Mucho se ha escrito sobre la reforma constitucional que en estos días debaten las Cortes Generales. Algunas voces cuestionan la legitimidad de los grupos políticos mayoritarios para reformar la Carta Magna y exigen la celebración de un referéndum.

Sin duda, todas las Constituciones nacen con pretensión de permanencia, pero esto no significa que deban mantenerse inalterables. De hecho, la realidad demuestra que estos cambios se practican con relativa frecuencia en los países que forman parte de la Unión Europea, si bien estas modificaciones no se producen exclusivamente a través de la técnica de la reforma constitucional; pueden tener lugar cambios no articulados mediante las convenciones, el uso y la propia interpretación de la norma fundamental nacional en cada caso.

La Constitución Española es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento, base de todo el sistema de garantías y, como tal, tiene que ser respetada. Sin embargo, también debe ser modificada cuando sea necesario adaptar sus preceptos a los cambios sociales y políticos, acomodándose a las exigencias que el transcurso del tiempo impone. Como dijo Jefferson: “El poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana”.

La propia Ley Fundamental española determina un procedimiento ad hoc para su modificación que, más allá de ser un mero instrumento para el cambio en su articulado, constituye un mecanismo de defensa de la propia Constitución, pues mediante la exigencia de un elevado quórum para su reforma garantiza que cuando esta se produce ha sido respaldada mayoritariamente por los representantes de la soberanía popular.

La Carta Magna regula explícitamente el procedimiento para su modificación, estableciendo dos vías: la del artículo 167 y la del 168. En ambos casos se contempla la posibilidad de realizar un referéndum para su ratificación, pero, mientras en el artículo 168 determina la obligatoriedad de la consulta popular para ratificar la reforma, el 167 la establece de manera opcional, siempre que así lo solicite una décima parte de los miembros del Congreso o el Senado, en los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma constitucional. La diferencia fundamental por la que una modificación constitucional debe hacerse siguiendo un procedimiento u otro se determina en función de la materia. Así, todos los cambios que supongan una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II Sección I del Título I o al Título II es decir, relativos a títulos orgánicos, derechos fundamentales y libertades públicas, así como a la Corona, deberán realizarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 168. La reforma del artículo 135 queda fuera de estos supuestos, porque la estabilidad presupuestaria ahora en debate parlamentario está contenida en el Título VII, que regula la “Economía y hacienda”.

Creo que la fijación en la Constitución de la estabilidad presupuestaria es una práctica saludable y muy necesaria para recuperar nuestra credibilidad y el equilibrio económico de España. La tramitación seguida, en lectura única, tiene como finalidad que la reforma esté aprobada antes de la disolución de las Cortes el día 27 de septiembre. La urgencia viene dada por la grave situación de crisis que atraviesa el país, así como por los riesgos de que los ataques financieros contra la deuda española hagan peligrar nuevamente nuestra solvencia económica. Por ello, los plazos exigidos para la convocatoria y la celebración de una eventual consulta popular supondrían cierta contradicción con una reforma que se pretende perentoria por nuestra situación de emergencia.

Si bien algunos pueden cuestionarse su conveniencia política o incluso la celeridad o precipitación de la modificación del texto constitucional, ninguna de estas críticas afecta a su legitimidad. Los dos partidos que la apoyan, PSOE y PP, representan en las Cortes Generales a la inmensa mayoría de los españoles, superando ampliamente en escaños la mayoría de tres quintos exigida por la propia Carta Magna.

Hasta ahora la única reforma constitucional se produjo en 1992, como consecuencia de la ratificación del Tratado de Maastricht. Dicha reforma se realizó a través del procedimiento establecido en el artículo 167 y supuso la modificación del artículo 13.2 para permitir que los ciudadanos comunitarios pudieran ser elegidos en los comicios municipales. El procedimiento seguido fue idéntico al utilizado en la actualidad y, en ambos casos, no fue necesaria la celebración de referéndum.

