Mucho se ha escrito sobre la reforma constitucional que en estos días debaten las Cortes Generales. Algunas voces cuestionan la legitimidad de los grupos políticos mayoritarios para reformar la Carta Magna y exigen la celebración de un referéndum.

Sin duda, todas las Constituciones nacen con pretensión de permanencia, pero esto no significa que deban mantenerse inalterables. De hecho, la realidad demuestra que estos cambios se practican con relativa frecuencia en los países que forman parte de la Unión Europea, si bien estas modificaciones no se producen exclusivamente a través de la técnica de la reforma constitucional; pueden tener lugar cambios no articulados mediante las convenciones, el uso y la propia interpretación de la norma fundamental nacional en cada caso.

La Constitución Española es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento, base de todo el sistema de garantías y, como tal, tiene que ser respetada. Sin embargo, también debe ser modificada cuando sea necesario adaptar sus preceptos a los cambios sociales y políticos, acomodándose a las exigencias que el transcurso del tiempo impone. Como dijo Jefferson: “El poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana”.

La propia Ley Fundamental española determina un procedimiento ad hoc para su modificación que, más allá de ser un mero instrumento para el cambio en su articulado, constituye un mecanismo de defensa de la propia Constitución, pues mediante la exigencia de un elevado quórum para su reforma garantiza que cuando esta se produce ha sido respaldada mayoritariamente por los representantes de la soberanía popular.

La Carta Magna regula explícitamente el procedimiento para su modificación, estableciendo dos vías: la del artículo 167 y la del 168. En ambos casos se contempla la posibilidad de realizar un referéndum para su ratificación, pero, mientras en el artículo 168 determina la obligatoriedad de la consulta popular para ratificar la reforma, el 167 la establece de manera opcional, siempre que así lo solicite una décima parte de los miembros del Congreso o el Senado, en los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma constitucional. La diferencia fundamental por la que una modificación constitucional debe hacerse siguiendo un procedimiento u otro se determina en función de la materia. Así, todos los cambios que supongan una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II Sección I del Título I o al Título II es decir, relativos a títulos orgánicos, derechos fundamentales y libertades públicas, así como a la Corona, deberán realizarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 168. La reforma del artículo 135 queda fuera de estos supuestos, porque la estabilidad presupuestaria ahora en debate parlamentario está contenida en el Título VII, que regula la “Economía y hacienda”.

Creo que la fijación en la Constitución de la estabilidad presupuestaria es una práctica saludable y muy necesaria para recuperar nuestra credibilidad y el equilibrio económico de España. La tramitación seguida, en lectura única, tiene como finalidad que la reforma esté aprobada antes de la disolución de las Cortes el día 27 de septiembre. La urgencia viene dada por la grave situación de crisis que atraviesa el país, así como por los riesgos de que los ataques financieros contra la deuda española hagan peligrar nuevamente nuestra solvencia económica. Por ello, los plazos exigidos para la convocatoria y la celebración de una eventual consulta popular supondrían cierta contradicción con una reforma que se pretende perentoria por nuestra situación de emergencia.

Si bien algunos pueden cuestionarse su conveniencia política o incluso la celeridad o precipitación de la modificación del texto constitucional, ninguna de estas críticas afecta a su legitimidad. Los dos partidos que la apoyan, PSOE y PP, representan en las Cortes Generales a la inmensa mayoría de los españoles, superando ampliamente en escaños la mayoría de tres quintos exigida por la propia Carta Magna.

Hasta ahora la única reforma constitucional se produjo en 1992, como consecuencia de la ratificación del Tratado de Maastricht. Dicha reforma se realizó a través del procedimiento establecido en el artículo 167 y supuso la modificación del artículo 13.2 para permitir que los ciudadanos comunitarios pudieran ser elegidos en los comicios municipales. El procedimiento seguido fue idéntico al utilizado en la actualidad y, en ambos casos, no fue necesaria la celebración de referéndum.

A pesar de su innegable trascendencia política y para el futuro del país, la reforma del artículo 135 de nuestra Ley Fundamental no deja de ser una cuestión técnica. Porque, en este caso, no se discuten modelos de gestión, sino el establecimiento de una garantía de estabilidad presupuestaria.

En cualquier caso, resulta indiscutible que el procedimiento seguido ha sido el correcto. La ratificación de la reforma constitucional por tres quintos de los parlamentarios en las Cortes Generales, como obliga nuestra Carta Magna, ofrece todas las garantías legales y goza de plena legitimidad democrática, y por ello no parece previsible que presente ulteriores problemas desde el punto de vista jurídico.

El Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero sin duda pasará a la historia por manirroto y derrochador.  Apoyado en la tesis de una ministra socialista  que  afirmaba que “el dinero público no es de nadie”, este Ejecutivo se ha endeudado de manera irresponsable, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago de difícil cumplimiento y olvidando que el rigor en las cuentas públicas no debería ser patrimonio de ninguna opción política, sino un compromiso asumido por todos.

