de la investigación española a la cabeza de las potencias científicas mundiales, poniendo graves trabas para que la investigación se convierta en un motor fundamental del desarrollo económico a medio y largo plazo. Me pregunto ¿es posible vender como sostenible un modelo que da la espalda al I+D+i, el principal generador de crecimiento económico?

En el pasado año 2099, el Ministerio de Ciencia e Innovación ya sufrió un importante recorte de 450 millones de euros en los créditos asignados, reduciendo además un 25% las subvenciones destinadas a programas de I+D+i. En el ejercicio actual la cosa ha empeorado, siendo sin duda el Ministerio de Cristina Garmendía uno de los más perjudicados en el reparto presupuestario, con una reducción total del 15% de su presupuesto y un recorte del 30% en el gasto previsto en I+D+i, lo que supone un total de 1.494 millones de euros menos. En total, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha recortado el presupuesto del CSIC un 11’7%, el dedicado a la investigación energética, medioambiental y tecnológica un 26%, el presupuesto destinado a la investigación sanitaria un 38%, el destinado a financiar la investigación científica un 14’4% y el consignado para investigación del desarrollo tecnológico e industrial un 12’7%.

Pero si la cosa ya pintaba negra para la investigación y la ciencia en España, tras las medidas de austeridad presentadas por el Ejecutivo el pasado mes, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha sufrido un nuevo tijeretazo de 31’5 millones de euros en sus ya cercenadas cuentas. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en la comunidad científica, que constata con preocupación que la investigación se ha convertido en la oveja negra de este Gobierno. El grueso del recorte, 27,7 millones de euros, se hará en el capítulo 7, que es el que recoge todo el dinero de ayudas dirigidas a la investigación y cuyo presupuesto inicialmente ya estaba muy ajustado. En el capítulo 7, aparte de Plan Nacional y OPI, también se incluyen las subvenciones nominativas, las asignaciones a las infraestructuras científico técnicas singulares y los proyectos de I+D de empresas que financia el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, una entidad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

Con estas cifras y una tasa del 1’35% sobre el PIB, según los últimos datos de la OCDE, España se encuentra muy por debajo de la media europea y no podrá cumplir el objetivo de Lisboa, que cifra en un 2% el gasto en I+D+i. De hecho Madrid es la única Comunidad Autónoma que ya ha alcanzado dicho objetivo, incluso dos años antes del plazo establecido.

Los investigadores han comenzado a salir a la calle para protestar contra el continuo recorte de los fondos destinados a I+D+i, al tiempo que manifiestan su decepción con la Ley de Ciencia. La comunidad científica está escandalizada por la negligencia del Ministerio de Ciencia e Innovación para gestionar su presupuesto, ya que sólo en 2009 dejó de gastar un 22’4% lo que significa 1.582 millones de euros sin utilizar.

Si queremos que el modelo productivo español cambie, hay que apostar sin duda por la investigación y la educación, con políticas que potencien la excelencia científica, faciliten la transferencia de conocimiento al sector productivo e impulsen la innovación empresarial. Por ello disminuir las inversiones de manera tan drástica en I+D+i supone dar un paso de gigante en la dirección contraria, relegando a España a un papel secundario y subalterno respecto a los países de nuestro entorno. El gobierno socialista no debería olvidar que no se puede recortar lo que debería ser la base de nuestro futuro. La I+D+i no sólo es un gasto sino una inversión que, además de fortalecer nuestra competitividad, va a generar riqueza y empleo.

Pero ahora resulta que en la España de Zapatero la austeridad afecta principalmente a la investigación y la ciencia. En vez de meter la tijera en los desorbitados gastos de personal de este Gobierno, o suprimir los absurdos e innecesarios Ministerios de igualdad o Vivienda, en cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo socialista decide recortar drásticamente los fondos destinados a la investigación. Da la impresión de que el nulo peso político de la ministra Garmendía ha podido influir para que el Ministerio de Ciencia e Innovación esté siendo el gran pagano de la crisis, pero lo cierto es que el panorama es muy descorazonador para la ciencia en España que, según la revista “Nature”, comienza su “descenso a la Edad del bronce” y  ha pasado a ser la oveja negra de Zapatero.

Aunque en este blog  he abierto una página de  apoyo específico al Manifiesto conjunto creado el pasado 2 de diciembre de 2009 por bloggers, periodistas, bloggers, profesionales y usuarios de Internet, ahora que la Ley de Economía sostenible se encuentra en tramitación parlamentaria, quiero reiterar mi apoyo y sumarme a todos los blogs que en estas fechas vuelven a salir en apoyo y defensa de los derechos fundamentales en Internet.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Creo que la polémica que estos días vive la sociedad española sobre los planes de pensiones privados es artificial y electoralista y se está volviendo en contra de sus impulsores. Aunque yo no tengo plan privado de pensiones, pienso que es una fórmula perfectamente aceptable, utilizada por millones de españoles como sistema de ahorro y absolutamente compatible con la pensión pública.

Cuando hace tan sólo algunas semanas el Ministro de Trabajo salió ante la opinión pública responsabilizando al Partido Popular de la defensa de los planes de pensiones privados frente al aseguramiento público, sin duda pretendía desviar su propia responsabilidad en el proyecto de “pensionazo”, proyectado por el Gobierno de España para lavar la cara ante Europa. Decir que el Partido Popular es el partido que defiende los planes de pensiones privados, cuando el propio Corbacho mantiene un sustancioso fondo privado, no sólo es demagógico y contradictorio, sino que roza la esquizofrenia política.

Pero si importante es el engaño de un Ministro, la mentira de un Presidente, debería ser valorada en términos políticos de mayor trascendencia y gravedad. Cuando al día siguiente el Presidente del Ejecutivo afirmó en los pasillos del Congreso, con toda soltura y sin ruborizarse lo más mínimo que no tenía ningún plan de pensiones privado, cuesta creer que no recordara mencionar los tres planes privados de pensiones que aseguran el futuro de la muy socialista familia Rodríguez Zapatero: dos suscritos con el Banco de Santander y otro fondo general con el que cuentan todos los diputados del Congreso.

Me preocupa que el Presidente del Gobierno de España pueda mentir con tal descaro y que no pase nada. Me preocupa todavía más que nuestro presidente esté tan acostumbrado a mentir de manera compulsiva, que ante una pregunta simple y directa, en vez de reconocer la verdad o incluso contestar con sutiles evasivas, la mentira salga de su boca con semejante facilidad.

Aunque la impunidad de la mentira presidencial quizás está señalando el grado de abotargamiento en que se encuentra la sociedad civil española, yo sigo creyendo firmemente que España merece un Gobierno que no mienta.