A pesar de su innegable trascendencia política y para el futuro del país, la reforma del artículo 135 de nuestra Ley Fundamental no deja de ser una cuestión técnica. Porque, en este caso, no se discuten modelos de gestión, sino el establecimiento de una garantía de estabilidad presupuestaria.

En cualquier caso, resulta indiscutible que el procedimiento seguido ha sido el correcto. La ratificación de la reforma constitucional por tres quintos de los parlamentarios en las Cortes Generales, como obliga nuestra Carta Magna, ofrece todas las garantías legales y goza de plena legitimidad democrática, y por ello no parece previsible que presente ulteriores problemas desde el punto de vista jurídico.

Creo que la polémica que estos días vive la sociedad española sobre los planes de pensiones privados es artificial y electoralista y se está volviendo en contra de sus impulsores. Aunque yo no tengo plan privado de pensiones, pienso que es una fórmula perfectamente aceptable, utilizada por millones de españoles como sistema de ahorro y absolutamente compatible con la pensión pública.

Cuando hace tan sólo algunas semanas el Ministro de Trabajo salió ante la opinión pública responsabilizando al Partido Popular de la defensa de los planes de pensiones privados frente al aseguramiento público, sin duda pretendía desviar su propia responsabilidad en el proyecto de “pensionazo”, proyectado por el Gobierno de España para lavar la cara ante Europa. Decir que el Partido Popular es el partido que defiende los planes de pensiones privados, cuando el propio Corbacho mantiene un sustancioso fondo privado, no sólo es demagógico y contradictorio, sino que roza la esquizofrenia política.

Pero si importante es el engaño de un Ministro, la mentira de un Presidente, debería ser valorada en términos políticos de mayor trascendencia y gravedad. Cuando al día siguiente el Presidente del Ejecutivo afirmó en los pasillos del Congreso, con toda soltura y sin ruborizarse lo más mínimo que no tenía ningún plan de pensiones privado, cuesta creer que no recordara mencionar los tres planes privados de pensiones que aseguran el futuro de la muy socialista familia Rodríguez Zapatero: dos suscritos con el Banco de Santander y otro fondo general con el que cuentan todos los diputados del Congreso.

Me preocupa que el Presidente del Gobierno de España pueda mentir con tal descaro y que no pase nada. Me preocupa todavía más que nuestro presidente esté tan acostumbrado a mentir de manera compulsiva, que ante una pregunta simple y directa, en vez de reconocer la verdad o incluso contestar con sutiles evasivas, la mentira salga de su boca con semejante facilidad.

Aunque la impunidad de la mentira presidencial quizás está señalando el grado de abotargamiento en que se encuentra la sociedad civil española, yo sigo creyendo firmemente que España merece un Gobierno que no mienta.

Todavía recuerdo la manera en la que hace apenas dos años destacados miembros del Gobierno y del propio PSOE arremetieron en tromba contra el PP, llamándonos antipatriotas, por el mero hecho de alertar a los ciudadanos de la crisis económica que se nos venía encima. Fuimos calificados de antipatriotas por reclamar medidas que nos hubieran permitido anticiparnos a la difícil situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad, que se acerca peligrosamente a los 4 millones y medio de parados y a un déficit del 12 por ciento.

Ahora ha sido la vicepresidenta Fernández de la Vega quien ha llamado desleal a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por plantear que los ciudadanos puedan realizar una “protesta política” y manifestar su descontento con la próxima subida del IVA. Por su parte la vicepresidenta Salgado ha acusado a Aguirre de frivolidad y demagogia. Una vez más, los socialistas descalifican a quienes discrepan y critican que otros partidos políticos, e incluso los ciudadanos, puedan expresar en voz alta sus opiniones, como cabría esperar en cualquier democracia. 

La única lealtad de un político dedicado al servicio público debería ser con los ciudadanos que nos han elegido y a quienes representamos. Precisamente lealtad es lo que está demostrando el Partido Popular con su posición de desacuerdo respecto a la subida del IVA para el segundo semestre del año. Y es que en una situación de crisis como la actual, la subida del IVA repercutirá negativamente en el consumo y, por lo tanto, en la inversión y el empleo, perjudicando seriamente nuestra recuperación económica.

