Precisamente por ello, la propia Constitución en su artículo 21, y la normativa reguladora del derecho de reunión y de una de sus expresiones más significativas, como es la manifestación, establecen una serie de limitaciones. Entre ellas, que este derecho se ejerza pacíficamente, así como la obligación de comunicar previamente a la autoridad tanto las reuniones que se vayan a celebrar en lugares de tránsito público como las manifestaciones, lo que permite efectuar las necesarias previsiones para minimizar su incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. La notificación previa, además de conciliar el derecho de reunión y los derechos e intereses legítimos ajenos, como el derecho a desplazarse libremente y sin cortapisas, también sirve a la defensa del orden y la prevención del delito. Es obligación de la Delegación del Gobierno, desde luego, salvaguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero es obligación de esos ciudadanos, por su parte, ejercer tal derecho de acuerdo con las leyes y, consecuentemente, sin producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Derechos y deberes. Deberes y derechos. Del necesario equilibrio entre ambos depende en gran medida la convivencia, que cuando se ve distorsionada precisa de la intervención policial a fin de restablecer el orden público que la sociedad necesita para su adecuado funcionamiento en todos los ámbitos. En este sentido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desempeñan una labor esencial para garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, impidiendo que las manifestaciones, que deben ser pacíficas, deriven en conflictos de los que puedan resultar graves daños y alteración del orden público.

La adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos, son principios esenciales que tienen que guiar las actuaciones de la policía en el proceso de restablecimiento de la normalidad ciudadana. Una policía, no lo olvidemos, cuyos miembros son indudablemente sujetos de especiales obligaciones en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos, sobre todo en caso de conflicto, pero que también son sujetos de derechos como personas y como servidores públicos, que frecuentemente se ven vulnerados con ocasión de determinadas manifestaciones.

En definitiva, no sobrepasar las líneas rojas configuradas por las reglas de juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer nuestros legítimos derechos con especial sensatez y evitando que entren en colisión con los de otros ciudadanos, son requisitos imprescindibles para evitar que se generen conflictos de orden público de compleja resolución, y de los que pueden derivarse daños para terceros.

Artículo publicado en El País en 10 de febrero de 2012.

Mucho se ha escrito sobre la reforma constitucional que en estos días debaten las Cortes Generales. Algunas voces cuestionan la legitimidad de los grupos políticos mayoritarios para reformar la Carta Magna y exigen la celebración de un referéndum.

Sin duda, todas las Constituciones nacen con pretensión de permanencia, pero esto no significa que deban mantenerse inalterables. De hecho, la realidad demuestra que estos cambios se practican con relativa frecuencia en los países que forman parte de la Unión Europea, si bien estas modificaciones no se producen exclusivamente a través de la técnica de la reforma constitucional; pueden tener lugar cambios no articulados mediante las convenciones, el uso y la propia interpretación de la norma fundamental nacional en cada caso.

La Constitución Española es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento, base de todo el sistema de garantías y, como tal, tiene que ser respetada. Sin embargo, también debe ser modificada cuando sea necesario adaptar sus preceptos a los cambios sociales y políticos, acomodándose a las exigencias que el transcurso del tiempo impone. Como dijo Jefferson: “El poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana”.

La propia Ley Fundamental española determina un procedimiento ad hoc para su modificación que, más allá de ser un mero instrumento para el cambio en su articulado, constituye un mecanismo de defensa de la propia Constitución, pues mediante la exigencia de un elevado quórum para su reforma garantiza que cuando esta se produce ha sido respaldada mayoritariamente por los representantes de la soberanía popular.

La Carta Magna regula explícitamente el procedimiento para su modificación, estableciendo dos vías: la del artículo 167 y la del 168. En ambos casos se contempla la posibilidad de realizar un referéndum para su ratificación, pero, mientras en el artículo 168 determina la obligatoriedad de la consulta popular para ratificar la reforma, el 167 la establece de manera opcional, siempre que así lo solicite una décima parte de los miembros del Congreso o el Senado, en los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma constitucional. La diferencia fundamental por la que una modificación constitucional debe hacerse siguiendo un procedimiento u otro se determina en función de la materia. Así, todos los cambios que supongan una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II Sección I del Título I o al Título II es decir, relativos a títulos orgánicos, derechos fundamentales y libertades públicas, así como a la Corona, deberán realizarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 168. La reforma del artículo 135 queda fuera de estos supuestos, porque la estabilidad presupuestaria ahora en debate parlamentario está contenida en el Título VII, que regula la “Economía y hacienda”.

