Si el viernes el Gobierno improvisaba la rebaja de la velocidad máxima en autovía a 110 kilómetros/hora, el lunes nos sorprendían con una reducción del consumo eléctrico en carretera de hasta el 50 por ciento. Eso sin olvidar que hace algunos días, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, se manifestaba a favor de limitar el tráfico, con la alternancia diaria de matrículas pares e impares. Atrás quedan medidas tan ridículas como regalar bombillas o desaconsejar el uso de corbatas para disminuir el uso de aire acondicionado en verano.

A la serie de ideas geniales, han sucedido explicaciones contradictorias y heterogéneas para justificar la chapuza. Mientras el vicepresidente y el ministro de Fomento reivindicaban estas actuaciones como necesarias para rebajar la factura del petróleo que debe pagar España, Zapatero sugería que la reducción a 110 KM/h era una medida “coyuntural, temporal y transitoria”, pero muy positiva porque va a contribuir a disminuir los accidentes. No se si alguien ha caído en la cuenta de que ese descenso será, en el mejor de los casos, inversamente proporcional al previsible aumento de la siniestralidad en carretera que sin duda va a provocar una deficiente iluminación de las vías. En cualquier caso, si para el Gobierno socialista la reducción de la velocidad en carretera es una medida tan extraordinariamente positiva, no se comprende que no se adopte con carácter definitivo.

A su vez el ministro de Industria, Miguel Sebastián, pone la puntilla argumentando que el ahorro conseguido “no es para el Estado sino para los ciudadanos”. Unos ciudadanos a quienes les va a ser cada vez más complicado sacar el coche de casa, a tenor de las restricciones que amenazan con ser todavía mayores, aunque tal vez sea ese el ahorro a que se refiere el Gobierno. Y, en el horizonte, sólo dos premisas: los 250.000 euros de inversión en pegatinas para la señalización y el previsible incremento en la recaudación por las multas de velocidad.

En definitiva, medidas improvisadas para una gestión improvisada en materia de energía. El Gobierno socialista no ha parado de dar bandazos, creando primero la burbuja de las renovables que, tras haber estallado, ha provocado miles de nuevos desempleados. Un auténtico caos en política energética cuya consecuencia más directa es que, desde que Zapatero es presidente, el recibo de la luz en España ha subido un 60%.

Urge más que nunca una política seria en materia energética, que nos libre de la dependencia exterior y permita caminar hacia la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Hay que trabajar sobre mix energético que limite los combustibles fósiles y contemple las renovables, pero también la nuclear. Con un modelo claro y bien planificado, sólo entonces, podremos hablar, o no, de la decisión de las restricciones para el ahorro. Hasta ese momento, las ocurrentes imposiciones sólo servirán para el desconcierto ciudadano y ocupar espacios en los medios de comunicación, restándoselo a otros asuntos prioritarios para los españoles, como el incesante aumento del paro.

En lugar de argumentar el porqué de su oposición a que las inversiones del estado en las regiones se rijan por criterios de equidad y solidaridad, la también presidenta del PSM se salió de la cuestión en reiteradas ocasiones durante su intervención con el único objetivo de arremeter contra Aguirre. Delia Blanco confundió por momentos la tribuna de la Cámara Baja con la de un mitin, como se deduce de las acusaciones difamatorias que dedicó a Aguirre y su Ejecutivo.

La Proposición de Ley fue finalmente rechazada en la votación, pienso que no porque los diputados socialistas estuvieran en contra de la idea que planteaba, sino para escenificar una derrota de Aguirre que no consiguen en Madrid. Con esa pataleta, perdieron la oportunidad de garantizar por ley la ausencia de privilegios económicos o sociales que puedan implicar las diferencias entre estatutos de las Comunidades Autónomas.

La actuación del grupo parlamentario socialista fue irresponsable y partidista.  Se confundieron al querer representar con el rechazo a la Proposición de Ley una victoria sobre el Gobierno de Aguirre. Y lo peor fue que, al decir que no a la medida, dijeron también que no a los ciudadanos y a la justicia entre las administraciones regionales.

El interés de Delia Blanco por la confrontación con el Gobierno de Madrid le impidió escuchar lo que dijo Aguirre en el Congreso: “Señorías, he venido hoy aquí, no para pedir dinero o para pedir privilegios para los madrileños. He venido aquí a pedir equidad. Equidad para los madrileños y equidad para todos los españoles”.