Precisamente esta semana, el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados va a defender una Moción pidiendo que se deje sin efecto la subida prevista para Julio de 2010. Es una oportunidad para que los diputados que apoyaron la subida del IVA rectifiquen, porque sería muy perjudicial para la economía persistir en el error por el mero hecho de no dar la razón al contrario. Para superar la grave crisis económica que padecemos  hacen falta medidas eficaces que sirvan para dinamizar la economía. Lamentablemente, en lugar de ser austero, bajar impuestos y realizar las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, Zapatero sigue incrementando el gasto público al tiempo que sube los impuestos a todos los españoles y aplica medidas contraproducentes para el crecimiento de la economía y el empleo.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno arremetía de nuevo contra el Partido popular, a quien pide “algún sacrificio” para llegar a acuerdos contra la crisis. Ignora deliberadamente Zapatero que el Partido Popular siempre ha acudido a negociar cuando el Gobierno así lo ha requerido. Mariano Rajoy le ofreció un pacto en el debate de investidura que ha reiterado en sucesivas ocasiones. De hecho, medidas propuestas por el Gobierno en la casi desaparecida comisión anticrisis de Salgado, Blanco y Sebastián, habían sido presentadas por el PP previamente y rechazadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Pero lo que Zapatero no puede pretender es que el PP sea cómplice consciente de un disparate que pueda costar a España las escasas posibilidades de crecimiento económico para este año. La subida del IVA es un hecho gravísimo, que hay que denunciar, porque profundizará el hundimiento de la economía española y, aún a costa de recibir una retahíla de descalificaciones de nuestros adversarios políticos, no hacerlo sería la auténtica deslealtad con los ciudadanos.

En su última comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del año 2009, Zapatero ha vuelto a eludir la realidad con un discurso improvisado, vacío, plagado de “buenismo”, falsedades y contradicciones. Si en Noviembre nos aseguraba que la recuperación económica ya se había iniciado, en Diciembre pronostica que “el inicio de la recuperación es inminente”.  Zapatero ha vaticinado que, en el país de “Nunca jamás” donde él habita, la situación mejorará tanto en los próximos meses, que en 2010 se pasará “de la recesión a la recuperación” y de “la fuerte pérdida de empleo a la moderación y creación de empleo”.

Todo mentira, pues los indicadores reflejan un empeoramiento de la situación. Por un lado, el alarmante problema del paro, que ronda ya el 20%, el doble de la media de la Unión Europea, a cuya cabeza nos encontramos en materia de destrucción de empleo; el déficit público descontrolado, que cerrará el año en el 10% del PIB; el aumento desmesurado de la deuda pública, y que sumado al déficit público, nos coloca también al frente del índice de miseria en Europa según las agencias de calificación. A ello hay que sumar la contracción en un 5’5% del comercio minorista, la caída del 3,6% del consumo eléctrico en noviembre,  y el retroceso de 20’7 puntos de la confianza de los consumidores en las expectativas económicas. A todo ello se suma que los propios Presupuestos Generales del estado para 2010 aprobados en el Congreso con el voto en contra del PP prevén que el crecimiento “volverá a ser negativo” y habrá “300.000 parados más”.

Si por algo va a ser recordado el año 2009 en la historia de este Gobierno, es por la sucesión de contradicciones en materia económica. Tan sólo un par de ejemplos: tras la marcha de Solbes y negar reiteradamente que se fueran a subir los impuestos, el 28 de agosto Zapatero reconocía que habría una subida de impuestos “limitada y temporal” y un mes mas tarde, el 28 de Septiembre, la vicepresidenta Económica Elena Salgado, echaba marcha atrás asegurando que la subida fiscal que contienen los Presupuestos Generales del Estado para 2010 no será temporal, porque las circunstancias “no lo aconsejan” y que “el Gobierno no tiene previsión de que esto pueda cambiar”. Además se permitió corregir al Presidente refiriéndose a un supuesto error puesto que, según Salgado, la subida mencionada sería “limitada o temporal”, pero no ambas cosas a la vez.