En un momento como el actual, de gran incertidumbre económica, España necesita un plus de credibilidad ante las instituciones europeas,  que han acogido con satisfacción la reforma de nuestra Carta Magna. Sin duda el consenso conseguido entre los grandes partidos políticos contribuye a ello, pues el nuevo texto constitucional establecerá, entre otras cosas, que todas las Administraciones estén obligadas a respetar el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las Comunidades Autónomas no puedan incurrir en déficit estructural superior al establecido por la Unión Europea y que los Ayuntamientos deban presentar un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas.

Hoy más que nunca las administraciones públicas tienen que hacer de la austeridad una obligación política. Ello es especialmente necesario por la errática gestión del Gobierno socialista, que nos ha llevado a una situación donde la credibilidad de la economía española está bajo mínimos. Una coyuntura en la que incluso puede estar en riesgo la prestación de servicios esenciales en nuestro estado del bienestar, pues resulta imposible llevar a cabo políticas sociales sin tener los recursos suficientes para mantenerlas.

Dentro del proceso de rectificación acelerada a que se ha visto obligado el Ejecutivo, el candidato Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse  a regañadientes a una reforma constitucional en la que no cree. Estos días las hemerotecas nos han recordado con gran bochorno cómo se mofaron el entonces vicepresidente y otros miembros del PSOE y del Gobierno socialista, del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando hace más de un año propuso la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria.

En un nuevo ejercicio de malabarismo político ahora dice Rubalcaba que “endeudarse no es de izquierdas” cuando, si por algo se ha caracterizado este Gobierno es precisamente por habernos empeñado hasta las cejas. Si en el mes de mayo de 2010 se hubieran hecho las reformas necesarias probablemente la situación de España hoy sería muy diferente. Pero el Gobierno socialista decidió mirar hacia otro lado y adoptar medidas cosméticas, sin abordar ninguna de las reformas estructurales que la gravedad de nuestra situación requería. Ni se reformó el sistema laboral, ni tampoco el financiero, ni se acometió la necesaria modificación de la Administración Pública. El Gobierno se limitó a congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y acometer el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia.

Con la misma parsimonia con que negó la crisis durante dos años, Zapatero ha estado esperando impasible, confiado en que la recuperación vendría de fuera, hasta que la intervención de facto de la economía española por parte del Banco Central Europeo le ha hecho tocar tierra de manera muy traumática.

La reforma de la Constitución es un primer paso necesario para afianzar la credibilidad de España ante las instituciones europeas y los mercados, muy mermada desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto (la llamada “ley de déficit cero”) establecidos por el Ejecutivo de José María Aznar. Sin duda esta medida tiene que ir seguida de otras en la misma dirección.

Como asignatura pendiente queda la aprobación de una ley orgánica que determine el déficit estructural máximo del Estado y las autonomías, dentro del margen de déficit europeo y en un principio de estabilidad presupuestaria, que ponga coto al gasto de los ayuntamientos,  comunidades autónomas y de la propia Administración del Estado. La exigencia de consenso y responsabilidad política no acaba con la modificación de nuestra Carta Magna, pero sin duda es un buen punto de inicio y  confirma aquello de que algunos sólo aciertan cuando rectifican.

Si el viernes el Gobierno improvisaba la rebaja de la velocidad máxima en autovía a 110 kilómetros/hora, el lunes nos sorprendían con una reducción del consumo eléctrico en carretera de hasta el 50 por ciento. Eso sin olvidar que hace algunos días, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, se manifestaba a favor de limitar el tráfico, con la alternancia diaria de matrículas pares e impares. Atrás quedan medidas tan ridículas como regalar bombillas o desaconsejar el uso de corbatas para disminuir el uso de aire acondicionado en verano.

A la serie de ideas geniales, han sucedido explicaciones contradictorias y heterogéneas para justificar la chapuza. Mientras el vicepresidente y el ministro de Fomento reivindicaban estas actuaciones como necesarias para rebajar la factura del petróleo que debe pagar España, Zapatero sugería que la reducción a 110 KM/h era una medida “coyuntural, temporal y transitoria”, pero muy positiva porque va a contribuir a disminuir los accidentes. No se si alguien ha caído en la cuenta de que ese descenso será, en el mejor de los casos, inversamente proporcional al previsible aumento de la siniestralidad en carretera que sin duda va a provocar una deficiente iluminación de las vías. En cualquier caso, si para el Gobierno socialista la reducción de la velocidad en carretera es una medida tan extraordinariamente positiva, no se comprende que no se adopte con carácter definitivo.

A su vez el ministro de Industria, Miguel Sebastián, pone la puntilla argumentando que el ahorro conseguido “no es para el Estado sino para los ciudadanos”. Unos ciudadanos a quienes les va a ser cada vez más complicado sacar el coche de casa, a tenor de las restricciones que amenazan con ser todavía mayores, aunque tal vez sea ese el ahorro a que se refiere el Gobierno. Y, en el horizonte, sólo dos premisas: los 250.000 euros de inversión en pegatinas para la señalización y el previsible incremento en la recaudación por las multas de velocidad.

