10/05/2012. Artículo publicado en el diario ABC.

Si existe un elemento diferenciador entre un Estado democrático y un Estado totalitario, no cabe duda de que quizás el más significativo es la posibilidad de ejercer el Derecho de Reunión para expresar colectivamente posturas de apoyo o de repulsa mediante manifestaciones o concentraciones. No se trata, sin embargo, de un derecho ilimitado, y la dificultad de su ejercicio radica en hacerlo compatible con los derechos de los demás ciudadanos.

En España, el Derecho de Reunión está recogido en la Constitución dentro del Título I dedicado a los «derechos y deberes fundamentales». Y hay que subrayar ambos conceptos: derechos y deberes, porque en más de una ocasión el segundo de los vocablos es objeto de olvido cuando de lo que se trata es de manifestaciones y concentraciones que tienen por escenario ese espacio compartido por todos los ciudadanos que es la vía pública, y que en determinados momentos debe ser objeto de ocupación exclusiva de manera temporal para facilitar el ejercicio del Derecho de Reunión. Hacer compatibles los derechos y los deberes constitucionales, alcanzando un adecuado equilibrio entre ambos, constituye un objetivo prioritario de la Delegación del Gobierno en Madrid. Un objetivo que se trata de lograr desde la mesura, el diálogo y el cumplimiento de la legalidad.

No es, sin embargo, un criterio fácilmente comprensible para todos y, en especial, para quienes quieren manifestarse incumpliendo requisitos esenciales, como la comunicación previa o la necesidad de que el ejercicio de este derecho sea pacífico. Y tampoco para el movimiento 15-M, que parece querer desvirtuar los elementos básicos del Derecho de Reunión, pretendiendo ocupar de forma prolongada relevantes espacios públicos de la ciudad a modo de campamento urbano, y causando con ello graves daños al sector comercial y turístico, y a la vida cotidiana del resto de los ciudadanos.

Sobre esta base, tales colectivos cuestionan las decisiones que se toman desde la Delegación del Gobierno, en aplicación tanto de los preceptos constitucionales, como de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión. Decisiones directamente derivadas del ordenamiento jurídico, y que se basan en tres criterios vertebradores.
En primer lugar, la consideración de que el Derecho de Reunión, al igual que los demás derechos fundamentales, tiene límites establecidos en la propia Constitución.
En segundo lugar, y como consecuencia de este criterio, la necesidad de comunicación previa de la manifestación o concentración, con el objetivo prioritario de minimizar la incidencia de estos actos en la vida de una gran ciudad como Madrid.

En tercer lugar, hay que destacar que, cumplidos los requisitos legales, la Administración Pública se configura como garante de este derecho, y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la de velar para que su ejercicio se lleve a cabo libre de cortapisas o coacciones de ningún tipo.

Sobre la base de estos criterios, la Delegación del Gobierno mantiene, como no podía ser de otro modo, una postura abiertamente favorable a la celebración de cuantas manifestaciones y concentraciones deseen celebrarse cumpliendo la legalidad, con una postura permanentemente abierta al diálogo como elemento esencial del sistema democrático en el que vivimos.

En todos los casos, el propósito a la hora de valorar las resoluciones que hay que adoptar por parte de la Administración en cada una de esas manifestaciones y concentraciones, ha sido el mismo: que no se sobrepasen las líneas rojas configuradas por las reglas del juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y evitar que el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales por parte de unos ciudadanos, entre en colisión con los derechos que disfrutan los demás.

Planteamientos y normas que son aplicables a todos los ciudadanos, y que no admiten excepciones para ningún colectivo y para ninguna reivindicación, como pretende el movimiento 15-M, toda vez que ello supondría una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley, también merecedores de protección constitucional.

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La Cañada Real es un ámbito muy complejo y heterogéneo cuya problemática debe ser abordada de manera simultánea desde una perspectiva social, urbanística y, en aquellas zonas que presentan mayores problemas de seguridad ciudadana, también policial. Todas las administraciones públicas estamos trabajando ya para establecer cuanto antes un acuerdo de carácter social, en el marco de la Ley de la Cañada Real aprobada por la Asamblea de Madrid, lo que permitirá dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos por los que discurre su trazado y de las personas que habitan en ella. Mientras se avanza hacia ese objetivo, la Cañada Real se nos muestra en este momento como un gran espacio de casi 15 kilómetros de longitud, en el que residen más de 8.000 personas y en el que existen determinadas zonas, como el denominado sector 6, en el distrito de Villa de Vallecas, donde se registra una importante actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas y armas y el robo de materiales metálicos, como el cobre. Una actividad, por otra parte, que no sólo afecta a quienes residen en el propio sector 6, sino que se irradia a los barrios y municipios limítrofes.

Precisamente por ello, la Delegación va a colaborar estrechamente con la Comunidad para establecer un operativo mixto, que combina medidas sociales y policiales. En el primer caso, orientadas a las víctimas, es decir, a la rehabilitación de los toxicómanos que se desplazan cada día a los más de 50 puntos de venta de droga detectados en la zona. En el segundo caso, centradas en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, haciendo frente, mediante un dispositivo policial reforzado con más agentes y vehículos, a las mafias que están detrás del mercado de la droga.

La colaboración entre las instituciones y la suma de iniciativas complementarias contribuirán a que la Cañada Real Galiana y especialmente sus zonas más relevantes desde el punto de vista de la seguridad ciudadana vean fuertemente disminuidos sus índices de delincuencia, lo que facilitará, sin duda, su mejor integración social en el futuro.