A pesar de las reiteradas advertencias de deflación realizadas por Cristóbal Montoro portavoz de Economía del PP, el 30 de enero de 2009 el Gobierno la descartaba tajantemente. Meses mas tarde, los datos negativos del IPC de Marzo a Agosto confirmaban la inflación negativa.

Siendo desastrosa la gestión económica, en el terreno político el balance no es mucho mejor y los dislates se han sucedido durante todo el año 2009. Por mencionar algunos: la solución “in extremis” de la situación de la activista Haidar y las cesiones a Marruecos; la desastrosa gestión del secuestro del atunero Alakrana, y el pago del rescate a los secuestradores negado el 20 de Noviembre por la vicepresidenta primera del Gobierno y asumido un mes mas tarde en sede parlamentaria por el ministro de Exteriores al reconocer  expresamente que el rescate del Alakrana “se pagó con fondos reservados”.

Una de las cuestiones mas graves y todavía pendiente de aclaración es el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el Bar Faisán por parte del Ministerio del Interior, acreditado en la documentación incautada en Francia a la banda terrorista, así como la concesión por parte de Rubalcaba de la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo al inspector sospechoso del chivatazo. También merecen especial mención las falsedades vertidas por el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, al asegurar que el Sistema de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) “está regulado por ley orgánica”, cuando no hay una ley orgánica que habilite para utilizar este sistema.

Otra “perlita” sería el anuncio de Ángeles González Sinde a principios de Diciembre, sobre el cierre sin autorización judicial de páginas webs que vayan en contra de la propiedad intelectual. La ministra de Cultura mintió descaradamente al decir que “en ningún caso se cortaría Internet a ningún usuario”, puesto que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incluye expresamente los cortes de conexión anunciados.

En resumen: un año dramático en lo económico y deplorable en lo político. Un año perdido del que espero sólo nos quede un mal recuerdo y la esperanza de que en el año 2010 España pueda enderezar su rumbo y dejar de estar en el furgón de cola de Europa. Aunque para ello Zapatero debería salir de su autismo político, superar el síndrome de la Moncloa y ponerse a gobernar con los pies en la tierra.

En lugar de argumentar el porqué de su oposición a que las inversiones del estado en las regiones se rijan por criterios de equidad y solidaridad, la también presidenta del PSM se salió de la cuestión en reiteradas ocasiones durante su intervención con el único objetivo de arremeter contra Aguirre. Delia Blanco confundió por momentos la tribuna de la Cámara Baja con la de un mitin, como se deduce de las acusaciones difamatorias que dedicó a Aguirre y su Ejecutivo.

La Proposición de Ley fue finalmente rechazada en la votación, pienso que no porque los diputados socialistas estuvieran en contra de la idea que planteaba, sino para escenificar una derrota de Aguirre que no consiguen en Madrid. Con esa pataleta, perdieron la oportunidad de garantizar por ley la ausencia de privilegios económicos o sociales que puedan implicar las diferencias entre estatutos de las Comunidades Autónomas.

La actuación del grupo parlamentario socialista fue irresponsable y partidista.  Se confundieron al querer representar con el rechazo a la Proposición de Ley una victoria sobre el Gobierno de Aguirre. Y lo peor fue que, al decir que no a la medida, dijeron también que no a los ciudadanos y a la justicia entre las administraciones regionales.

El interés de Delia Blanco por la confrontación con el Gobierno de Madrid le impidió escuchar lo que dijo Aguirre en el Congreso: “Señorías, he venido hoy aquí, no para pedir dinero o para pedir privilegios para los madrileños. He venido aquí a pedir equidad. Equidad para los madrileños y equidad para todos los españoles”.