Precisamente por ello, la propia Constitución en su artículo 21, y la normativa reguladora del derecho de reunión y de una de sus expresiones más significativas, como es la manifestación, establecen una serie de limitaciones. Entre ellas, que este derecho se ejerza pacíficamente, así como la obligación de comunicar previamente a la autoridad tanto las reuniones que se vayan a celebrar en lugares de tránsito público como las manifestaciones, lo que permite efectuar las necesarias previsiones para minimizar su incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. La notificación previa, además de conciliar el derecho de reunión y los derechos e intereses legítimos ajenos, como el derecho a desplazarse libremente y sin cortapisas, también sirve a la defensa del orden y la prevención del delito. Es obligación de la Delegación del Gobierno, desde luego, salvaguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero es obligación de esos ciudadanos, por su parte, ejercer tal derecho de acuerdo con las leyes y, consecuentemente, sin producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Derechos y deberes. Deberes y derechos. Del necesario equilibrio entre ambos depende en gran medida la convivencia, que cuando se ve distorsionada precisa de la intervención policial a fin de restablecer el orden público que la sociedad necesita para su adecuado funcionamiento en todos los ámbitos. En este sentido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desempeñan una labor esencial para garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, impidiendo que las manifestaciones, que deben ser pacíficas, deriven en conflictos de los que puedan resultar graves daños y alteración del orden público.

La adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos, son principios esenciales que tienen que guiar las actuaciones de la policía en el proceso de restablecimiento de la normalidad ciudadana. Una policía, no lo olvidemos, cuyos miembros son indudablemente sujetos de especiales obligaciones en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos, sobre todo en caso de conflicto, pero que también son sujetos de derechos como personas y como servidores públicos, que frecuentemente se ven vulnerados con ocasión de determinadas manifestaciones.

En definitiva, no sobrepasar las líneas rojas configuradas por las reglas de juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer nuestros legítimos derechos con especial sensatez y evitando que entren en colisión con los de otros ciudadanos, son requisitos imprescindibles para evitar que se generen conflictos de orden público de compleja resolución, y de los que pueden derivarse daños para terceros.

Artículo publicado en El País en 10 de febrero de 2012.

El mismo día que esto saltaba a los medios de comunicación, Bibiana Aído, se reunía con un grupo de mujeres africanas para fomentar “leyes sobre igualdad y contra la violencia de género” en el mundo. Sin embargo Aído nada dijo  sobre la paliza recibida por Saadia por no llevar velo. La ministra de Igualdad prefirió callar.

Siempre me ha llamado la atención el silencio que determinados sectores de la izquierda progresista guardan ante situaciones de discriminación y maltrato, cuando los mismos proceden de personas que profesan la religión musulmana. Quizás esto tenga algo que ver con la Alianza de Civilizaciones apadrinada por el Presidente Zapatero.

El derecho a practicar las creencias o religión que cada cual tenga, merece todo el respeto y la protección en nuestra sociedad. Pero debería fijarse un tope cuando, en nombre de la religión, se atenta contra la libertad y contra las personas. En un país libre como España, se echa en falta la crítica abierta contra ciertos regímenes que mantienen comportamientos frente a los cuales deberíamos ser absolutamente intransigentes. Países donde todavía azotan a las mujeres por pintarse las uñas o tomar una cerveza, donde ejecutan a los homosexuales y donde el adulterio se castiga con la lapidación pública.

No se puede ser tolerante con el integrismo islámico. Y ello supone que no deberíamos permitir que los intolerantes se aprovechen de todas las ventajas que ofrecen la sociedad occidental europea, tolerante, permisiva y libre para practicar su intolerancia con impunidad. Los intolerantes deben saber que en Occidente hay normas y límites que deben cumplirse, que nuestro sistema de derechos y libertades tiene que estar muy por encima de cualquier creencia religiosa.

La doble moral que algunos practican supone que cuando los hombre españoles agreden a las mujeres se le denomina violencia de género sin mas. Si embargo cuando la agresión tiene connotaciones religiosas, se suele justificar diciendo que forma parte de la libertad de culto y de unas tradiciones muy arraigadas. Aunque aquí la cultura o la libertad religiosa tiene poco que ver: es machismo en estado puro. Todos los que creemos en un régimen de libertades, deberíamos denunciar que el velo no es distintivo de libertad religiosa sino símbolo del sometimiento de las mujeres a los hombres, en una cultura que se vale de la religión para justificar la sumisión.