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Precisamente por ello, la propia Constitución en su artículo 21, y la normativa reguladora del derecho de reunión y de una de sus expresiones más significativas, como es la manifestación, establecen una serie de limitaciones. Entre ellas, que este derecho se ejerza pacíficamente, así como la obligación de comunicar previamente a la autoridad tanto las reuniones que se vayan a celebrar en lugares de tránsito público como las manifestaciones, lo que permite efectuar las necesarias previsiones para minimizar su incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. La notificación previa, además de conciliar el derecho de reunión y los derechos e intereses legítimos ajenos, como el derecho a desplazarse libremente y sin cortapisas, también sirve a la defensa del orden y la prevención del delito. Es obligación de la Delegación del Gobierno, desde luego, salvaguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero es obligación de esos ciudadanos, por su parte, ejercer tal derecho de acuerdo con las leyes y, consecuentemente, sin producir alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

Derechos y deberes. Deberes y derechos. Del necesario equilibrio entre ambos depende en gran medida la convivencia, que cuando se ve distorsionada precisa de la intervención policial a fin de restablecer el orden público que la sociedad necesita para su adecuado funcionamiento en todos los ámbitos. En este sentido, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desempeñan una labor esencial para garantizar el normal desarrollo de la vida ciudadana, impidiendo que las manifestaciones, que deben ser pacíficas, deriven en conflictos de los que puedan resultar graves daños y alteración del orden público.

La adecuación de los medios a los fines, la proporcionalidad de las actuaciones y la garantía de los derechos ciudadanos, son principios esenciales que tienen que guiar las actuaciones de la policía en el proceso de restablecimiento de la normalidad ciudadana. Una policía, no lo olvidemos, cuyos miembros son indudablemente sujetos de especiales obligaciones en lo que se refiere a su relación con los ciudadanos, sobre todo en caso de conflicto, pero que también son sujetos de derechos como personas y como servidores públicos, que frecuentemente se ven vulnerados con ocasión de determinadas manifestaciones.

En definitiva, no sobrepasar las líneas rojas configuradas por las reglas de juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer nuestros legítimos derechos con especial sensatez y evitando que entren en colisión con los de otros ciudadanos, son requisitos imprescindibles para evitar que se generen conflictos de orden público de compleja resolución, y de los que pueden derivarse daños para terceros.

Artículo publicado en El País en 10 de febrero de 2012.

Desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid somos conscientes de la inquietud que genera este fenómeno en un barrio donde las distintas administraciones públicas han hecho un extraordinario esfuerzo para revitalizar Embajadores y convertirlo en un barrio más habitable e integrado.

Este esfuerzo, sin embargo, se ha visto empañado por el fenómeno de las ‘cundas’, que no es estrictamente “un problema de Embajadores”, sino que es un problema que “se manifiesta en Embajadores”, al ser un lugar estratégico elegido como idóneo para el traslado de los toxicómanos provenientes de cualquier zona de la ciudad, a determinados centros de distribución de droga.

Para afrontar eficazmente este fenómeno se requiere de una actuación de carácter integral, que precisa no sólo de medidas policiales. También resultan imprescindibles iniciativas simultáneas de carácter legal, sanitario y social, que deben ser abordadas desde la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Policía Municipal de Madrid, vienen desarrollando en la zona una intensa labor, mediante el establecimiento de controles y operativos de carácter preventivo, que se extienden a los vehículos y las personas que efectúan este transporte ilícito.

El dispositivo policial se potenciará con carácter inmediato, pero para alcanzar su mayor eficacia, más allá de los efectos meramente disuasorios, resulta imprescindible contar con las herramientas legales adecuadas, que debemos definir entre las distintas administraciones competentes.

Junto a la respuesta policial y jurídica para luchar contra el tráfico de drogas que facilitan las ‘cundas’, resulta imprescindible también profundizar en una labor de carácter sanitario y social, que permita hacer frente a una de las principales enfermedades de nuestro tiempo, como es la toxicomanía que padecen quienes utilizan este transporte para proveerse de droga.

Conseguir la deshabituación de este colectivo poniendo a su disposición los distintos recursos y programas que gestiona la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, y facilitar la reinserción social de los toxicómanos eliminando situaciones de exclusión residencial o laboral, se configuran, en este sentido, como objetivos prioritarios.

Todo ello debe complementarse, además, con la erradicación de aquellos núcleos que actualmente constituyen puntos de destino de las ‘cundas’, como puede ser la Cañada Real Galiana, donde las administraciones públicas ya están trabajando con el fin de llevar a cabo un gran proceso de transformación urbana en el que las medidas de carácter social para poner fin a situaciones de marginación, tendrán un especial protagonismo.

Las medidas de efectos inmediatos, como el incremento de la presencia y los controles policiales, deben compaginarse, pues, con un trabajo sostenido y orientado a la eliminación de las causas últimas de este fenómeno, mediante el tratamiento sociosanitario de quienes son usuarios de las ‘cundas’, porque es la mejor garantía para conseguir resultados eficaces y prolongados en el tiempo.

Desde la Delegación del Gobierno potenciaremos, para ello, la coordinación de los recursos de las distintas administraciones públicas, con el fin de desarrollar una actuación de carácter integral, que permita a los vecinos de Embajadores disfrutar con tranquilidad de sus calles y espacios públicos.

ARTÍCULO PUBLICADO EN ELMUNDO.ES 10 de febrero de 2012