Creo que la fijación en la Constitución de la estabilidad presupuestaria es una práctica saludable y muy necesaria para recuperar nuestra credibilidad y el equilibrio económico de España. La tramitación seguida, en lectura única, tiene como finalidad que la reforma esté aprobada antes de la disolución de las Cortes el día 27 de septiembre. La urgencia viene dada por la grave situación de crisis que atraviesa el país, así como por los riesgos de que los ataques financieros contra la deuda española hagan peligrar nuevamente nuestra solvencia económica. Por ello, los plazos exigidos para la convocatoria y la celebración de una eventual consulta popular supondrían cierta contradicción con una reforma que se pretende perentoria por nuestra situación de emergencia.

Si bien algunos pueden cuestionarse su conveniencia política o incluso la celeridad o precipitación de la modificación del texto constitucional, ninguna de estas críticas afecta a su legitimidad. Los dos partidos que la apoyan, PSOE y PP, representan en las Cortes Generales a la inmensa mayoría de los españoles, superando ampliamente en escaños la mayoría de tres quintos exigida por la propia Carta Magna.

Hasta ahora la única reforma constitucional se produjo en 1992, como consecuencia de la ratificación del Tratado de Maastricht. Dicha reforma se realizó a través del procedimiento establecido en el artículo 167 y supuso la modificación del artículo 13.2 para permitir que los ciudadanos comunitarios pudieran ser elegidos en los comicios municipales. El procedimiento seguido fue idéntico al utilizado en la actualidad y, en ambos casos, no fue necesaria la celebración de referéndum.

A pesar de su innegable trascendencia política y para el futuro del país, la reforma del artículo 135 de nuestra Ley Fundamental no deja de ser una cuestión técnica. Porque, en este caso, no se discuten modelos de gestión, sino el establecimiento de una garantía de estabilidad presupuestaria.

En cualquier caso, resulta indiscutible que el procedimiento seguido ha sido el correcto. La ratificación de la reforma constitucional por tres quintos de los parlamentarios en las Cortes Generales, como obliga nuestra Carta Magna, ofrece todas las garantías legales y goza de plena legitimidad democrática, y por ello no parece previsible que presente ulteriores problemas desde el punto de vista jurídico.

El Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero sin duda pasará a la historia por manirroto y derrochador.  Apoyado en la tesis de una ministra socialista  que  afirmaba que “el dinero público no es de nadie”, este Ejecutivo se ha endeudado de manera irresponsable, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago de difícil cumplimiento y olvidando que el rigor en las cuentas públicas no debería ser patrimonio de ninguna opción política, sino un compromiso asumido por todos.

En un momento como el actual, de gran incertidumbre económica, España necesita un plus de credibilidad ante las instituciones europeas,  que han acogido con satisfacción la reforma de nuestra Carta Magna. Sin duda el consenso conseguido entre los grandes partidos políticos contribuye a ello, pues el nuevo texto constitucional establecerá, entre otras cosas, que todas las Administraciones estén obligadas a respetar el principio de estabilidad presupuestaria, que el Estado y las Comunidades Autónomas no puedan incurrir en déficit estructural superior al establecido por la Unión Europea y que los Ayuntamientos deban presentar un equilibrio presupuestario en sus cuentas públicas.

Hoy más que nunca las administraciones públicas tienen que hacer de la austeridad una obligación política. Ello es especialmente necesario por la errática gestión del Gobierno socialista, que nos ha llevado a una situación donde la credibilidad de la economía española está bajo mínimos. Una coyuntura en la que incluso puede estar en riesgo la prestación de servicios esenciales en nuestro estado del bienestar, pues resulta imposible llevar a cabo políticas sociales sin tener los recursos suficientes para mantenerlas.

Dentro del proceso de rectificación acelerada a que se ha visto obligado el Ejecutivo, el candidato Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse  a regañadientes a una reforma constitucional en la que no cree. Estos días las hemerotecas nos han recordado con gran bochorno cómo se mofaron el entonces vicepresidente y otros miembros del PSOE y del Gobierno socialista, del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando hace más de un año propuso la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria.

En un nuevo ejercicio de malabarismo político ahora dice Rubalcaba que “endeudarse no es de izquierdas” cuando, si por algo se ha caracterizado este Gobierno es precisamente por habernos empeñado hasta las cejas. Si en el mes de mayo de 2010 se hubieran hecho las reformas necesarias probablemente la situación de España hoy sería muy diferente. Pero el Gobierno socialista decidió mirar hacia otro lado y adoptar medidas cosméticas, sin abordar ninguna de las reformas estructurales que la gravedad de nuestra situación requería. Ni se reformó el sistema laboral, ni tampoco el financiero, ni se acometió la necesaria modificación de la Administración Pública. El Gobierno se limitó a congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y acometer el mayor recorte de derechos sociales de la historia de nuestra democracia.