En definitiva, medidas improvisadas para una gestión improvisada en materia de energía. El Gobierno socialista no ha parado de dar bandazos, creando primero la burbuja de las renovables que, tras haber estallado, ha provocado miles de nuevos desempleados. Un auténtico caos en política energética cuya consecuencia más directa es que, desde que Zapatero es presidente, el recibo de la luz en España ha subido un 60%.

Urge más que nunca una política seria en materia energética, que nos libre de la dependencia exterior y permita caminar hacia la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Hay que trabajar sobre mix energético que limite los combustibles fósiles y contemple las renovables, pero también la nuclear. Con un modelo claro y bien planificado, sólo entonces, podremos hablar, o no, de la decisión de las restricciones para el ahorro. Hasta ese momento, las ocurrentes imposiciones sólo servirán para el desconcierto ciudadano y ocupar espacios en los medios de comunicación, restándoselo a otros asuntos prioritarios para los españoles, como el incesante aumento del paro.

Algo parecido es lo que se esconde detrás de la última remodelación del decadente Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un cambio aparentemente profundo que sólo encubre una operación de marketing político. Puro artificio, encaminado a potenciar el aparato de comunicación de La Moncloa, puesto al servicio del PSOE. Es sabido que para Zapatero la comunicación se ha convertido en una obsesión, como él mismo dejó entrever en la rueda de prensa posterior al anuncio de remodelación, al destacar “lo bien que se explica Rubalcaba”.

Lo cierto es que el nuevo Gobierno socialista supone la constatación de un proyecto agotado. El nombramiento de Valeriano Gómez, público detractor de la reforma laboral,  como ministro de Trabajo y  la ausencia de cambios en el equipo de Elena Salgado  indican que Zapatero ha renunciado a dar el giro que España necesita en materia económica. Sólo podremos salir de la crisis con una drástica reducción del gasto público, una verdadera reforma del mercado laboral que facilite la creación de empleo y una reducción de impuestos que estimule la inversión y potencie el consumo. A pesar de los cambios, el Gobierno socialista continúa anclado en las mismas políticas intervencionistas que nos mantienen sumidos en la crisis, mientras el resto de los países de nuestro entorno comienzan a ver la luz al final del túnel.

Ahora resulta que la supuesta renovación del “nuevo zapaterismo” radica en tres vicepresidencias ocupadas por Rubalcaba, Chaves y Salgado, viejas glorias  del Gobierno de Felipe Gonzalez. ¿Y para este viaje se necesitaban tantas alforjas?

Lo dicho, que todo cambie para que todo siga igual: la misma crisis, el mismo paro y falta de esperanza para los españoles, en un conato de Gobierno que ya nace muerto.

Me da la impresión de que Moratinos trata de ofender la inteligencia de los españoles con la estrategia recurrente del Gobierno de Zapatero de negar lo evidente. De la misma manera que negó durante dos años la crisis y llamó antipatriotas a quienes le advertían de su gravedad, el Gobierno socialista desmiente ahora el conflicto con Marruecos con el mismo argumento para denigrar a quienes ponen en evidencia su falta de compromiso con los ciudadanos de Melilla.

Quizás para el ministro de Exteriores español que el Gobierno de Marruecos le haya enviado reiterados comunicados de protesta contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Melilla no se sale de las “normales relaciones de cordialidad” entre el Rey de Marruecos y un demasiado complaciente Zapatero.

Que la ciudad de Melilla haya sufrido un duro bloqueo comercial no supone ningún conflicto. Que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil hayan sido difamados y acusados falsamente de racismo y xenofobia entra dentro de la normalidad. Que durante varios días las agentes de la Policía Nacional hayan sido vilipendiadas y agredidas física y verbalmente le parece que no supone ningún conflicto.  Tal vez en esto Moratinos yerre involuntariamente, confundido por el silencio vergonzante de su compañera de Gabinete, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en un asunto de su absoluta competencia.

Si no hay crisis, ¿se puede saber por qué razón ha tenido que mediar el rey Juan Carlos con la Casa Real marroquí, primero por teléfono y luego con el anuncio de la una próxima visita al Reino alauí?

Si este conflicto tan sólo es algo imaginario en la calenturienta y antipatriota mente de los simpatizantes del PP, ¿por qué el Ministro Rubalcaba se ha comprometido a ir a Melilla en los próximos días?

Claro que cualquier situación anómala, por preocupante que sea, a Moratinos debe parecerle habitual, teniendo en cuenta que ni España tiene embajador en Rabat, ni Marruecos en Madrid.

Esta no es sino una más en la constante política de dejadez que invade a los ministros de Zapatero. La incapacidad de gestión del Gobierno, y no sólo en lo exterior, alcanza límites inasumibles. 

Mas le valdría al ministro Moratinos retomar sus largas vacaciones. Y si lo hace de manera permanente todavía mejor.