Con la misma parsimonia con que negó la crisis durante dos años, Zapatero ha estado esperando impasible, confiado en que la recuperación vendría de fuera, hasta que la intervención de facto de la economía española por parte del Banco Central Europeo le ha hecho tocar tierra de manera muy traumática.

La reforma de la Constitución es un primer paso necesario para afianzar la credibilidad de España ante las instituciones europeas y los mercados, muy mermada desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto (la llamada “ley de déficit cero”) establecidos por el Ejecutivo de José María Aznar. Sin duda esta medida tiene que ir seguida de otras en la misma dirección.

Como asignatura pendiente queda la aprobación de una ley orgánica que determine el déficit estructural máximo del Estado y las autonomías, dentro del margen de déficit europeo y en un principio de estabilidad presupuestaria, que ponga coto al gasto de los ayuntamientos,  comunidades autónomas y de la propia Administración del Estado. La exigencia de consenso y responsabilidad política no acaba con la modificación de nuestra Carta Magna, pero sin duda es un buen punto de inicio y  confirma aquello de que algunos sólo aciertan cuando rectifican.

Aunque en este blog  he abierto una página de  apoyo específico al Manifiesto conjunto creado el pasado 2 de diciembre de 2009 por bloggers, periodistas, bloggers, profesionales y usuarios de Internet, ahora que la Ley de Economía sostenible se encuentra en tramitación parlamentaria, quiero reiterar mi apoyo y sumarme a todos los blogs que en estas fechas vuelven a salir en apoyo y defensa de los derechos fundamentales en Internet.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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En una de sus recientes intervenciones en el Plenario señaló que el verdadero problema que todavía no se ha abordado es una reforma profunda del sistema de financiación local ¿Se trata de una demanda generalizada de todos los ayuntamientos?

Desde luego. Y es lógico que los Ayuntamientos quieran estar cada vez mejor financiados porque, además de tener mas población, tienen también mayores competencias y gestionan mas servicios para sus vecinos. Confiábamos en que, junto al nuevo modelo de financiación autonómica, se hubiera abordado también un nuevo sistema de financiación local, tal como se había comprometido el presidente del Gobierno. Hemos sabido por el vicepresidente Chaves que el nuevo modelo de financiación local no estará listo antes de 2011. Una vez más, los ayuntamientos son víctimas de la improvisación del Ejecutivo de Zapatero, lo cual es especialmente lamentable en una situación de crisis económica que ahoga cada vez más a nuestros municipios.

¿Por qué cree que el señor Pedro Castro, siendo presidente de la Federación Española de Municipios, ve bien el aplazamiento del sistema de financiación, cosa que parece incomprensible?

Pedro Castro debería dimitir como presidente de la FEMP por varias razones. En primer lugar, porque ha demostrado ser un dirigente sectario que no sólo insulta a diez millones de votantes del Partido Popular llamándoles “tontos de los cojones”, sino que además reedita el “Pacto del Tinell”, excluyendo a los representantes del PP de la comisión bilateral que negocia la reforma de la financiación local con el Ministerio de Economía. Estas actitudes dejan claros el escaso talante democrático y el concepto de diálogo del señor Castro. Pero además, el alcalde de Getafe, en vez de defender los intereses de los ayuntamientos a los que representa, supedita sus obligaciones como presidente de la FEMP a los intereses partidistas del PSOE.

¿Cree que se está ejerciendo una oposición constructiva desde los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida?

Aunque en esta legislatura hemos conseguido alcanzar ocasionalmente acuerdos, como la creación de una Comisión Parlamentaria para el Estudio de la Discapacidad, habitualmente echo en falta una crítica más objetiva, que reconozca algunos de los logros del Ejecutivo regional, que son innegables, y una mayor disposición a colaborar con propuestas constructivas. Creo que una oposición seria pasaría por que el Partido Socialista de Madrid se presentara como una alternativa real de Gobierno y no como una caja de resonancia para justificar las políticas discriminatorias del Gobierno de Zapatero en Madrid. El PSOE se está convirtiendo en un partido “antisistema”, cada vez mas alejado de las instituciones. Quizás tenga que ver con el hecho de que su secretario general, Tomás Gómez,  no sea diputado ni ostente cargo público alguno.

Recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que quiere hacer de Madrid una Comunidad de libertades en cuanto a la libre elección en materias como la educación, la sanidad, etcétera.

El progreso en la libertad ha sido siempre uno de los principales ejes de la acción de Esperanza Aguirre en las distintas administraciones en las que ha trabajado. No sólo como derecho de la ciudadanía, sino como garantía de más oportunidades para el progreso económico del que la Comunidad de Madrid es un magnífico ejemplo. Cuestiones como la libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que además es un derecho recogido en la Constitución, es algo completamente asumido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, y no debería ser cuestionado por ningún gobierno autonómico.

¿Supone un avance la libre elección de médicos que el Gobierno de Aguirre propone?

Indudablemente, porque es un derecho añadido a la sanidad gratuita y universal a la que tienen derecho todos los ciudadanos en España. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha querido dar un paso más, tras la ampliación del sistema público de salud con la apertura de ocho nuevos hospitales y 55 centros de salud en la pasada legislatura, garantizando además por Ley la libre elección de médico. Creo que las administraciones deben trabajar por la mejora continua de los servicios que garantizan. Y, sin duda, facilitar a los ciudadanos el médico de su elección supone una evidente mejora.

¿Qué ha supuesto el Plan E para Madrid en cuanto a las inversiones realizadas, frente al PRISMA?

El Plan E ha supuesto una inversión de 1.076 millones de euros. Pero mientras el 80% va destinado en exclusiva al Ayuntamiento de Madrid, el resto de los municipios de la Comunidad disponen tan solo de 222 millones de euros, una cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades. Por el contrario, las inversiones del PRISMA van dirigidas exclusivamente a estos 178 ayuntamientos. Solo en los años 2008-2011, el Gobierno regional va a realizar inversiones por valor de 700 millones de euros, con cargo al PRISMA. Con todo, lo verdaderamente criticable del Plan E es que es una medida, como tantas del Gobierno de Zapatero, coyuntural, electoralista, cortoplacista, creada para maquillar las terribles cifras de desempleo. El PRISMA, sin embargo, es un programa estructural, permanente, planificado y consensuado con los ayuntamientos. No solo ha demostrado ser un instrumento eficaz para la generación de empleo, sino que además permite que los Ayuntamientos puedan destinar un 25% del dinero recibido para pagar gastos corrientes, cosa que en la actual situación de crisis resulta fundamental para ellos.

El asunto del empleo es una de las prioridades de la Comunidad ¿Cree que se está consiguiendo una estabilidad en la lucha contra el paro?

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha priorizado entre sus objetivos la lucha contra el paro y la generación de empleo. La Comunidad de Madrid no es ajena a la crisis económica que sufre España con mayor virulencia que en otros países, como consecuencia de los errores de previsión y falta de políticas activas de los Gobiernos de Zapatero. Pese a estas circunstancias, la Comunidad resiste mejor que otras autonomías. De hecho, la tasa de paro de la región está casi cuatro puntos por debajo de la media nacional. Sólo uno de cada nueve parados es madrileño, pese a que el porcentaje del mercado de trabajo en el conjunto del país es del 16 por ciento. Esto sin duda se debe al esfuerzo constante del Gobierno regional por el fomento del empleo. Es cierto que no son los gobiernos quienes crean directamente los puestos de trabajo, pero tienen la obligación de adoptar medidas fiscales y económicas para generar las condiciones favorables.

Financiación de Comunidades. ¿Qué opinión le merece la financiación que el Gobierno de Zapatero destinará a la Comunidad de Madrid?

Mi opinión es muy negativa, puesto que la financiación es insuficiente y además el modelo es injusto. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha manifestado su desacuerdo con el nuevo modelo de financiación autonómico, tanto por las formas utilizadas como por su contenido. Necesitamos la equidad en el sistema de financiación, pero Zapatero ha cedido a las reivindicaciones de sus socios independentistas en Cataluña a cambio de su estabilidad parlamentaria, ahora que se encuentra en minoría. Lo que Madrid reclama es el reconocimiento real del número población y la suficiencia financiera para hacer frente a la prestación de los servicios básicos a todos nuestros ciudadanos. Zapatero ha vuelto a discriminar y engañar a los madrileños, al incumplir su compromiso de reconocer el crecimiento de nuestra población y dejar fuera de la financiación sanitaria a 600.000 madrileños. Nosotros no criticamos que otras comunidades reciban más fondos, pero reivindicamos una situación justa para Madrid, ahora que vamos a ser la única comunidad autónoma que va a garantizar la solidaridad territorial.